Camino allanado para Gullé en la Legislatura
El pliego del candidato a procurador de la Corte, Alejandro Gullé, inició este martes un cómodo recorrido legislativo que desembocará en la votación secreta del Senado el 30 de este mes.
La fecha de la votación del Senado, que será anunciada por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales durante esta jornada, permitirá que Gullé asuma al frente de los fiscales judiciales a un día de que termine la gestión de su antecesor Rodolfo González.
No se observa casi ningún frente de tormenta para el candidato de Alfredo Cornejo en este proceso. El oficialismo tiene los votos para imponerse -dispondría de 21, cuando le alcanza con reunir 20- sin necesidad de acudir al apoyo del PJ, partido que, de todos modos, no plantea reparos por ahora.
La identificación política de Gullé con Cornejo, criticada por algunos peronistas, es un argumento que los radicales no aceptan de quienes lo emiten: en la era justicialista, casi todos los nominados para cargos en la Justicia o en los organismos de control fueron dirigentes peronistas. Incluso, funcionarios en actividad y legisladores a mitad de su mandato.
Desde el PJ, por otro lado, se envió una señal de alerta sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que mandó el gobernador a la Legislatura. Una pelea política entre radicales y peronistas por ese proyecto podría, tal vez, hacer que el candidato a procurador pague las consecuencias.
Pero ese posible frente de conflicto también parece estar cubierto: es muy probable que el radicalismo acepte hoy en la Cámara de Diputados las correcciones que ha pedido el principal partido opositor.
Ese proyecto habla precisamente del trabajo en las unidades fiscales (ámbito de trabajo para el procurador) y está en plena discusión en la Cámara Baja. El peronismo, con respaldo de jueces y centros de estudio legales, se opone a la propuesta oficialista de que los ayudantes fiscales tengan atribuciones parecidas a los fiscales, que tienen rango de magistrados.
La UCR no ha sido hasta aquí muy flexible a modificar sus proyectos vinculados a la reforma judicial, pero en este caso, la actitud ha cambiado.
El diputado radical Jorge Albarracín reconoció ayer que se aceptarán los cambios del PJ que apunten a dejar en claro que los agentes fiscales no son magistrados. "Se van a precisar sus funciones y se dejará en claro que actúan bajo las órdenes de los fiscales, que son sus superiores jerárquicos", indicó.
Los cambios en este proyecto podrían terminar de asegurar un mar calmo para Gullé en la Legislatura. El trámite incluye también una audiencia pública, que se realizará el 24 de este mes. O sea, una semana antes de la votación.
Desde este viernes se abrirá una etapa de adhesiones e impugnaciones al pliego del candidato que durará 7 días. Los que impugnen a Gullé podrán interrogarlo el 24 en la audiencia pública, que no es un elemento vinculante pero sí puede condicionar la votación posterior.
Al menos por ahora, el Gobierno no cree que alguien vaya a oponerse a Gullé y confía en el respaldo que tiene dentro del propio Poder Judicial de Mendoza.
De hecho, el fin de semana pasado, el subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino aseguró que dos reconocidos abogados y militantes de los derechos humanos elogiaron al candidato. Se trata de Diego Lavado y Pablo Salinas.
Gullé, de larga trayectoria como juez y camarista, tiene fama de estar inclinado hacia la mano dura. Por ello, el apoyo del ala progresista sería vital y el funcionario lo dejó claro: "Les pedí a Lavado y Salinas que vayan a apoyarlo a la audiencia pública", afirmó D´Agostino.