Los privilegiados mendocinos que están en alerta por una idea de Alberto

A quienes conocen el tema de cerca les corrió un frío por la espalda con solo recordar la tensión que generó el conflicto entre los jueces, el Gobierno y la sociedad cuando se tocó lo más sagrado que tienen los magistrados: su sueldo. Ahora, el tema vuelve a escena porque quedan expuestos nuevamente: en Mendoza los jueces están atados a los mismos privilegios que los magistrados federales y la brecha entre ellos y el resto de los empleados estatales se agiganta cada vez más.

La idea de Alberto Fernández de cortar con el régimen diferencial que tienen los jueces despertó preocupación en tribunales, pero  no solo eso. También se desperezaron los mecanismos de lobby y presión. Y en la provincia siguen de cerca el tema porque la decisión de Alberto y el Congreso tendría efecto rebote.

En Mendoza los jueces están atados a un régimen privilegiado tras el acuerdo firmado en 2008 con el Poder Ejecutivo. Ese pacto resultó tras negociar una salida pacífica al litigio por la indexación salarial que tenían en Mendoza y que se había cortado tras la crisis y una enmienda constitucional. En ese momento se otorgó un aumento y una cláusula clave. Los jueces y otros funcionarios “equiparables” estarían atados a la ley 24.018 que otorga beneficios tentadores para los jueces. Entre otras cosas, poder jubilarse con el 82 por ciento móvil de su sueldo más alto, además de otros detalles que incluye esa ley.

Los aumentos de sueldo de ellos están atados también a lo que decida la Corte Suprema de la Nación; cuestión que generó que haya subas salariales superiores al 50% anual. Hoy, hay personas en Tribunales que cobran más de 600 mil pesos por mes. 

El privilegio lo gozan unos 320 magistrados, a quienes se le enganchan otros funcionarios "equiparados" y también quienes ocupan cargos extrapoder que tienen el mismo régimen. 

Especiales

Los jueces no son los únicos que tienen regímenes especiales en Mendoza. También poseen acuerdos particulares los docentes y los policías. Pero, claro, con bases muy distintas. 

Esos privilegios generaron una burbuja en Tribunales. Por los sueldos que cobran los jueces y por el “plazo fijo” infinito que tienen a futuro con su retiro y sin exigencias. Al cumplir los 60 años y con aportes comprobables pueden iniciar los trámites, pero no están obligados al retiro. En las gestiones de los últimos 3 gobernadores hubo una renovación que se aceleró en la era Cornejo. Más de 250 magistrados se jubilaron. Con Jaque se jubilaron 48 jueces, con Francisco Pérez unos 45 y en los últimos 4 años fueron más de 60. Cornejo, de hecho, nombró a unos 100 jueces, defensores y fiscales.

El presidente Alberto Fernández anunció que quiere cortar con los privilegios de ese sector, más luego de las repercusiones que tuvieron los alcances de la ley de solidaridad. La intención original era congelar esos salarios e imponer un aporte “solidario” mayor para que aporten el 21% de su salario. Como se avecinaban demandas en cantidades industriales, el Gobierno optó por hacer consultas para blindar un posible proyecto y así enviar al Congreso una propuesta más sólida.

Si eso ocurre podría hacer recalcular al gobierno de Mendoza y a los mismos jueces. Incluso este año hubo una aceleración de jubilaciones ante el rumor de que ese régimen podría cortarse. Cornejo no avanzó tanto. Y uno de los cambios que le quedó en puerta para aprobar fue el congelamiento del pago de la antigüedad a los jueces. Es decir, que deje de ser infinita la acumulación  del 2,6% anual que cobran por año de antigüedad y que se congele cuando cumplan 60 años de edad.

Por el respaldo social que tiene el tema es probable que Alberto Fernández avance. Y le tirará el guante al gobernador Rodolfo Suarez y al presidente de la Corte mendocina Jorge Nanclares para ver si necesitan replantear el acuerdo o no. Los privilegiados mendocinos, mientras tanto, están atentos y los memoriosos ya tienen los borradores de amparos listos.