Por qué zafó de la prescripción la principal causa de corrupción de Mendoza
Como un fénix, el caso de corrupción cometido con los ticket sociales Vale Más aparece cada tanto y esa reaparición tiene alguna funcionalidad. Ahora, 12 años después de la denuncia original, volvió a ocurrir: la única causa que seguía en pie estuvo a punto de prescribir por inacción de la justicia. Y fue salvada a último momento por la decisión del Tribunal colegiado. Pero la noticia no se acaba allí: quien pidió la prescripción no fueron los acusados sino la fiscalía, es decir quien tenía a su cargo la investigación y posible acusación. Una resignación ante la propia ineficacia.
Pero detrás del intento de prescripción hay otra novedad que sienta un buen precedente. La causa no se cayó gracias a que se "recordó" que están en vigencia tres cláusulas que pueden poner fin a los intentos de impunidad. Por un lado que el Código Penal suspende la prescripción de causas cuando algún funcionario público involucrado aún está en un cargo público. Además, el Tribunal recordó para argumentar dos normas clave: el tratado contra la corrupción, que tiene rango de ley en Argentina (ley 26097), y la Ley de Ética Pública. Ambas normas tienen algo de telaraña por la falta de uso, pero están vigentes y pueden servir de paradigma para los casos de corrupción que están vigentes en Tribunales.
El caso
Los Vale Más eran ticket que tenían como fin garantizar el acceso a los alimentos a las personas con menos recursos. Fueron creados en el 2000 y tuvieron su esplendor en la crisis. Pero el sistema se corrompió: había un circuito paralelo que desviaba los fondos sociales a otros destinos y también se usaban políticamente. En 2006 se descubrió esa trama de corrupción y Alberto Monetti presentó la denuncia penal. El fiscal Daniel Carniello dividió la "magacausa" en cuatro expedientes distintos. Pero nunca se acusó a nadie por el desvío de fondos. Ni los funcionarios políticos de primera línea, ni los empresarios de la empresa Proms (que manejaba la distribución de Ticket), n i los mayoristas que "reducían" los ticket, fueron acusados.
Las causas que avanzaron fueron por "malversación culposa", donde se cuestionaba la negligencia en los controles. Justamente la causa que estuvo a punto de prescribir apuntaba a eso y entre los imputados no hay funcionarios políticos de larga trayectoria. La única condena por el caso fue puntual. La sexta cámara del crimen culpó a Lorenzo Caliri por "malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado", condenándolo a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso; con "inhabilitación absoluta perpetua" para ejercer cargos públicos. El condenado fue el coordinador del programa Vale Más desde que fue lanzado en el 2000 y es solo un eslabón de una larga cadena que funcionaba y de la que eran parte funcionarios de primer nivel. El año pasado otra de las causas terminó sin condenados.
La prescripción de la última causa por los Vale Más tuvo más recorrido que la investigación en sí. Primero fue la Corte la que dijo que no, tras más de dos años de espera. Y ahora el Tribunal Penal. Los acusado en ese caso eran Luis Carretero, Liliana Mirábile, Carlos Marziali y Paula Eisenchlas.
El pedido para que la causa naufragara definitivamente lo hizo la fiscal Florencia Díaz Peralta. En primera instancia le dieron curso, pero ante una apelación de un querellante el expediente pasó al Tribunal. Allí se revirtió, con la decisión del juez Carlos Parma. Otro dato curioso es que en la audiencia oral no estuvo presente la fiscal. Sí los abogados de los acusados.
Uno de los argumentos más fuertes para evitar el naufragio fue el artículo 67 del Código Penal que indica que "La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público". Luis Carretero, uno de los imputados, sigue siendo funcionario y por eso "arrastró" al resto para seguir implicados.
En la práctica, reconocen en Tribunales, tiene poco futuro la investigación. Sobre todo porque no se acusa a responsables políticos de alto rango y porque hay poca voluntad de investigación.