Hasta el general San Martín "ayuda" a la fiscal viajera
La sorprendente cadena de dilaciones que está favoreciendo a la fiscal viajera sumará un actor inesperado: el propio general San Martín.
De acuerdo con la última estimación de fechas, Anabel Orozco, la titular del Segunda Fiscalía Correccional, debería comenzar a ser juzgada dentro de 14 días.
Pero hay un error en esta comunicación. Dentro de 14 días exactos, los legisladores provinciales que integran el Jury de Enjuiciamiento tendrán un compromiso ineludible: deberán participar de la Asamblea Legislativa en la que se entregará la tradicional Distinción Sanmartiniana.
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Orozco conseguiría de esa manera una semana más de respiro para el comienzo del juicio, alargando de esa manera una secuencia de retrasos que, a esta altura, resulta imperdonable.
La fiscal está suspendida de su cargo desde fines de marzo por falsear certificados médicos y utilizar esa excusa para irse de vacaciones. El peso simbólico de esta irregularidad es muy fuerte: la magistrada, a quien le habían encargado administrar Justicia, mintió.
Y tras ser descubierta en la mentira, usó todos los artilugios posibles para por lo menos estirar su "agonía" en el cargo, estado que se refleja mensualmente en su cuenta sueldo, con un impacto importante.
Para entender de qué se habla. Orozco fue acusada por el Jury a fines de diciembre, pero consiguió que la suspendieran recién a fines de marzo. De esa manera, cobró enteros sueldos que equivalen a unos 100 mil pesos durante esos cuatro meses.
Para conseguir este oxígeno, se desentendió en forma vulgar de las notificaciones del Jury. Se cree que revoleó este documento en una casa del barrio Dalvian que no era la suya, para luego argumentar que no había sido informada oficialmente del proceso en su contra.
Después hizo un planteo de nulidad que le consiguió tiempo hasta fines de marzo. En el medio, pidió que el Gobierno le aceptara la renuncia, para convertirse en una jubilada acomodada. No le aceptaron la renuncia y entonces Orozco fue suspendida, por el voto unánime de legisladores y representantes de la Corte.
Orozco, en Florianópolis después de presentar un certificado médico.
Pasó a cobrar, de esa manera, la mitad de su sueldo. Por mes, unos 50 mil pesos recibe. No es una mala remuneración para alguien que no trabaja hace mucho tiempo.
Las demoras posteriores, que siempre han jugado a favor de la acusada, son realmente indignantes. Trascurrieron tres meses más sin que se fijara la fecha del juicio, que puede terminar en su destitución.
Hacia fines de junio, el Jury prácticamente había terminado de producir pruebas para iniciar el juicio. Básicamente, registros de salida y entrada al país de Migraciones, ya que Orozco se había ido de vacaciones a Florianópolis cuando estaba "enferma". Pero surgió un problema inesperado: el peronismo decidió sustituir un miembro titular del Jury por uno suplente.
El senador titular Angel Brancato le cederá su lugar en el tribunal al senador suplente Samuel Barcudi. Hay quienes dicen que no hacía falta informar sobre este cambio, pero la decisión del Jury fue que esta modificación en el tribunal que juzgará a Orozco debía ser notificada a las partes.
Ahora, lo que no se entiende, es por qué el trámite ha demorado tanto. Ni la feria judicial de invierno lo explica. Ha pasado más de un mes desde que la notificación se produjo, cuando la inactividad judicial dura solamente 15 días.
Ayer, el Jury de Enjuiciamiento no comenzó el proceso por esta razón. No se sabe por qué, pero no fue la Justicia la encargada de anunciar el nuevo retraso de 14 días, sino el bloque de diputados de la UCR.
Es extraño que los legisladores radicales hayan decidido cargar con esta mochila, porque es precisamente el oficialismo el más interesado en destituir a Orozco. Tampoco existe interés en defenderla en el PJ. Jugaría a favor de la fiscal viajera, en este caso, la propia Justicia, poder donde hace tiempo se sabía que el Jury contra Orozco no comenzaría hasta después de las PASO.
La razón aparente es que el Poder Judicial no quiere quedar expuesto a cuestionamientos y ataques en medio de un proceso electoral. Se teme, tal vez, que algún miembro del tribunal utilice la vidriera del juicio contra Orozco para hacer campaña. Hay que recordar que varios legisladores que integran el Jury son candidatos en las PASO.
La última demora se relaciona, entonces, con una precaución corporativa de la propia Justicia. Precaución que, por supuesto, ayuda a Orozco y compromete hasta al propio general San Martín en una trama innecesaria.