Antes del discurso de Macri: qué cumplió y qué no

El 1° de marzo de 2016 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dio por primera vez su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Entonces habló algo más de una hora: criticó la herencia recibida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y adelantó varias medidas que llevaría adelante durante ese año, como por ejemplo el envío de diferentes proyectos al Parlamento para convertirlos en ley. ¿Qué fue de las promesas que hizo Macri?

El portal especializado Chequeado.com revisó aquel discurso y puso sobre el tapete lo cumplido y lo incumplido. Asimismo, este miércoles el equipo de Chequeado chequeará colectivamente y en vivo con un grupo de expertos, periodistas invitados y voluntarios el nuevo discurso presidencial.

Qué cumplió y qué no

- "Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como ‘buitres'. Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años".

CUMPLIDA

Sólo dos días después del discurso de apertura de Macri, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar las llamadas leyes "cerrojo" y de "pago soberano" -que impedían que la Argentina formulara una mejor oferta a los acreedores externos que quedaron fuera de los canjes de 2005 y 2010 (el 7,6% del total)- y emitir deuda en bonos para pagar en moneda extranjera a los holdouts.

Luego de que el texto oficial fuera aprobado en la Cámara de Diputados el 13 de marzo último, el Senado lo convirtió en ley a fines de ese mes con más de dos tercios de los votos. El proyecto incluyó una toma de deuda por alrededor de US$12.500 millones en bonos a 5, 10 y 30 años.

- "Me comprometo a publicar todos los datos, área por área, para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba la Argentina, en diciembre de 2015". 

CUMPLIDA

En junio de 2016, meses después de su discurso y como prometió, Macri publicó en el sitio de Presidencia de la Nación un documento titulado "El estado del Estado. Diagnóstico de la Administración Pública Nacional en diciembre de 2015". Allí, el Gobierno analiza la situación previa al cambio de mando en diferentes áreas como "desarrollo económico", "trabajo y seguridad social" o "energía y minería". El texto retoma la promesa realizada el 1º de marzo y adelanta que el informe "es la primera versión de ese compromiso".

- "Sostuvimos la gratuidad de ‘Fútbol para Todos', logrando ya bajar los costos y seguiremos en esa línea al licitar el sistema en el segundo semestre".

INCUMPLIDA

El Gobierno nacional firmó un acta acuerdo con la AFA en febrero de 2016 en la que establecía algunas modificaciones al programa "Fútbol para Todos". Entre otras cosas, se acordó el ingreso de canales privados con exclusividad de los contenidos (como Telefe y Canal 13 que pasaron los encuentros de Boca y River), y un pago en el primer semestre de $761 millones. En 2015 se habían utilizado $1.960 millones, una cifra mayor. En eso se basó Macri para señalar la baja en los costos y prometió seguir en esa línea manteniendo la gratuidad.

En 2016 finalmente "Fútbol para Todos" ejecutó $1.830 millones (según la última actualización del Ministerio de Hacienda, de diciembre de ese año), por lo que los montos nominales sí fueron menores. Si se tiene en cuenta que además hubo un 40% de inflación, la baja es aún mayor. Sin embargo, a diferencia de lo dicho, el Gobierno nacional anunció el fin del programa y la gratuidad de las transmisiones. "Tal cual nos lo solicitaron los clubes (...) el programa "Fútbol Para Todos" a partir del 1° de enero [de 2017] no va a existir más", informó a fines de octubre de 2016 Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia de la Nación.

- "La inflación irá bajando con el correr de los meses".

CUMPLIDA

Los datos del INDEC muestran que la inflación mostró una tendencia hacia la desaceleración entre mayo de 2016 y diciembre del mismo año, al pasar del 4,2% a un 1,2 por ciento. De esta manera, la variación de precios acumulada durante el segundo semestre del año último fue del 8,8 por ciento.

Si se observa la variación de la inflación en todo el año, los datos de las direcciones provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de San Luis -que el Gobierno nacional tomó como oficiales hasta la publicación del INDEC- muestran efectivamente que en el segundo semestre el aumento de precios fue menor al del primero (CABA: 9,1% vs. 29,1%; SL: 9,1% vs. 20,5%).

- "También necesitamos una nueva ley de compras públicas y desarrollo de proveedores, para romper los bolsones de corrupción y mejorar la eficiencia".

INCUMPLIDA

La gestión que encabeza Macri no avanzó en la sanción de una ley que regule las compras del Estado, aunque modificó la normativa vigente.

