Ordenan la detención de 37 imputados por delitos de lesa humanidad

En Mendoza continúa la investigación por la emblemática actuación del Departamento de Informaciones Policiales (conocido como D-2) en la ejecución de tareas de inteligencia, secuestros, homicidios y delitos contra la integridad sexual durante la última dictadura militar. La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a un recurso interpuesto por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos y ordenó las detenciones de 37 imputados en la causa.

La resolución se produjo a casi un año y medio de que el Ministerio Público Fiscal, a través de la unidad que encabeza el fiscal general Dante Vega, solicitara casi medio centenar de detenciones y declaraciones indagatorias por delitos de lesa humanidad cometidos por esa repartición de la policía mendocina en perjuicio de más de 300 víctimas.

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En abril del año pasado, la Fiscalía le había solicitado al juez federal Walter Bento las detenciones de 48 ex integrantes del D2 y que se los indague por privaciones abusivas de la libertad agravadas, homicidios agravados por alevosía, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, violación, abuso deshonesto, lesiones graves agravadas y robo agravado por el uso de armas de fuego.

Fue recién en junio de este año que el Juzgado Federal N°1 hizo lugar a la imputación y ordenó que se fije fecha para los actos de defensa en relación a 43 acusados, ya que cinco fallecieron en el ínterin. Por otra parte, sólo ordenó seis restricciones de la libertad entre los imputados. Entre los acusados, 19 están siendo juzgados por primera vez en un proceso penal por su actuación durante la última dictadura cívico militar.

Por ese motivo, la decisión fue recurrida ante la Cámara Federal, cuya audiencia al respecto se celebró el lunes 23 de septiembre. De la jornada participaron también las dos querellas: el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los camaristas Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios dispusieron que las 18 personas que se encuentran a disposición del Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza conserven las modalidades de detención que cada uno tenga.

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Además, en cuanto a las 19 personas que se encuentran imputadas por primera vez en causas por delitos de lesa humanidad y sobre las que no se había establecido restricción a la libertad, la Cámara también ordenó su aprehensión domiciliaria provisoria “hasta tanto se evalúe, mediante examen médico del Cuerpo Médico Forense de la Nación, el estado de salud de cada uno”.

Tras reseñar la jurisprudencia pertinente y los lineamientos establecidos por la CSJN, los jueces resaltaron que el mayor riesgo procesal es el del entorpecimiento de la investigación, “toda vez que al día de hoy, las víctimas no han llegado a la verdad de lo realmente sucedido”.

“Sabido es que, una parte del intento de ocultamiento del gobierno militar, sobre su ilícito accionar fue la destrucción y/o ocultamiento de la documentación oficial, lo cual tiene como consecuencia que aún continúen ocultos por parte de integrantes del aparato represor, datos, hechos y víctimas, que conocen por haber participado en la mayoría de los casos, y haber participado actualmente en la comisión de esos ilícitos”, precisaron.

Además de sus funciones de inteligencia, Vega consideró igualmente acreditado que “el D-2 funcionó como Centro Clandestino de Detención en el cual se cometieron los más atroces delitos perpetrados por el accionar represivo estatal”, en tanto por allí pasaron centenas de víctimas, entre las cuales se registra no sólo el homicidio de algunos de los detenidos, sino además numerosas personas que hasta la fecha continúan desaparecidas.