El debate por la minería volverá a judicializarse

A poco más de un día de que la Legislatura aprobara la derogación de la ley 7722, ya están en marcha por lo menos cuatro planteos de inconstitucionalidad que judicializaciarían, una vez más, el debate acerca de si Mendoza va a tener o no minería.

Los recursos están siendo analizados por la municipalidad de General Alvear a través de una acción que presentaría o bien el municipio o bien la multisectorial del departamento que desde hace años se opone a la actividad en la zona. Y lo mismo ocurre con organizaciones defensoras del medio ambiente de San Rafael y por la propia comuna de San Carlos, en donde, el exintendente Jorge Difonso anticipó la movida a través de su cuenta de Twitter.

Si bien existe el plazo legal de treinta días hábiles desde la promulgación de la norma para las acciones de este tipo ante la Suprema Corte de la provincia, un eje mueve a los abogados ambientalistas para justificar porque entienden que la autorización para la minería en la provincia es inconstitucional.

Uno de esos argumentos es la supuesta violación del artículo 41 de la Constitución nacional, que menciona el derecho a la población de gozar de un ambiente sano para que “las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras” .

Y en ese sentido entienden también que se estaría violando además el principio de progresividad de cuidado del medio ambiente establecido en la Ley 25.675 ( la ley General de Medio Ambiente) que establece, entre otros términos, que las leyes que se sancionen con respecto a este tema deben ir siempre en dirección a un mayor cuidado ambiental y no marcar un retroceso como, sostienen, terminó estableciendo la norma que impulsó Rodolfo Suarez y terminó avalando el peronismo.

Si la movida se concreta, nuevamente este debate terminará en manos de la Corte como ocurrió en 2007. Aunque aquella vez fue al revés: fueron los sectores que impulsaban la minería quienes accionaron y los que, una década después, recibieron una sentencia desfavorable del máximo tribunal.

Algunas cuestiones a tener en cuenta de lo que se aprobó. Suarez logró su ley, pero con un costo social político que se pagará con la judicialización de la nueva normativa, con una conflictividad social que se notó en las calles y rutas de la provincia durante las sesiones legislativas de la última semana y con una bandera política que le entregó a un puñado de dirigentes de la oposición para referenciarse en las consignas de defensa del agua.

En las semanas previas a la asunción del nuevo gobierno se analizaron los caminos para la derogación de la 7722. Uno de ellos , el que se optó, fue conseguir los votos del peronismo y definir el tema en la votación.

El otro, era retomar el camino de la mesa del diálogo minero que se inició en 2016, que derivó en un documento un año después y que apuntó, en definitiva, a intentar elaborar un proyecto de ley consensuado.

Esta alternativa llevaría más tiempo, pero hubiera evitado, quizás, que el debate se trasladara a la Justicia.

Dos argumentos, al menos, jugaron a favor de la primera opción que fue la elegida.

Uno de ellos tuvo que ver con los tiempos. El proceso de discusión iba a llevar al manos un año y medio y era un tiempo que el gobernador no estaba dispuesto a perder.

Y el otro fue que las nuevas autoridades cayeron en la cuenta de que, por más que se discutiera, quizás se podría terminar sumando al acuerdo a algunos referentes ambientalistas. Pero poco si iba a poder hacer con las multisectoriales sureñas y ,muchos menos, con los sectores de la izquierda que están en contra de la minería.

Pero sobre todo se avanzó con velocidad, cuando se fue tomando conocimiento de las voces del sector productivo que se expresaban en contra de los cambios y que, en definitiva, eran muchas menos de las que habían pedido por la aprobación de la 7722 hace doce años.

Si bien se manejan una veintena de proyectos que podrían ahora desarrollarse, a decir verdad son solo dos los que podrían ponerse en marcha en el mediano plazo según las estimaciones oficiales.

Uno de ellos está en San Rafael, casi en el límite con Malargüe. Es la mina de oro y plata llamada Don Sixto. Es un proyecto que incluso estuvo en el listados de emprendimientos para impulsar por parte de la Nación desde antes del gobierno de Mauricio Macri y muy cuestionado por las organizaciones ambientalistas del Sur.

