Aborto no punible: con años de atraso, arranca la capacitación

El velo comenzó a correrse y una de las señales del cambio se producirá en Mendoza la semana que viene: por primera vez, el Gobierno y la Justicia reunirán a médicos y profesionales de la salud para capacitarlos e informarlos en materia de interrupción legal del embarazo (ILE).

La actividad ha sido organizada por el Ministerio de Salud y la Subdirección de Derechos Humanos de la Corte provincial, y tendrá lugar el 16 de agosto, en Buenos Aires 133 de Capital. La convocatoria es amplia y la lista de invitados arranca por los directores de los hospitales, pero incluye también a autoridades de centros de salud, jefes de servicios, obstetras, técnicos, trabajadores sociales, psicólogos y abogados que trabajan en el ámbito de la salud pública y privada.

Esta primera capacitación se realizará más de seis años después de que el fallo F.A.L. de la Corte Nacional fijara con claridad las condiciones de la ILE. Aquella sentencia estableció que cualquier mujer víctima de un abuso, o cuya salud corriera riesgos, podía solicitar el aborto no punible, sin que fuera penalizada ella o los médicos que la asistieran.

El fallo FAL se originó en el caso de una chica de 15 años que en Chubut había sido violada por su padrastro y que se había hecho un aborto en 2010. La Corte Nacional, en 2012, no sólo estableció que una mujer violada no puede ser judicializada por abortar, sino que además exhortó a las autoridades sanitarias a implementar protocolos hospitalarios y remover barreras para la concreta atención de los abortos no punibles en todo el país.

En la Legislatura de Mendoza, como se sabe, hasta ahora nunca vio la luz ese protocolo, por la resistencia de sectores "provida" que se oponen al aborto en general. Desde 2012 pasaron por el gobierno peronistas y radicales, pero hay quienes remontan la discusión a 2007: con Armando Calleti como ministro de Salud y Julio Cobos como gobernador, el protocolo fracasó por primera vez.

Entonces, no ha sido la necesidad de ponerse a tono con el fallo FAL lo que aceleró de repente medidas en ese sentido: lo logró el debate nacional en torno al proyecto del aborto legal.

La iniciativa naufragó en el Senado Nacional, pero ha permitido que se hable de cosas que antes se eludían o silenciaban, en Mendoza particularmente. Del aborto no punible, por ejemplo.

La demanda, un punto clave

En este sentido, la ministra de Salud de la provincia, Elizabeth Crescitelli, blanqueó este jueves que esta gestión ha practicado 15 ILE en los últimos dos años y que incluso dispone de una "guía técnica", en remplazo del protocolo exigido por la Corte.

La cifra puede sorprender, porque las ILE realizadas han sido actos discretos o silenciosos, pero en el propio ámbito del oficialismo hay quienes consideran que la demanda de abortos no punibles en nuestra provincia puede ser muy superior: equivalente a miles de casos.

Los especialistas se basan en estadísticas. Una de ellas, de 2005, dice que por cada dos personas nacidas vivas en el país, hay más de un aborto inducido. En ese contexto, las 15 interrupciones de embarazos de la gestión actual representarían apenas una "prueba piloto" frente a un número presuntamente mucho mayor de mujeres que no consigue acceder a la práctica.

"Hay muchas mujeres que no llegan al aborto no punible porque en los hospitales hay maltratos. También hay temor a la denuncia y los interrogatorios", aseguran quienes trabajan en el tema desde hace años. 

Eso sí, hay quienes ofrecen una dirección en la que la asistencia sería efectiva: la oficina del Programa Provincial de Salud Reproductiva, que se ubica en la Galería Mendoza (San Martín 1360). 

Allí hay un puñado de profesionales que ayudan a la mujer a buscar el lugar para solicitar un aborto no punible y hasta los médicos "más amigables" para hablar del tema, ya que todavía no se pueden golpear para eso las puertas de cualquier hospital de Mendoza.

Habrá más reuniones

Las barreras del sistema se originan, dicen, en "el temor y el desconocimiento de los profesionales que no saben que el aborto en casos de abusos está despenalizado". Por eso, la capacitación del 16 asoma como una medida eficaz para enfrentar esos fantasmas.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, explicó los alcances de la actividad del próximo jueves. "En el marco del artículo 86 del Código Penal y el fallo FAL, se hablará de las obligaciones y derechos del equipo médico, la objeción de conciencia, el secreto médico, los derechos del niño y los de las personas sobre su propio cuerpo", entre otras cosas.

También aclaró Sagás que el encuentro, al que acudirán el gabinete del Ministerio de Salud y abogados de la Corte, será "una primera capacitación". O sea, habrá más reuniones de este tipo.

"Han pasado muchos años desde el fallo FAL, pero desde que ingresamos a la gestión damos respuestas a estas situaciones, siempre en base al Código Penal", afirmó también Sagás.

El funcionario precisó que las ILE realizadas en Mendoza en los últimos años tienen que ver "en la mayoría de los casos con menores violadas" y adujo que es complejo detectar estas situaciones: "Cubrimos todo, pero los casos se dan a nivel intrafamiliar", indicó.

Desde el Ministerio de Salud se le ha dado apoyo también a un proyecto de la diputada radical Ana María Andía para que caiga una ley que prohíbe vender el misoprostol (droga que se usa, entre otras cosas, para abortar) en las farmacias de Mendoza.

Para Andía, esa ley sería clave. No sólo para terminar con el mercado negro del producto (cuyo valor, en el mercado normal, supera los 3.000 pesos por caja), sino para que las víctimas lleguen al aborto no punible en forma menos traumática, ya que, en la mayoría de los casos, no sería necesario que se internen.