En mayo de 2016 el Gobierno cambió por decreto la reglamentación sobre el tema al elevar los montos mínimos a partir de los cuales es necesario realizar una licitación pública, "con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones". Es decir, que se aumentaron los montos que permiten contrataciones directas o licitaciones privadas.

Además, también por decreto, el Gobierno aprobó un nuevo régimen de contrataciones para los bienes y servicios, y en noviembre último el Congreso aprobó una ley para habilitar contratos con participación público-privada. Sobre esta última norma, la especialista en compras públicas Natalia Volosín sostuvo que "implica necesariamente mayor discrecionalidad y mayor riesgo de corrupción", y recordó que en lo que respecta a obra pública la norma es de 1947.

- "Para cuidar a los que menos tienen, vamos a proponer la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria".

CUMPLIDA

En línea con lo anunciado, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reintegrar el impuesto en determinadas compras, que fue aprobado a mitad del año último. De acuerdo con la norma y su reglamentación, la devolución rige para compras con tarjeta, por un 15% del monto de las compras y con un tope de $300 mensuales por beneficiario, que debe actualizarse dos veces por año.

La medida alcanza a jubilados y pensionados que cobren la mínima, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, un total de 8,6 millones de personas de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

- "Desarrollaremos inversiones públicas de infraestructura productiva y social. El objetivo es llevar desarrollo y trabajo a los que viven en las provincias del Norte Grande".

EN PROCESO, DEMORADA

Si bien Macri no lo explicitó durante su discurso, la propuesta electoral de Cambiemos incluía la creación de un plan de alrededor de US$ 16 mil millones a diez años que beneficiaría a las provincias del Norte Grande: Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Estos fondos se dividirían en US$ 10 mil millones para infraestructura vial, US$ 5 mil millones para la rehabilitación ferroviaria y US$ 250 millones para mejoras aerocomerciales.

Según un documento enviado a Chequeado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, la infraestructura vial y de transporte tuvo $8.893 millones en 2016 y $9.579 millones en 2017. Este aumento de casi 8% estuvo muy por debajo de la inflación de 2016, que alcanzó un total acumulado de 41%, según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si se analizan estas inversiones en dólares, teniendo en cuenta el tipo de cambio promedio que calcula el Presupuesto 2017 ($14,99 en 2016 y $17,92 en 2017), la inversión en infraestructura vial y de transporte entre 2016 y 2017 acumularía 1.128 millones de dólares. Al sacar el promedio anual para llegar a las US$ 16 mil millones en diez años, el número sería US$ 1.600 millones por año, por lo que lo invertido en 2016 y 2017 estaría por debajo. Aunque, cabe decirlo, las inversiones podría aumentar en lo que resta de la gestión de Macri hasta 2019.

- "Promoveremos la rápida sanción de la ley de acceso a la información pública para que, junto a la política de gobierno abierto, tengamos un Estado transparente y abierto a la colaboración".

CUMPLIDA

Luego de realizar algunas modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso sancionó en septiembre último la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. La norma contempla la posibilidad de recibir datos públicos de los distintos poderes e instituciones del Estado nacional, de las empresas estatales, y las entidades que reciban fondos públicos, entre otros.

Hay que señalar que, de acuerdo con el decreto reglamentario, la norma entrará en vigencia en septiembre de 2017.

- "También les pido que avancemos en la designación de los jueces de la Corte Suprema, así normalizamos lo antes posible su funcionamiento".

CUMPLIDA

Con las renuncias de los jueces Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó conformada por tres miembros, menos que los cinco que establece la ley. Para completar los cargos del máximo tribunal, Macri designó por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mecanismo criticado tanto por la oposición como por integrantes del oficialismo. Por esto, el Gobierno dio marcha atrás con la medida y recurrió al procedimiento de audiencias y acuerdo legislativo previsto en la Constitución y el Decreto 222/2003, dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner. Finalmente, en junio de 2016 ambos candidatos fueron confirmados por el Senado de la Nación.

- "El otro proyecto de ley, que considero primario para nuestro futuro, es el de la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa".

EN PROCESO, ADELANTADA

En noviembre de 2016, en las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación el bloque de Cambiemos logró dictamen de mayoría para un proyecto del diputado Carlos Rubin (Bloque Justicialista) que crea un Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa. El Poder Ejecutivo Nacional incluyó este dictamen en el temario de sesiones extraordinarias pero finalmente el proyecto no se trató en el recinto, por lo que aún falta su aprobación en ambas Cámaras.

