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Triaca afirmó que la Justicia evalúa reprimir el piquete petrolero

A horas de una reunión entre YPF y los desempleados que reclaman ser reincorporados, el ministro de Trabajo dijo que existe un mandato judicial para despejar la ruta.

 El abastecimiento de petróleo en la refinería de Luján de Cuyo se encuentra en jaque por una medida de fuerza que desde hace días llevan adelante un centenar de trabajadores de Neuquén. Se trata de ex empleados de una prestadora de YPF que fueron despedidos y exigen ser reincorporados mientras cortan los ingresos en decenas de yacimientos neuquinos. "Creo que hay un mandato judicial para despejar la ruta", aseveró el ministro de Trabajo Jorge Triaca luego de afirmar que el conflicto ya pasó al ámbito judicial.

 "Hemos trabajado en la conciliación obligatoria de los desocupados que cortan accesos. A partir de ahora el tema tiene que ver con las fuerzas de seguridad y la Justicia", subrayó el funcionario de Mauricio Macri.

Los dichos de Triaca tuvieron lugar en una entrevista con el programa Uno Nunca Sabe, de MDZ Radio, en la previa de su visita a la provincia de Mendoza para participar de la primera feria de Empleo Joven.  Minutos antes, fue entrevistado el titular del sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, quien tomó distancia del reclamo de los trabajadores. "El gremio no tiene ningún conflicto con nadie. No sé por qué nos achacan todo a nosotros. Que lo arregle YPF", apuntó. 

"El sindicato no tiene conflicto con nadie; me retiro de las negociaciones y que lo arregle YPF como debe ser. No se entiende por qué le achacan al gremio que está en conflicto", disparó Pereyra.  "Todo el mundo me llama a mí, los periodistas y el Gobierno, como si yo tuviera la facultad de solucionar esto. No soy el que hace los cortes", se despegó.

Triaca y el gremio judicial

Por otro lado, el ministro Jorge Triaca también se refirió a temas locales como lo es la resistida intervención del gremio de Judiciales. La misma se hizo efectiva a fines de la semana pasada a raíz de una resolución firmada por el funcionario, en la cual designa a un "normalizador" para que ordene el gremio y convoque a elecciones.

La elección de la nueva secretaria General, Adriana Domínguez, fue impugnada y desde octubre que el sindicato no tiene líder. El conflicto comenzó hace  poco más de un año, en el mes de abril del 2016 cuando la conducción gremial debía llamar a una asamblea extraordinaria para allí elegir a la Junta Electoral y confirmar la fecha de las elecciones. El tema es que al hacerlo no se respetó el plazo de cinco días hábiles entre la convocatoria y la elección de la junta por lo que no se cumplieron los días hábiles requeridos. Esto motivó la impugnación presentada por Sergio Mortarotti, quien pedrió en las urnas por el 2% de los votos.

"La dirección de asociaciones sindicales tiene por objetivo controlar que todo lo que está establecido en la vida interna de los sindicatos por su marco normativo se cumpla. En ese marco se tomaron las decisiones que corresponden", manifestó Triaca para justificar la designación de Hugo Marcelo Parrino como delegado normalizador del gremio judicial. 

"Nosotros en ese marco hemos avanzado en lo que creemos que corresponde. Por supuesto entendemos que muchos se sientan ofendidos o violentados en algunos de sus derechos y siempre tendrán el ámbito judicial para defender lo que entiendan que tienen que defender", agregó Triaca.