Cuatro funcionarios de Cornejo en problemas por el incendio del ECA

Los funcionarios que son acusados por las irregularidades son el Secretario de Cultura, Diego Gareca; la Directora de Administración Judit De Liberato, el Director de Patrimonio Cultural, Marcelo Nardechia; y la Coordinadora del ECA María Laura Tinte.

Los investigadores sugieren al Tribunal que solicite los descargos pertinentes a los funcionarios y advierten que podrían ser objeto de multas o de "cargos solidarios"; es decir sancionados con la devolución del dinero que costó el incendio.

Los arreglos de la cúpula costaban cerca de 400 mil pesos según la licitación. Los gastos por el incendio y destrucción ascenderían a $7.277.580. La remoción de escombros, limpieza y cobertura provisoria de la cúpula le costó a Cultura $ 2.470.306. También se gastaron $ 719.273 en el alquiler de estructuras layhers y más de 26 mil pesos en gastos de honorarios y pasajes de especialistas, traslado de obras y otros detalles. El otro reclamo millonario que hace a la suma total es el de los artistas: en total reclaman una indemnización de $4.061.244.

Los planteos a las autoridades actuales de Cultura por el incendio del ECA se conocen poco después de que el Tribunal de Cuentas determinara que los funcionarios del gobierno de Francisco Pérez deben devolver 1,6 millones de pesos por el pago de sobreprecios.

Cadena de negligencias

El 18 de enero de este año un incendio destruyó la cúpula del Edificio del Espacio Contemporáneo de Arte. El siniestro se generó por los trabajos de reparación de la membrana que realizaban operarios de la empresa Dela, contratada para ello por la Secretaría de Cultura. Los informes técnicos determinaron que hubo negligencia porque el incendio fue catalogado "como "determinado, accidental y previsible", por la exposición de llama directa por el uso de sopletes con garrafas de gas licuado en la colocación de membrana, sobre el techo de la cúpula construida de madera y chapa.

El Tribunal de Cuentas realiza controles posteriores al cierre de los ejercicios, pero también puede hacer juicios parciales de cuenta, cuando aún no se ha presentado la rendición anual. Con el incidente del ECA tomaron ese camino. 

Este proceso es el que se encuentra en marcha, aunque todavía no hay un fallo. En cambio, sí está listo el dictamen previo de los abogados del organismo, que ya ha sido elevado al Honorable Tribunal de Cuentas por el Secretario Relator Gustavo Aníbal Riera.

En paralelo hay sumarios administrativos y otras dos investigaciones. Una en Fiscalía de Estado y otra en la Justicia. 

Sin control

"La Pre-Adjudicación y Adjudicación se basan en un informe "Técnico" firmado por la Sra. María Laura Tinte, Coordinadora ECA. Se desconoce si la citada persona posee la idoneidad técnica requerida. No se observa la intervención de algún otro personal específicamente técnico designado tanto por la Secretaría de Cultura, como por la Dirección de Patrimonio Cultural para el análisis previo de la oferta, como así tampoco al momento de inicio de los trabajos", indica el informe del Tribunal de Cuentas, y se agrega que no consta que se haya designado al personal técnico para realizar la inspección.

Una de las irregularidades más graves es el método y los materiales usados para reparar la membrana. El pliego indicaba que debían ser trabajos con membrana en frío, justamente por el riesgo que implicaba usar fuego. La empresa Dela presentó varias opciones, pero Cultura se la adjudicó sin aclarar qué tipo de técnica usarían. Pues la irregularidad se confirmó cuando aparece el detalle de equipos y materiales usados: sopletes y garrafas de gas. "Otro aspecto importante es que dentro del listado de equipos y materiales propuestos por la firma adjudicataria se detallan materiales como 6 Sopletes para gas con válvula de seguridad y 10 garrafas de 10 kgs. c/u, las cuales se utilizan para colocación de membrana en caliente y no como lo requiere el pliego. La inadvertencia de esta situación, refuerza y ratifica lo expuesto, sobre la falta de análisis pormenorizado de las ofertas y la posterior adjudicación", denuncian los investigadores. Incluso figura el testimonio de personal de la empresa que declaró "desconocer" que debían utilizar "impermeabilización en frío".

La otra clave es la falta de un seguro de responsabilidad civil que podría salvar al Estado y a la propia empresa de costear los arreglos. El pliego de licitación exigía que hubiera un seguro. Pero no se habría cumplido porque la póliza presentada entraba en vigencia un día después del incidente en la cúpula. "De la compulsa surge la presentación de un Seguro con fecha de vigencia a partir del 19/01/2017, lo cual es un día posterior al siniestro (18/01/2017), por lo que no tendrá validez respecto de poder ejecutarse en resarcimiento de los daños causados. Esta situación demuestra que el contratista inició las labores sin la presentación de la documentación exigida", detalla la investigación.

Además, el dictamen indica que "no existen constancias de inicio de obras y de personal autorizado para el ingreso y realización de las labores". Y se consigna que era la coordinadora Tinte quien "debía gestionar las autorizaciones para el personal de la Empresa DELA SA". 

A cada reparo, le sigue una intimación para justificar las irregularidades. Al final advierten que los funcionarios podrían ser multados o sancionados con un cargo solidario de 7.277.580,63 pesos "por los gastos colaterales emergentes del siniestro, no cubiertos por el seguro". Esa suma no incluye otros gastos posibles, como la reconstrucción del edificio y arreglo de vitrales, entre otros.