El proyecto crea un instituto con personería jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y operativa, que reemplazará a la actual Secretaría de Evaluación Educativa, creada por decreto en abril del año último y que hoy depende del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. El objetivo de la creación de la Secretaría que hoy está a cargo de Elena Duro fue "obtener información periódica y estratégica para la toma de decisiones y para el fortalecimiento de las instituciones educativas y sus actores".

- "La principal medida fue ir bajando el déficit fiscal".

INCUMPLIDA

El déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos que tiene un Estado, puede medirse según varios criterios. Sin embargo, "el más relevante es el resultado financiero, o sea el superávit o déficit fiscal o público", según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional que publicó en 2003 el Ministerio de Economía de la Nación.

En este sentido, según la serie estadística de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de 2016 fue 6,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Los datos surgen de la Oficina Nacional de Presupuesto y del nuevo INDEC que conduce Jorge Todesca, que recalculó el producto del país desde 2004 hasta el último año.

El Gobierno anunció que el déficit de 2016 fue del 4,6% del PBI y se había ubicado por debajo de la meta fiscal del 4,8 por ciento. Igualmente, estas cifras responden, cómo se ve en esta nota, a una metodología nueva que no se encuentra alineada con los estándares internacionales.

Al mirar la serie estadística anterior, el último año fue para la ASAP el de mayor déficit financiero de los últimos 12 años, seguido de cerca por los valores que se registraron en 2014 (-4,2%) y en 2015 (-3,7%).

Respecto del aumento que hubo entre 2015 y 2016, Rafael Flores, titular de la ASAP, explicó a este medio que "en los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto se imputó un fuerte aumento de intereses (figuran $300 mil millones) que se han registrado en el último mes de 2016. Además, hay que considerar que se pagaron casi $60 mil millones de gastos no registrados en 2015", como señalan desde el Gobierno, destacó.

Si se quitan esos $60 mil millones de gastos no registrados y se imputan a 2015, los porcentajes del último año del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y de 2016 varían pero, de todas maneras, muestran que durante el primer año de gestión de Macri aumentó el déficit fiscal. Puntualmente, pasó de 4,8% en 2015 a 5,3% en 2016.

- "Hace falta regular la subrogancia de los jueces".

EN PROCESO, DEMORADA

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación envió en septiembre de 2016 un proyecto al Congreso que regula la designación de jueces subrogantes, es decir, magistrados suplentes que cumplen funciones en juzgados que se encuentran vacantes. Sin embargo, al final del año legislativo ese proyecto aún se encontraba en la Comisión de Justicia -presidida por el diputado Diego Mestre (UCR) y donde el bloque de Cambiemos tiene mayoría- de la Cámara de Diputados, sin avances.

Hasta el momento continúa vigente la Ley 27.145, impulsada por el kirchnerismo en 2015, que estableció un nuevo régimen de subrogancias. Sin embargo, esta ley no se aplica porque fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pocos meses de su sanción. En aquel fallo ("Uriarte"), la Corte fijó un nuevo régimen de designaciones hasta tanto no se sancione una ley que cumpla con los criterios que estableció en ese fallo.

- "Reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal".

EN PROCESO, DEMORADA

A principios de abril de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. En octubre último, este proyecto, sumado a otros de la oposición, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, por oposición de sectores del propio bloque de Cambiemos, como la diputada Elisa Carrió, el Gobierno frenó el proyecto, que ni siquiera llegó a obtener media sanción en la Cámara baja.

Uno de los principales puntos de objeción fue la limitación de la duración del cargo del Procurador General de la Nación, que, según el proyecto, se limitaría a cinco años y sería aplicable a la actual procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien el Gobierno nacional busca desplazar.

- "Impulsaremos una ambiciosa reforma política. Ya estuvimos reunidos con todos los partidos políticos y hay consensos acerca de las principales reformas: terminar con la boleta papel, hacer independiente el control del comicio y unificar el calendario electoral".

EN PROCESO, ADELANTADA

En junio de 2016 y en línea con lo prometido, Macri anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de reforma electoral, que entre otras cosas incorporaba la boleta electrónica y terminaba con las colectoras y candidaturas múltiples. El texto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue incluido para ser tratado por el Senado en las sesiones extraordinarias de fin de año. Sin embargo, el trámite fue frenado por el bloque del Frente para la Victoria (FpV), principalmente en base a las objeciones sobre la seguridad y la posibilidad de vulnerar el sistema electrónico.

"Es de esperar que oportunamente la media sanción se transforme en ley, atendiendo a los tiempos y a los plazos razonables, y que en el próximo período de sesiones el Congreso de la Nación pueda encontrar los acuerdos necesarios para dar respuesta a esa demanda que, desde hace años, la ciudadanía reclama a la política", escribió sobre el tema Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral, en una columna publicada en el diario Clarín.

