Amplían la imputación a Macri por el acuerdo con el Correo

La causa que investiga las presuntas irregularidades en el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo nacional y la empresa Correo Argentino S.A. tuvo un nuevo avance este viernes debido a que el fiscal Juan Pedro Zoni amplió la acusación que había realizado contra el presidente Mauricio Macri y su ministro de Comunicación, Oscar Aguad.

Además Zoni imputó a directivos de las firmas Socma S.A. y Simeco S.A., a los síndicos intervinientes en el concurso de la sociedad anónima que controlaba el servicio postal y a la jueza del fuero comercial encargada de supervisar las negociaciones, según se advierte en el dictamen presentado al juez federal Ariel Lijo.

Fuentes judiciales explicaron al portal Infobae que la ampliación de la acusación contra Macri y las nuevas imputaciones surgen como consecuencia de las presentaciones realizadas por Gabriela Boquín, la fiscal general que en su momento denunció una "licuación de la deuda" de Correo Argentino S.A. a través de un acuerdo muy beneficioso con el Estado nacional.

En el primer dictamen, Boquin había denunciado el aparente intento de "vaciamiento" de las cuentas del concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. para desviar los fondos en dólares y pesos hacia otros negocios del mismo grupo empresario vinculado con la familia del presidente Macri.

"Correo Argentino S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas", sostuvo Zoni al hacer referencia a ese dictamen, reproducido por la agencia Télam.

"Lo relatado obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante. O sea, el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A.", agregó el fiscal.

Otro de los dictámenes de Boquin considerado por Zoni en la ampliación de la imputación fue el referido a la voluntad del gobierno de postergar una audiencia en la que se iba a tratar la deuda del Correo, pedido que fue aceptado por todas las partes pero no por la Cámara Nacional Comercial.

"Resulta llamativo el accionar de las Sindicaturas en cuanto cuestionan la dilación del proceso pero a la vez relativizan las consecuencias de la suspensión de los 120 días requerida, sin oponerse", sostuvo Zoni en su dictamen de 12 páginas en le que solicitó más de 12 medidas de prueba.

"La aceptación a dicha suspensión resulta no menos que contradictoria con la defensa de los intereses de los acreedores concursales, entre ellos el Estado Nacional, ya que el paso del tiempo tiene como principal consecuencia licuar el crédito en perjuicio de los acreedores, por lo que la medida sólo favorecería a Correo Argentino S.A.", agregó.

La ampliación de la imputación por parte de Zoni se produjo luego de que el juez de la causa, Ariel Lijo, le remitiera las copias de los últimos dictámenes de la fiscal Boquin, que contenían denuncias contra los las partes intervinientes en el concurso del Correo.

La investigación judicial comenzó luego de cuatro denuncias, basadas en el dictamen de Boquín. La primera fue presentada por los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y el abogado Daniel Igolnik. Las otras tres fueron impulsadas por legisladores del Frente para la Victoria, un abogado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Los denunciantes sostuvieron que el acuerdo beneficia al propio jefe de Estado porque el Correo Argentino es de la familia Macri y las acciones corresponden a dos hermanos y a tres de sus hijos, a quienes les derivó sus acciones en 2009.