Ordenan poner custodia a la familia de Martínez Rojas
La medida se dispuso luego de rechazar un pedido de eximición de prisión del prófugo con pedido de captura nacional e internacional.
El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich envió hoy un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se custodie a la familia del prófugo empresario Mariano Martínez Rojas, luego de que su abogado defensor efectuó el planteo al argumentar que habría riesgo para su seguridad.
La medida se dispuso luego de rechazar un pedido de eximición de prisión del prófugo con pedido de captura nacional e internacional, pese a lo cual dio entrevistas periodísticas desde Estados Unidos, país donde se encuentra actualmente.
Según informaron fuentes judiciales, el abogado de quien se presentó como dueño del diario Tiempo Argentino y de radio América, Alejandro Sánchez Kalbermatten, había efectuado el pedido de custodia para la familia de su cliente.
El prófugo está imputado en una causa que investiga la llamada "mafia de los contenedores", en la que se lo acusa de haber fugado dólares del país en pleno cepo cambiario mediante la adulteración de formularios para declarar importaciones.
Según la investigación, la asociación ilícita se formó en enero de 2012 y habría cometido distintos delitos a través de la creación de empresas o su compra.
Entre otros hechos, se le adjudica la fuga de divisas "mediante transferencias bancarias -SWIFT- que fueron liberados con la utilización de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) aprobadas, las que se habrían tramitado a través de los canales ordinarios y formales en forma electrónica ante los organismos estatales correspondientes -AFIP y Secretaría de Industria y Comercio-, y/o por medidas cautelares judiciales que habilitaban eventualmente tales vías administrativas", según la acusación de la fiscalía.
Entre otros hechos, se le adjudica la fuga de divisas "mediante transferencias bancarias -SWIFT- que fueron liberados con la utilización de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) aprobadas, las que se habrían tramitado a través de los canales ordinarios y formales en forma electrónica ante los organismos estatales correspondientes -AFIP y Secretaría de Industria y Comercio-, y/o por medidas cautelares judiciales que habilitaban eventualmente tales vías administrativas", según la acusación de la fiscalía.
Télam