Sonó una queja en el gabinete de Cornejo por los decretos de Macri
Al menos una cuestión vinculada a la anulación del Fondo de la Soja incomodó al Gobierno provincial este martes: no estaba acordado entre el Gobierno nacional y las provincias.
Era previsible para el gobierno de Alfredo Cornejo que la Nación tomara esta medida en el marco del ajuste. Sin embargo, existe un pero: "Creíamos que se iba a conversar", expresaron anoche en el Poder Ejecutivo, después de los anuncios del Ministerio de Hacienda.
A ojos de los funcionarios mendocinos, Mauricio Macri avanzó más de lo previsto y en forma unilateral, ya que entre Nación y las provincias se había habilitado una negociación. Estas deliberaciones iban a tender a acordar los términos del Presupuesto 2019, pero Macri jugó fuerte y pisó el acelerador.
De todos modos, el Poder Ejecutivo se acomodó rápido a los anuncios nacionales, más o menos los encasilló en la presunción de que las restricciones afectarán partidas "discrecionales" que favorecen a las provincias y principalmente hizo cuentas que lo llevaron a una conclusión: el impacto económico en Mendoza de los decretos de Macri no será tan fuerte este año y decrecerá más aún el año que viene.
El ejercicio matemático del gobierno de Cornejo puso en foco dos de los tres decretos anunciados: el de la supresión del Fondo Federal Solidario y el la disminución de los reintegros a las exportación. El primero le hará perder entre 250 y 300 millones de pesos. Pero el segundo, tendrá como efecto lo inverso: elevará la "torta" coparticipable y traerá más fondos a Mendoza (unos 120 millones). La cuenta daría, más o menos, unos 160 millones de pesos menos para lo que queda de 2018.
La pérdida de recursos, trató de difundir el Gobierno provincial, no será dramática. Incluso se indicó que el balance podría revertirse en 2020, para generar un índice positivo, ya que las retenciones que nutren el Fondo de la Soja están disminuyendo al ritmo de medio punto mensual (se buscará que llegue al 18 por ciento en diciembre de 2019) y a la par no habrá más reintegros de exportaciones, con lo que habría cada vez más fondos para repartir.
Con este y otros cálculos optimistas, el Gobierno provincial enfrentó el pesimismo generalizado de los intendentes. Los municipios se reparten el 30 por ciento del Fondo de la Soja que recibe la Provincia, dinero que tiene como destino obras pequeñas pero rendidoras. Y algunas declaraciones, como las del radical Mario Abed, alcanzaron para pintar cuál era el ánimo de sus colegas ayer.
"Cien pesos me duelen, así que imaginá", lamentó el veterano intendente de Junín, a quien la tala del Fondo de la Soja lo dejará sin 1,5 millones de los 8 millones de pesos que debía recibir este año.
Los intendentes dieron a entender que cualquier recorte duele, pero desde el Gobierno señalaron que, al menos, esta decisión se produjo cuando la Nación ya ha liquidado la mayor parte de los fondos 2018 de la soja: 650 de los 944 millones de pesos que debía recibir la Provincia en todo el año.
En esa misma línea de razonamiento, desde el Ejecutivo provincial dijeron que el saldo negativo de los decretos de Macri se reducirá de 160 a 30 millones pesos en 2019. Y hasta se volvió a poner en valor una medida que no es nueva: el Gobierno Nacional decidió mejorar gradualmente la coparticipación federal que antes recortaba para nutrir a ANSES.
Habrá que ver si este esfuerzo local para avalar políticamente una decisión antipática de la Nación tiene alguna retribución. En el Gobierno esperaban anoche, por ejemplo, que en la disminución de los reintegros por las exportaciones hubiera "una consideración especial para las economías regionales". O sea, una reducción inferior a la que experimentarán productos como el acero y el aluminio.
En niveles generales, de todos modos, el Gobierno provincial consideraba ayer que la pérdida de reintegros se compensa en la industria con "un dólar más competitivo" que les permite a los exportadores ganar más dinero que antes.
En ese tren de minimizar la mala noticia, el Gobierno provincial aseguraba anoche que no ha modificado su plan de obra pública de 8.200 millones de pesos para 2018, a pesar de que merman los recursos nacionales y de que la situación económica es cada vez más delicada.
Se reconocía, no obstante, que las obras a cargo de la Nación ya tienen una marcha más lenta y quedaba un duro pronóstico oficial flotando en el aire: "Este recorte 65.000 millones de pesos no alcanza, así que van a venir más cosas", admitió un ministro.