Condenan en Mendoza a una empresa de Cristóbal López
Desde que el clan de empresarios K entró en decadencia, las malas noticias no paran de llegar para ese grupo. La justicia de Mendoza condenó a la petrolera Oil a pagar más de 700 mil dólares por la falta de cumplimiento de un contrato petrolero. Se trata de la empresa del empresario Cristóbal López, dueño del grupo Índalo, que había intentado hacer pie en el negocio del "oro negro" en la provincia.
La condena es por no haber pagado la caución por "desestimiento de oferta" en un área petrolera que fue licitada en 2007 y adjudicada un año después. En particular es el área Río Atuel, que tuvo irregularidades por todos lados. La empresa que originalmente ganó era Ketsal, del grupo Vila Manzano. Pero la firma desistió. La que estaba segunda en el orden de mérito era Oil; pero también desistió. Por eso ambas debían pagar el 1% de la oferta como "garantía de mantenimiento de oferta", una cláusula incluida en los pliegos de licitación.
En el caso de Ketsal la sanción era por más de 800 mil dólares y esa empresa propuso un extraño canje: no pagar a cambio de más inversiones en otras áreas petroleras. Cristóbal López había presentado una póliza de seguro como garantía y luego de un largo litigio administrativo, la Provincia reclamó judicialmente el pago de la multa. El viernes la justicia de primera instancia le dio la razón al Estado y condenó a la petrolera y a la compañía de seguros contratara por ella a pagar U$S 716.750. En realidad el monto es mucho más alto, porque deben sumarse los intereses desde el año 2010, más las costas (que superan los 100 mil dólares). Incluso una parte de los intereses comenzarán a calcularse según el "Plenario Citibank", que impone una tasa mucho más alta.
"Hacer lugar a la demanda interpuesta por la PROVINCIA DE MENDOZA en contra de OIL M&S S.A. y FIANZAS Y DRÉDITOS S.A. COM-PAÑÍA DE SEGUROS y en consecuencia, condenar a las mismas, para que dentro del plazo de DIEZ DIAS de firme la presente, proceda a abonar a la primera, la suma de U$S 716.750 con más los intereses establecidos en los fundamentos de esta resolución", dice la sentencia de la jueza María Paula Calafell.
Un negocio errado
En 2008 se adjudicó la primera licitación de áreas petroleras realizada por la provincia. Fueron 11 áreas en un proceso que terminó con distintos escándalos: negocios inmobiliarios, transferencias de dominios y múltiples incumplimientos de parte de las empresas petroleras. Las más beneficiadas fueron las empresas Ketsal-Kilwer que, con nula experiencia en la industria, ganaron 7 áreas. La empresa Oil también participó, pero también fue parte de la ruta litigiosa. Por un lado obtuvo el área Río Diamante, pero no se cumplió el plan de inversiones previsto y hay denuncias cruzadas. Y quedó segunda en el área Río Atuel, pero no quiso hacerse cargo de la propuesta. Por eso la provincia pidió la ejecución de la garantía, que terminó en la causa civil. 
Cristóbal López tenía intereses diversos en Mendoza. Su principal negocio era el juego y se sumó luego, en pleno auge de la era K, al negocio petrolero. El grupo Índalo que lideraba creció fuertemente y en paralelo sumaba multimillonarias deudas con el Estado por falta de pago de impuestos y cargas previsionales. La entrada en desgracia golpeó a todo ese grupo. Acá primero se desprendió de los anexos del Casino que tenía. La petrolera Oil nunca hizo pie y sus actividades pasaron más por los estrados legales y oficinas administrativas que por el campo para explorar en busca de petróleo.
Oil y la empresa aseguradora Fianzas y Crédito S.A pidieron que se rechace el reclamo de la provincia por considerar que habían vencido los plazos para reclamar el derecho indemnizatorio porque la empresa Oil desistió de hacerse cargo de la exploración del área Río Atuel el 1 de octubre de 2.007 y los reclamos se hicieron cuando ya habían caducado los plazos.
El juez interpretó que no se habían vencido esos plazos porque hubo movimientos de ambas partes que indicaban el movimiento de expedientes y trámites. Además asegura que la cláusula era exigible por parte de la provincia porque estaba en las condiciones de la licitación que las empresas admitieron. "La garantía de mantenimiento de oferta tiene por finalidad asegurar la celebración del contrato en tanto aluden a la seriedad y permanencia de las ofertas; garantiza de tal forma al comitente que el oferente mantendrá las condiciones tal como las presentó en su propuesta", aclara la jueza.