Hace unos años este proyecto desató un enfrentamiento con las comunidades mapuches de la zona que directamente apuntaban a Omar y Emir Félix como interesados en la explotación de la mina.

Y también está San Jorge, por supuesto.

Las idas y vueltas alrededor de este proyecto lleva prácticamente el mismo tiempo de vigencia de la ley que acaba de caducar, es decir, más de una década. En setiembre de 2008, la entonces dueña del yacimiento, la canadiense Coro Mining Corp, presentó su Informe de Impacto Ambiental (DIA) ante el gobierno de Celso Jaque que fue aprobada casi dos años después.

Sin embargo el plan de inversiones se frustró en agosto de 2011 y por cuestiones que fueron políticas, no técnicas. Ocurrió en plena campaña electoral, cuando el entonces candidato del peronismo, Francisco Pérez, pidió a los legisladores de su partido que no ratificaran la autorización para que la mina comenzara a operar.

San Jorge presentó (hacia mediados de 2012 y cuando todavía estaba en manos canadienses) un proyecto de adaptación del plan original de extracción de minerales en esa zona de Uspallata y solicitó una ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar un nuevo proyecto biprovincial.

El plan fue extraer la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz y proceder al proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) en San Juan, donde este tipo de procedimientos no estaban prohibidos por ley como acá.

Lo que la provincia debía autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, era la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cerca del límite en esa zona) para desarrollar la explotación.

En el camino la mina cambió de dueño: Coro vendió sus acciones al consorcio ruso Aterra Capital y Solway Investment que en marzo cerró sus oficinas en Uspallata.

El gobierno especula con que detrás de San Jorge no estarán más los rusos y que ahora, con la mueva ley en mano, apuntarán a buscar nuevos inversores. Una lógica mueve muchas veces a las inversiones mineras en todo el mundo: un juego natural del negocio es que cada fase del proyecto (prospección, exploración, desarrollo y explotación) pueda ser administrado por diferentes inversores quienes, además, terminan capitalizando el proyecto cuando pasa de mano en mano.

Una sensación recorrió siempre los pasillos de la Legislatura durante los últimos intentos que se hicieron por modificar la ley antiminera: que toda la discusión beneficiaba en primera instancia a San Jorge.

Hace poco más de dos años, en setiembre de 2017, el gobierno de Alfredo Cornejo desestimó esta propuesta de explotación biprovincial de esta minera. Dictaminó que la empresa debía presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental y no una “actualización” de la anterior y nuevamente todo se cayó.

La empresa lo negó siempre, pero no era impensado ese razonamiento. Como se dijo, de todos los proyectos mineros de peso que están diseñados para Mendoza, el que siempre estuvo en condiciones de comenzar a operar en un plazo de tres años como máximo era este de Uspallata.

San Jorge siempre pujó para que el expediente avanzara sin la necesidad de ratificación legislativa de la DIA y manifestaron su intención de solo autorizar informes técnicos y buscar nuevamente la autorización del Poder Ejecutivo para operar.

Algunas desinteligencias dentro del Gobierno hicieron su juego. Si bien el área de Energía entendía la posición jurídica de la empresa, las autoridades de Ambiente fueron las que sostuvieron siempre que el proyecto debía volver a "fojas cero".

San Jorge preguntó en su momento si podía utilizar algunos informes técnicos referidos a flora y fauna hechos hace diez años y les dijeron que sí. Pero que todo el procedimiento anterior había sido "archivado" y que por ello debía arrancar un procedimiento nuevo.

Los rusos le dijeron abiertamente a las autoridades provinciales que ratificaban los U$S 600 millones que salía reflotar el proyecto.

Y apostaban a los tiempos. Si les permitían una actualización simplemente de la DIA, apostaban a que en menos de un año podrían haber empezado a trabajar en la zona. De la otra forma, y con la historia que tiene Mendoza al respecto, los trabajos de explotación no comenzarían en dos años, o muchos más.