Godoy Cruz está en alerta por la conflictividad social
Godoy Cruz advierte síntomas de conflictividad social que por ahora no se observan en otros departamentos y busca prepararse con un protocolo para que los poderes del Estado accionen rápido ante usurpaciones de terrenos, cortes de calles y hasta eventuales saqueos de comercios.
Ayer, Tadeo García Zalazar, el intendente radical más cercano al gobernador Alfredo Cornejo, reunió en el municipio para discutir sobre estos problemas a los cuatro fiscales judiciales con jurisdicción en Godoy Cruz, al jefe de la Policía a nivel provincial, Roberto Munives; y al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Hugo Sánchez, quien hasta no hace mucho fue funcionario del departamento.
El motivo de este encuentro fue que se produjeron dos casos de usurpaciones en pocos días en barrios del oeste del departamento. Los hechos ocurrieron la semana pasada, primero en un predio de la calle Salvador Civit (cerca del hipermercado Libertad) y apenas tres días después en un loteo cercano al Corredor del Oeste.
El primer caso fue el más conflictivo, porque hubo enfrentamientos con vecinos y tensión con la Policía. Más de 100 familias participaron en ambos episodios, que al final se solucionaron sin violencia ni incidentes.
Pero al intendente se quedó con la preocupación. Él y sus funcionarios están convencidos que los dos hechos estuvieron armados por dirigentes políticos del departamento y de otros lugares de la provincia. Aseguran que hubo una logística aceitada para las usurpaciones y desde hace días se siembran sospechas sobre algunos movimientos kirchneristas con fuerte presencia en Godoy Cruz, como es el caso del MUP.
En el gabinete de García Zalazar ventilaron que temen que estas organizaciones preparen otros reclamos en los próximos meses para desestabilizar al heredero de Cornejo. "Ya hay un run-run de que a fin de año habrá saqueos en Buenos Aires y Rosario y eso se puede replicar aquí", confió un colaborador del intendente.
Aunque hay sospechas en firme y nombres de dirigentes kirchneristas dando vueltas respecto de las usurpaciones, el municipio no hará denuncias penales, como sugirieron los fiscales en el encuentro.
En cambio, García Zalazar trazó algunas líneas de acción con funcionarios y policías, las cuales pedirá que se tomen a nivel provincial. El criterio será que el desalojo se aplique en forma inmediata, un punto en el que se puso de acuerdo ayer con los fiscales Horacio Cadile, Lauro Monticone, Juan Carlos Alesandra y Gustavo Felhman.
Los fiscales le aclararon a García Zalazar que las usurpaciones son delitos flagrantes cuando la gente está en proceso de instalarse, por lo cual la Policía puede actuar para frenarlos sin autorización judicial.
La pelota pasó así al terreno de la fuerza policial, que se comprometió a darles a las tomas de terrenos una prioridad similar a los asesinatos y los accidentes cuando reciben este tipo de denuncias en el 911. Hasta ahora, no se les daba esa importancia. "Queremos que los distintos poderes lleguen juntos y a tiempo en estos casos", dijeron en el municipio.
En la reunión también se compartió información sobre las ubicaciones de 92 cámaras de video vigilancia que hay en las calles del departamento y se reclamó celeridad a la Justicia en el envío de oficios para rescatar las imágenes grabadas, que se borran a los 20 días.
La comuna no quiere dejarse sorprender por el fenómeno y por ello también anunció que habrá multas para los dueños de terrenos vacíos que se encuentran sin cierres y también castigos para las personas que participen de usurpaciones: podrían quitarles la ayuda social que hoy reciben.