El desafío de gestión más difícil
De todos los problemas clave para resolver en la provincia, quizás este sea uno de los más trascendentes de cara al futuro: el gobierno de Alfredo Cornejo tiene en sus manos la chance de proyectar un sistema de transporte para las próximas décadas, para cambiar al que ya está obsoleto y que además, desde el punto de vista legal, mantiene prorrogadas concesiones con empresas cuyos contratos ya deberían haberse revisado en diciembre de 2015.
Pocas veces se vio tanto hermetismo dentro de la actual administración como con este tema. Según pudo saber MDZ, antes de que termine diciembre (posiblemente el día 20) la secretaría de Servicios Públicos lanzará la nueva licitación del transporte para comenzar a remozar así lo que ya existe.
Con el transporte, Cornejo está en deuda. En la campaña de 2015 le pidió a Francisco Pérez que no licite un nuevo sistema y, con dos años ya en el poder, recién ahora se apresta a dar una respuesta.
En aquel momento y ahora hubo un mismo protagonista: Natalio Mema. El actual secretario de Servicios Públicos fue quien, como asesor del entonces candidato a gobernador, recomendó pedirle a Pérez que frene un proceso que en marcha para encontrar nuevos concesionarios. En días nada más, será el encargado de anunciar los cambios.
El secreto de lo que será presentado antes de fin de año fue generalizado. Y abarcó también a los empresarios de UTAM, los actuales concesionarios del servicio.
Una lectura de por qué se adoptó esa postura puede centrarse en que la relación entre Gobierno y empresas siempre fue un tanto tirante. Y más en los últimos meses, cuando la nueva licitación se hizo inminente.
Pero también puede llevar a otra conclusión: quizás tampoco necesite el gobierno comunicarles nada a empresarios que, seguramente, renovarán sus concesiones en un sistema que mostrará algunos cambios. Pero que en definitiva estaría lejos de cambiar de raíz la forma en que los mendocinos utilizarán a su transporte público.
Una idea se mantuvo hasta el final y seguro será anunciada antes de fin de año en este marco. El gobierno apunta a un sistema con dos ejes troncalizados que irán de norte a sur y de este a oeste. Es decir, desde Las Heras a Godoy Cruz y desde Guaymallén hasta la UNCuyo.
Esta decisión fue parte de los tironeos entre AUTAM y Mema.
Por ley, el Ejecutivo impulsó el año pasado que esas dos líneas centrales deberán ser prestadas por unidades híbridas.
En Mendoza existe una sola empresa en condiciones de presentarse a competir por ese negocio: Andesmar, porque es quien más tiene aceitado su vínculo con la empresa Volvo, hoy por hoy única fabricante en condiciones de vender unidades de características híbridas en el país.
La preocupación de Autam era que Andesmar necesita una nueva forma de reorientar su negocio luego del derrumbe de ventas de pasajes de larga distancia producto de la llegada de las líneas aéreas low cost. Y el desembarco en los servicios de corta distancia era una posibilidad.
Una decisión ya está confirmada por parte de Cornejo. Los troncalizados funcionarán con unidades de la Sociedad Transporte Mendoza (STM), la empresa estatal que se creó en 2016 en reemplazo de la histórica EPTM, y no serán concesionados a privados.
Tampoco, como se barajó en su momento, la STM tendrá gerenciamiento de privados.
La incógnita está en qué vehículos utilizará. Los híbridos estarían descartados (por problemas de homologación, entre otras causas) y se menciona la alternativa de revitalizar los troles a electricidad.
Cuando se conozca la nueva licitación se develará esta duda, pero ya hay un dato: si bien Servicios Públicos había anunciado prácticamente el fin del servicio de trolebuses, estos seguirán circulando y está confirmado, por caso, que volverán a recorrer Arístides Villanueva luego de la remodelación que se hizo de esa arteria.
Se sabe que el Poder Ejecutivo está dispuesto a terminar con el sistema de pago por kilómetro recorrido, para reemplazarlo por otro que se sustente en la eficiencia y en la calidad del servicio. Hasta ahora, fue un enunciado y en días nada, se sabrá cómo se calculará la nueva "fórmula de pago".
El futuro de los subsidios es otro interrogante. Para 2018 el transporte tiene un costo de casi $3.000 millones de los cuales solo $300 son nutridos por la venta de boletos. El resto es solventado por el Estado. La provincia pondrá $800 millones y la Nación $2.100 que sirven, en este último caso, para pagarles a los dueños de micro parte del gasoil y hasta los aumentos tarifarios a más de 4.000 empleados.
Antes que nada se discutirá un aumento del boleto. Ya está convocada la audiencia pública para diciembre, en dónde se propondrán subas de entre el 24%y el 25% para enero.
Hay un interés fuerte par que todos los municipios del Gran Mendoza se involucren en los cambios. Ya hubo un avance en ese sentido a mediados de marzo de este año con el lanzamiento del Plan Integral de Movilidad 2030. Pero la clave está en Capital, que será la comuna más afectada por las transformaciones que se vienen.