Femicidios: un fiscal y un sistema en la cuerda floja
Ayelén Arroyo denunció a su padre por abuso sexual, el fiscal Fabricio Sidoti no imputó al agresor a pesar de las pruebas y por eso quedó libre. Decretaron una orden de restricción sin ningún resguardo para la víctima y liberaron al acusado. Ayelén estaba sola en su casa, con su victimario con el camino libre para asesinarla, como ocurrió. Casi como una burla, el mismo Poder Judicial que antes le había dado la espalda a su denuncia, imputó por abuso a su padre. Pero muy tarde: la medida judicial llegó con ella muerta y solo por la presión social del caso.
El fiscal Sidoti, de Unidad Fiscal 25 de Luján - Maipú, quedó en la mira y muy cerca de ser acusado por mal desempeño. La denuncia presentada por Ayelén era grave y las pruebas y testimonios estaban al alcance de la mano. Sin embargo no imputó a Arroyo ni ordenó la captura. Menos dispuso alguna protección para la víctima. Ayer la coordinadora del Ministerio Público Fiscal informaba que el acusado era imputdo por femicidio por haber matado a su hija y también por abuso sexual agravado con acceso carnal en grado de tentativa en la causa que Sidoti no investigó el 14 de septiembre. Ese funcionario había sido nombrado en 2014 como fiscal de Instrucción en el Valle de Uco, pero estaba ubicado en otro lado. Ahora podría ser acusado en las próximas horas ante el jury por la negligencia que fue clave en la muerte de Ayelén.
Pero no con el caso de los femicidios todo el sistema de justicia quedó mal parado y los reclamos no parecen haber generado alguna reacción positiva. De hecho este año los femicidios se duplicaron: ya hubo 11 casos, contra 5 del año pasado.
En 2014 hubo 6 femicidios, según los datos relevados por la Corte Suprema de la Nación y aportados por el máximo tribunal de Mendoza. En total en 4 de esos asesinatos había denuncias previas por violencia de género y medidas no cumplidas. Es decir, nuevamente la negligencia judicial y policial aparecen como constantes. Uno de los más recordados fue el de Mariana Roby, la hermana de Matías (que era Ministro de Salud en ese momento). A pesar de las denuncias, no había protección para ella y su esposo la mató en el centro médico Palmares.
En 2015 la historia fue similar. Hubo 5 femicidios. En al menos 2 de ellos había denuncia por violencia de género previamente. Tampoco hubo medidas preventivas.
El procurador Alajandro Gullé sufrió en carne propia el desborde del tema y la falta de reacción del Poder Judicial. Lo mismo la fiscal Claudia Ríos, quien en dos días debió hacerse cargo de tres casos complejos y así debutó como fiscal especializada en homicidios.
Ante ese desborde y una marcha de más de 10 mil personas en la calle, Gullé adelantó una medida que había anunciado pero aún no tenía cerrada: la creación de una unidad fiscal especializada en violencia de género. Esa fiscalía se formará reciclando personal de otras dependencias y podría concentrar los recursos que ya tiene la Corte en la oficina de la mujer. El plan del Procurador era crear 6 unidades fiscales especializadas. Hasta ahora había concretado solo dos (homicidios y robo de automotores). La realidad le cambió los tiempos.