El Gobierno se empieza a dividir por Milagro Sala
Hacia el interior del Gobierno, surgen disidencias en relación a los pedidos de libertad de Milagro Sala, detenida hace un año en Jujuy, especialmente después de las exigencias de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recientemente, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, pidió por la "libertad" de la líder de la Tupac Amaru. En esa línea, dirigentes cercanos al presidente comienzan a plantear en voz alta la necesidad de "cambiar de política" en relación con este caso.
De acuerdo con La Nación, el diputado del Parlasur y amigo de Macri, Fabián "Pepin" Rodríguez Simón, acuerda con la necesidad de respetar los pedidos de los organismos de derechos humanos, dejar libre a Sala después de más de un año de prisión sin condena efectiva y evitar que en cada viaje al exterior el Presidente sea interrogado por la detención de la líder de Tupac Amaru.
La misma postura, aunque con algunos asteríscos, también sostendría la canciller Susana Malcorra, además de Cantón, miembro del gabinete de María Eugenia Vidal y el único que lo dice de manera pública.
"Es uno de los problemas más complejos que hemos heredado. Pero no hay, al menos dentro de la Casa Rosada, posiciones divergentes con respecto a este tema. La justicia de Jujuy es independiente", afirmó una fuente "muy cercana a Macri", publicó La Nación.
El tema volvió a tratarse en la reunión de gabinete de la que Macri salió reiterando su postura pública: hay que dejar que la justicia de Jujuy trabaje y determine la culpabilidad o inocencia de la dirigente de la Tupac Amaru. "Transmití en la reunión que hay que estar en Jujuy para entender lo que pasa allí, ese estado paralelo que Milagro Sala generó en esa provincia", afirmó el radical Mario Negri.
La posición del titular del interbloque de diputados radicales escenifica el monolítico respaldo que la UCR brinda al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunciante de Sala desde 2009, cuando fue atacado por dirigentes que respondían a la líder de la Tupac y hoy con alta imagen positiva en las encuestas de su provincia.
Una posible medida cautelar de la CIDH o el grupo de trabajo de la ONU -invitado por el Gobierno para que en el mes de mayo fiscalice las condiciones de detención de Sala- dejaría al Gobierno sin más alternativa que disponer la liberación de la dirigente social, aun sin el aval de la justicia jujeña.