El otro tarifazo que espera en la Corte
Mientras se discute judicialmente el aumento nacional de la luz, la "parte mendocina" de la tarifa sigue sumando incrementos graduales, tal como se estableció el año pasado. Pero en paralelo hay otro "tarifazo" interno que por ahora está frenado en la Justicia, pero que todos miran de reojo. Se trata del reconocimiento de deuda que hizo el ex gobernador Francisco Pérez a todas las distribuidoras eléctricas de la provincia y que implica un aumento latente de la tarifa.
El Decreto firmado por el ex Gobernador antes de dejar el cargo le reconoció el derecho a las empresas por la falta de actualización de la tarifa por dos años. El monto de ese reclamo es superior al que se creía y ronda los 2 mil millones de pesos que quedarían transferidos a la tarifa de los usuarios.
Kerchner contra el Gobierno
La medida está suspendida en la Suprema Corte y hasta ahora han fracasado todas las audiencias conciliatorias. El autor de la demanda es el actual ministro de Hacienda Martín Kerchner, quien quedó en una curiosa situación: la demanda la presentó el año pasado como usuario y contra la Provincia (es decir el Gobierno). Ahora Kerchner es ministro de ese Poder Ejecutivo. Sin embargo aseguró que la intención es seguir con la demanda hasta que se defina y evitar el pago que cree irregular. "No se puede anular el Decreto de Pérez porque ya le reconoció un derecho a la empresa. Por eso demandé como usuario porque no se siguieron los procedimientos legales para establecer si corresponde o no reconocer esa deuda y de cuánto es", aseguró Kerchner.
Lo curioso es que por norma los asesores legales del Estado deberían defender el Decreto emanado del Ejecutivo. Pero la orientación es otra. De hecho no se presentaron pruebas de parte del demandado para defender la decisión de Pérez.
La última audiencia conciliatoria fracasó de manera tajante. "Abierto el acto la parte actora manifiesta tener instrucciones expresas de no arribar a un acuerdo conciliatorio. Con lo que se dio por terminado el acto", dice el acta de la reunión, en la que participaron abogados del Gobierno, del Epre, de Fiscalía de Estado y la abogada de Kerchner.
Según el Ministro de Hacienda las distribuidoras reclaman un monto cercano a los 2 mil millones de pesos. A través del Decreto 390 del 2015 Pérez le reconoció "ingresos no percibidos" a las distribuidoras eléctricas. Edemsa sería la más beneficiada por la magnitud que tiene (el 70% de los usuarios). "Para el período comprendido entre el 1 de agosto del año 2013 y el 31 de diciembre del año 2015 el Poder Concedente reconocerá a las Distribuidoras el denominado "diferencial de VAD Propio por ingresos no percibidos", dice el artículo 4 del polémico Decreto. Esa norma es la que ratificaba nuevamente el acuerdo de "convergencia tarifaria" que impuso el Gobierno Nacional y que frenó los procesos de discusión tarifaria en las provincias.
En el Gobierno conducido por Alfredo Cornejo cuestionan a Pérez, pero no se quedan ahí: apuntan contra el Ente Provincial Regulador Eléctrico por haber dado luz verde a esa decisión. "El EPRE debería hablar del tema, porque le dio curso a ese reclamo de las empresas y al Decreto"; aseguran en el Gobierno. Desde el EPRE aseguran que se trata de una causa en contra del Gobierno y que "no involucra" al Ente Regulador. Incluso, aseguran, no han sido convocados; a pesar de que en las actas figura la presencia del abogado. En el sistema eléctrico hay otra deuda que preocupa y es la que tiene la distribuidora EDEMSA con CAMMESA, el mayorista de energía. Según aseguran, este año la empresa "está al día", pero arrastra cerca de 1000 millones de pesos de deuda. Hay una propuesta de pago a 10 años que aún no se ratificó. Algo similar le pasa a otras distribuidoras de otras provincias.