Fuerte impacto de la parálisis del IPV
Parar una obra en tiempos de inflación puede tener un efecto fatal. Es lo que ha ocurrido en el Instituto Provincial de la Vivienda, que por la crisis registrada entre fines del año pasado y comienzos de 2016, pagará el 30 por ciento más de lo previsto por los proyectos en ejecución de casas sociales.
Así lo reconoció el presidente del organismo, Damián Salamone. Si bien el funcionario aseguró que el IPV ya pagó todas las deudas de 2015, los valores cambiaron y ahora terminar las viviendas iniciadas tiene otro precio.
La crisis financiera de la última etapa del gobierno de Francisco Pérez tuvo un efecto letal en la construcción de viviendas sociales. La Nación dejó de enviar fondos en agosto de 2015 y Pérez no tenía plata para mantener la construcción en marcha.
La consecuencia fue la parálisis de la construcción en el IPV, situación que se extendió hasta los primeros meses de la administración de Alfredo Cornejo.
Reactivarla costó, porque dependía de acordar con las empresas el pago de las deudas en bonos, medida que tomó el Gobierno para suplir la falta de fondos.
Hoy, el jefe del IPV asegura que tiene "todas las obras al día". Esto tras acordar el pago de deudas del año pasado que ascendían a unos 320 millones de pesos en total.
Pero el congelamiento de obras no será gratuito. En ese sentido, Salamone adelantó que la Nación tiene previsto lanzar en octubre una nueva normativa para evitar que las demoras de la construcción deriven en costosas redeterminaciones de precios.
El poder de la Tupac
El programa social de viviendas sociales más importante se denomina todavía "Techo digno" y se financia entre la Nación y la Provincia, con porcentajes del 70 y el 30 por ciento respectivamente.
El IPV recibió en este sentido un total de más de 4.000 viviendas en ejecución y cerca de 500 licitadas por el gobierno anterior.
La cifra se duplica si se cuentan otros proyectos que impulsó la gestión anterior que están aprobados, pero que no contaban con financiamiento. Semejantes cifras dejaron a este gobierno casi sin margen para lanzar nuevas iniciativas de vivienda: la prioridad será terminar lo iniciado y lo que Paco prometió.
Esa herencia incluye 738 casas (por más de 220 millones de pesos) que construye en Mendoza la agrupación kirchnerista Tupac Amaru.
Esta organización se acreditó numerosos cupos del “Programa de Integración socio-comunitaria” que repartía la Nación casi en forma directa, con escasa intervención del IPV.
La relación directa del Gobierno Nacional con la Tupac dejó en un plano muy menor al Gobierno provincial. En todo caso, para este programa, los importantes eran los intendentes: ellos debían hacerse cargo de conseguir los terrenos y urbanizarlos para poder desarrollar los barrios.
Este modelo ha generado problemas en algunas intendencias, como es el caso de Lavalle. Justamente las deudas generadas en este departamento, donde es fuerte la Tupac, provocaron el primer conflicto importante entre la gestión radical y la organización social que militaba para el gobierno de Cristina
La Tupac acudió a un corte de calle esta semana para reclamar una deuda de 14 millones de pesos correspondiente a las viviendas que construye. Pero el IPV sólo se comprometió a pagar 2,5 millones en el corto plazo.
Si bien el presidente del IPV reconoce que la organización ha certificado obras por 8 millones de pesos, afirma a la vez que no se completaron los trámites para la constitución de un "fondo complementario", que es el mecanismo que permite a la Provincia afrontar pagos mientras llegan los recursos de la Nación.
A pesar del conflicto, el IPV asegura que se han producido negociaciones razonables con el grupo local que nucleaba a nivel nacional a la militante kirchnerista Milagros Sala.