- "Proyectos como (...) el decomiso de bienes provenientes del crimen organizado tienen que estar entre las prioridades de este Congreso".

EN PROCESO, ADELANTADA

En junio de 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que reglamentaba la extinción de dominio (figura que permite separar legalmente los bienes de la persona) y el decomiso de bienes provenientes del crimen. En noviembre último, el Senado aprobó el dictamen de Comisión de dicha normativa, aunque introdujo modificaciones. Igualmente, la Cámara alta -donde el Frente para la Victoria tiene mayoría- todavía no trató el tema en el recinto y de aprobarse debería volver a Diputados.

Como se señaló en esta nota, el proyecto que se votó en la Cámara baja establece que la recuperación de los bienes la definirá un juez civil, en un proceso independiente de la Justicia penal que determina la culpabilidad de la persona investigada. Una de las modificaciones más importantes que se realizaron en el Senado es que la recuperación de los bienes permanezca en el fuero penal.

Algunos de los cuestionamientos surgieron del hecho de que la extinción de dominio sería una pena que se le impone a la persona antes de que su culpabilidad esté probada, algo que va en contra del principio constitucional de inocencia. Para quienes lo defienden, sin embargo, no sería técnicamente un castigo, sino que se trataría de una forma de reparar un daño. Probar un daño en sede civil suele ser más sencillo que acreditar la comisión de un delito y la culpabilidad de una persona en sede penal.

- "Proyectos como (...) la ley del arrepentido tienen que estar entre las prioridades de este Congreso"

CUMPLIDA

En octubre de 2016, la Cámara baja aprobó el proyecto que incorpora la figura del arrepentido para algunos delitos del Código Penal de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional había enviado su propio proyecto en abril último, pero finalmente en el debate de comisiones se impuso un dictamen, con apoyo del oficialismo, basado en distintos proyectos anteriores presentados, entre otros, por los diputados Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador).

La ley unifica la figura del arrepentido para los delitos de narcotráfico, contrabando, terrorismo, trata de personas, secuestros, asociación ilícita, delitos económicos y los que se los suele llamar delitos de corrupción (cohecho o enriquecimiento ilícito, entre otros).

- "Aumentamos el 160% el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para que dejen de pagarlo quienes no corresponde que lo hagan (...) el complemento imprescindible de las escalas deberá ser tratado por el Congreso lo antes posible".

CUMPLIDA

Si bien durante la campaña Macri había dicho que en su gobierno "los trabajadores no [ib]an a pagar impuesto a las Ganancias", algo que no se cumplió, la gestión de Cambiemos sí realizó modificaciones al tributo. En febrero de 2016 el Presidente firmó un decreto que incrementó el mínimo no imponible, por lo que hubo personas que dejaron de estar alcanzadas por Ganancias, aunque el número total creció porque empezaron a tributar otras que antes estaban exentas por un decreto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (que, según los expertos, distorsionó el sistema) por más que cobraran lo mismo que otros que sí pagaban.

En esa oportunidad se señaló que aun quedaba pendiente modificar las escalas del impuesto, lo que anunció Macri en la apertura de sesiones. El cambio no avanzó en el periodo ordinario del Congreso, pero sí fue incluido para las sesiones extraordinarias. Finalmente en diciembre último se convirtió en ley un proyecto acordado entre el Gobierno nacional, representantes de la oposición, de los sindicatos y gobernadores provinciales que, entre otras cosas, modificó las escalas. "En el nuevo esquema las modificaciones en los tramos serán mucho más moderadas [que la propuesta inicial del Gobierno]", analizó entonces el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

- "Vamos a presentar un proyecto de ley de universalidad de la educación de nivel inicial a partir de los tres años".

CUMPLIDA

En mayo de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de ley para declarar obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de tres años. Después de su paso por distintas comisiones, el texto fue aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados en noviembre último. A pesar de estar incluido en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para el mes de diciembre, finalmente el proyecto no fue tratado en el recinto del Senado.

De aprobarse la iniciativa, el Estado deberá garantizar la oferta, y las familias, a su vez, tendrán que enviar a sus hijos de tres años al jardín de infantes, como parte de la educación obligatoria. Una de las principales modificaciones que se realizó en el recinto de la Cámara baja, a pedido de la oposición, fue la incorporación del compromiso del Estado nacional de proveer financiamiento de los gastos corrientes para la implementación de la ley.

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