Se va González, pero Carniello sigue en problemas
Anunció su renuncia Rodolfo González. Sin embargo, no hay por ahora ningún dato que garantice que mejorará la suerte del fiscal Daniel Carniello, a quien el veterano procurador de la Corte quiere sacar de la Justicia hace tiempo.
Carniello ya logró zafar de dos denuncias de González en el Jury de Enjuiciamiento. Pero todavía falta resolver la tercera, que tiene fecha de tratamiento para el 28 de julio.
El órgano que controla a los magistrados está compuesto por legisladores y miembros de la Corte. El ex fiscal especial ha contado hasta ahora con respaldo político del PJ para zafar en las votaciones. El radicalismo, en cambio, siempre ha avalado las denuncias de González.
Esa situación parece mantenerse un día después del anuncio de la jubilación del Procurador. Un legislador radical lo confirmó al indicar que no cambia nada la renuncia de González.
En realidad, quien firmó esta tercera acusación es el procurador subrogante, Darío Tagua. Por lo tanto, el razonamiento radical es que el Jury debe resolver lo que la Procuración pidió.
Pero el justicialismo tiene una mirada diferente. Dicen sus referentes que los radicales tienen que cumplir con un pacto con González, el cual implicaba echar a Carniello para que el procurador renunciara.
Fuera de las especulaciones opositoras, hay que decir que los miembros del Jury tienen en sus manos el escrito de defensa de Carniello desde la semana pasada. El análisis se extenderá hasta fin de mes debido a que en el medio cae el receso legislativo.
El nuevo caso tiene que ver con los anteriores, ya que surgió durante las escuchas que revelaron relaciones dudosas entre el fiscal y un informante. No se detectaron delitos en esas conversaciones, pero sí surgió una ramificación: "la causa Vildoza".
Al parece, el informante Enzo Stuto tenía interés en que zafaran de denuncias unos allegados suyos. Se trata de un chofer y dos personas a quienes se les secuestraron dos armas: una escopeta calibre 1270 (Itaka) y una pistola Bersa. Esto ocurrió en el control de la localidad de Jocolí, en Lavalle.
Resulta que las armas encontradas eran de la Policía. Los cuestionamientos a Carniello son por no haber dejado detenidas a estas personas y por haber devuelto las armas a los efectivos sin averiguar más acerca de esta situación irregular.
Al parece hay atenuantes en el caso. Uno es que la escopeta estaba descargada. El otro, que las armas no eran ilegales y tenían papeles.
La escopeta estaba en poder de los guardias, que iban en un auto. El arma, en la guantera del camión custodiado, a bordo del cual viajaba sólo el chofer.
El caso ofrece una derivación fuerte. Las personas involucradas eran civiles y no se descarta que estuvieran cubriendo un servicio extraordinario de los policías a quienes pertenecían las armas secuestradas.
Justamente en estos días, el Gobierno lleva adelante un proceso de investigación importante contra policías de alto rango por las irregularidades encontradas en los servicios que la Policía realiza para privados.
En la reunión del 28 de julio, el Jury deberá votar si acepta o no esta denuncia y otra vez Carniello estará frente al riesgo de quedar suspendido. En caso contrario, la causa será archivada.