Gils Carbó sería citada a indagatoria por la compra de un edificio
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó podría ser citada a una declaración indagatoria por pedido del fiscal federal Eduardo Taiano en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración, efectuada en 2013 por 43 millones de pesos.
Según informó Clarín en base a fuentes judiciales, Taiano efectivizará su pedido este martes ante el juez de la causa Julián Ercolini, quien deberá resolver si cita a la jefe de los fiscales, vinculada con el kirchnerismo.
Previamente a conocerse la posible indagatoria, Gils Carbó había confirmado que en la compra del nuevo edificio para el Ministerio Público Fiscal, ubicado en calle Perón 667 del microcentro porteño, hubo irregularidades, pero responsabilizó a sus subordinados y se desligó completamente de cualquier tipo de conocimiento sobre el tema.
Las declaraciones de la funcionaria se producen mientras avanza una investigación en la Justicia sobre las maniobras en torno a esa operación inmobiliaria, que incluyó la suspensión de varias licitaciones y el descubrimiento de un confuso pago por "asesoramiento" a Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi, un ex funcionario que fue desplazado por Gils Carbó apenas estalló el escándalo.
En una entrevista radial, la procuradora afirmó que en todo el proceso de adquisición del edificio intervinieron "25 funcionarios", se realizaron dictámenes jurídicos, auditorías internas y externas, pero no detectaron el pago de una comisión a Thill, cuyo monto ascendió, al menos, a 176 mil dólares.
Según las investigaciones que tiene a su cargo Taiano, antes de la aprobación oficial de la adquisición del edificio hubo correos electrónicos entre los dueños del inmueble a ser vendido y la representantes de la inmobiliaria Bárbara Jaureguiberry, en la que se daba por hecha la operación. Thill, de acuerdo con el expediente, después de cerrado el negocio, cobró cerca de tres millones de pesos pagados por la empresa mediadora entre la Procuración y los dueños de la propiedad.
Al ser consultada de manera directa hoy sobre esas irregularidades, Gils Carbó lo reconoció: "Sí, por eso yo en su momento separé a un funcionario por estos hechos. Cuando surgió en los medios una factura por la cual un pariente, un medio hermano de un funcionario del ministerio Público habría cobrado una comisión de 3 millones de pesos por -según él dice- asesorar al oferente en la licitación".
En el reportaje, la Procuradora sin embargo dice que todo fue responsabilidad de sus subordinados. "Ignoro si (Thill) compró dólares, si los repartió, lo ignoro. Lo que sí está en claro es que, con tantos funcionarios controlando una venta (...) ninguno de ellos lo detectó, menos lo pude detectar yo, que tengo todo ese aval de los funcionarios", afirmó la titular del Ministerio Público Fiscal.
Tras esa defensa, Gils Carbó se lamentó: "Intentan crear una sospecha de corrupción sobre la procuradora para el intento de justificar el desplazamiento por métodos ilegales e inconstitucionales, porque no han tenido causales ni los votos para el juicio político".