Otra vez la encrucijada con la Justicia

Con un ojo puesto en la Justicia provincial a raíz del jury a Fabricio Sidoti, Alfredo Cornejo apuró la definición para la normalización de los tribunales federales.

La estrategia de defensa planteada por el fiscal acusado de mal desempeño en el caso Ayelén Arroyo es una encrucijada para el Gobierno.

La jugada de Sidoti fue, como se sabe, avalada por el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé. Antes de presentarla en el jury, Gullé avisó en Casa de Gobierno lo que iba a hacer.

El resultado fue acordar con el acusado la aplicación de juicio abreviado con una sanción intermedia. Es decir, reconocer algún grado de responsabilidad administrativa y procesal en el expediente por denuncia de abuso sexual que desembocó en la muerte de la joven de 19 años a manos de su padre, para recibir una sanción de suspensión de la actividad como fiscal de hasta 180 días sin goce de haberes.

Cornejo no dudó en aparecer en público horas después de conocida la jugada para decir que la sanción le parecía "leve", aunque la crítica no tuvo la virulencia que en su momento sí tuvo el ataque contra el fiscal que, vale recordar, fue empujado a la destitución por el propio gobierno.

El problema para Cornejo es simple: de no aceptar las sanciones intermedias que rigen para el jury desde las modificaciones impuestas por ley a finales de 2016, Sidoti podría quedar absuelto.

Ya está claro que el peronismo en el jury votó por evitar su destitución, y los votos de la Suprema Corte tampoco tienen mucho misterio. Si el proceso contra el fiscal avanzó en diciembre pasado fue porque uno de los jueces, Mario Adaro, se encontraba de vacaciones al momento de la definición, y su lugar fue ocupado por la camarista Alejandra Orbelli quien votó en contra del acusado. Adaro ya está sentado nuevamente en el jury.

El proceso contra Sidoti seguirá el próximo 23 de febrero, y no son demasiadas las alternativas que le quedan al oficialismo para seguir impulsando su remoción. Será otra vez paradigmático lo que ocurra con un intento de despedir magistrados por mal desempeño.

El debut de las sanciones intermedias en el jury, impuestas por una ley impulsada por el propio Cornejo, le permitirá a un acusado acogerse a penas mucho más leves que la destitución.

El riesgo mayor no será ya que Sidoti, un funcionario que si hubiera actuado a tiempo quizás hubiera podido evitar una muerte, continúe dentro del Poder Judicial, sino que la sensación de impunidad ante el mal desempeño de fiscales y jueces seguirá viva en Tribunales.

Los cinco a la Cámara

Unos días antes de volver a ocuparse de Sidoti, Cornejo le acercó a Mauricio Macri los nombres de los abogados que, a su entender, deberían ocupar los sillones vacíos en la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal mendocina.

La Cámara se quedó sin jueces desde hace más de cuatro años, tras la destitución de Luis Miret, involucrado en delitos de lesa humanidad, y la remoción de Otilio Romano, otro de los magistrados a los que se les comprobaron vinculaciones con la última dictadura militar.

Los otros tres sillones acéfalos se deben a las renuncias de Julio Petra y Alberto Endeiza y a la ulterior renuncia de Alfredo López Cuitiño, quien presentó su dimisión después de que se ventilara una denuncia en su contra por acoso sexual.

Desde agosto de 2012, el Consejo de la Magistratura viene llevando adelante el concurso para cubrir estos cinco cargos.

En setiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reclamó al Consejo de la Magistratura que seleccione jueces para los juzgados vacantes del Poder Judicial Nacional y Federal a través de una nota firmada por sus cinco miembros.

El planteo llegó para juzgados de todo el país, pero tuvieron a su vez un impacto directo en Mendoza: aquí eran al menos nueve los cargos vacantes que generaban los problemas de funcionamiento en los tribunales federales.

Algunos cargos ya se cubrieron. Ese fue el caso de la designación de Eduardo Puigdéngolas al frente del juzgado de San Rafael. Otros ya están casi definidos, como los cargos a cubrir en el Tribunal Oral Federal de Mendoza. Pero quedaban cinco vacantes para completar la Cámara.

De los nueve aspirantes que llegaron al final del proceso de selección, que ya va a cumplir siete años en agosto, Cornejo ya le pasó al presidente su quinteto.

Hay cuatro que ya habrían sido descartados. Uno de ellos es Domingo Montanaro, un ex juez de la provincia de Buenos Aires quien, más allá de su poder de lobby y de que ocupó un lugar de privilegio en los resultados de su examen, no habría pasado el filtro político.

Si bien llegó casi hasta el final de la carrera, tampoco pasó la postulación de Pablo Salinas, el abogado defensor de los Derechos Humanos en la provincia. La misma suerte habrían corrido Carlos Venier y Santiago Bahamondes, integrante de la Defensoría federal.

El listado de cinco que elevó Cornejo habría quedado definido entonces con la nominación de Olga Pura de Arrabal, la actual titular del Juzgado Federal Número 2. La jueza sacó el puntaje más alto en el concurso y en ámbitos tribunalicios entienden que su ascenso podría transformarse, en definitiva, en una forma de que comience a funcionar de otra manera el juzgado que hoy maneja.

También pasó el filtro el ex funcionario de Julio Cobos, Gustavo Castiñeira de Dios, y un abogado cuyos antecedentes en Mendoza son difíciles de rastrear y cuyo nombre es Mario Pizarro.

Por último, el listado lo integran un hombre de extracción peronista: el ex ministro de Rodolfo Gabrielli y ex miembro de la Corte Alfredo Porras; y un abogado de conexiones con el PRO.

Macri propondrá como camarista a Juan Ignacio Pérez Cursi, el Defensor público Federal en Mendoza, quien se desempeñó como subsecretario de Acceso a la Justicia de la provincia de Buenos Aires y respondió en su momento a Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.