Harán caer una controvertida licitación petrolera
Tras haber conseguido que el Casino Cóndor se comprometiera a pagar impuestos para permitirle seguir funcionando, el gobierno de Alfredo Cornejo apunta ahora a ejecutar otro contrato con una empresa privada que también viene siendo objetado no solo por el Estado. Sino que también por la Justicia.
En menos de dos semanas, el gobernador firmará el decreto que hará caer la concesión dispuesta en 2011 para el área petrolera conocida como Chañares Herrados, permiso que fue concedido durante la administración de Celso Jaque y por cuyo trámite resultó imputado el exgobernador Francisco Pérez.
Según ya se definió luego de un proceso que comenzó en febrero pasado en el seno del ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Enrique Vaquié, el Gobierno hará caer el permiso para la explotación petrolera que hoy está en manos de la empresa Medanito SA y que estaba previsto que durara hasta 2027.
Y en ese sentido llamará a una licitación para hallar un nuevo operador en el lapso de un año.
Si bien hasta el momento no se conocen más detalles de los argumentos del Poder Ejecutivo, si se sabe que el andamiaje jurídico para tomar la decisión está basado en el incumplimiento de las inversiones comprometidas.
El decreto que firmó Jaque (1467/11) estableció que las inversiones debían producirse de manera permanente y sostenida en la zona y, como consta incluso en expediente judicial, en el período que va del 201 al 2014, de los U$S 412 millones que se deberían haber invertido durante los primeros cinco años que vencieron en diciembre pasado, en Chañares solo se invirtieron en trabajos de explotación y explotación U$S 88 millones.
La decisión de Cornejo impactará fuerte en por lo menos dos ámbitos: el empresario y el judicial.
Uno de los socios de Chañares, la empresa El Trébol, todavía participa del negocio y allí está involucrado, a través de una firma denominada Mercuria, el grupo Vila Manzano.
No es un secreto en el ámbito del negocio petrolero local que Mercuria apostaba a quedarse con la explotación del área. Cosa que ahora no podrá porque el decreto de Cornejo se lo terminará impidiendo.
El problema para Pérez
La caída de la concesión petrolera pegará también en otro lado. La prórroga de la concesión de Chañeares Herrados de 2011 está siendo investigada por la Justicia y como consecuencia de ello ya fue imputado el exgobernador Pérez por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su participación como ministro de Infraestructura de Celso Jaque en la prórroga de las concesiones petroleras de aquellos años.
Junto a él, cayó otro grupo de exfuncionarios: el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni; el ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez; quien lo reemplazó a este, Pedro Sánchez; y el exdirector de Petróleo Pablo Ropero.
La imputación fue decidida por el fiscal Juan Manuel Bancalari hace unos meses nada más y fue a su vez consecuencia de una denuncia de un dirigente del Partido Demócrata, Jose Rubio, quien desde hace décadas viene litigando, con YPF fundamentalmente, por la cuenca El Carrizal.
El disparador fue la venta de Chañares en el año 2014 a Medanito, por un valor de U$S 85 millones, que terminó por comprobar las sospechas de que, a través de esa operación, no se buscaba mejorar la producción de petróleo sino solo hacer un negocio inmobiliario avalado por una mala fiscalización del Estado provincial.
Sin embargo, con el de venir de la pesquisa, se detectó que, más allá de esa operatoria objetable, los entonces funcionarios vinculados a la actividad petrolera otorgaron una prórroga a una empresa que difícilmente iba a llegar a cumplir con las metas pautadas, como ahora ratificó el gobierno de Cornejo.
Según figura en el expediente que maneja Bancalari, independientemente de la ya acreditada falta de inversiones, se sabe que Chañares Herrados o bien falseó o bien ocultó información para poder quedarse con el negocio.
Además, que presentó balances económicos y financieros dibujados que además no estaban certificados.
Asimismo mintió acerca de las reservas posibles en el área, a las que estableció en 12 millones de metros cúbicos mientras que una auditoría posterior estableció que las reservas apenas si llegaban a 1,2 millones de metros cúbicos.
El patrimonio neto que declaró la empresa también fue objeto de las sospechas del fiscal: 12 millones de pesos para una inversión prometida, en un decenio, de 1.103 millones de dólares.
Pérez alegó en su defensa ante Bancalari que toda su participación en esa negociación se remitió a la firma de un acta acuerdo con las empresas y que luego las adjudicaciones fueron refrendadas por un decreto de Jaque.
El argumento puede resultar válido desde lo político. Aunque le costará ahora al exmandatario zafar de la nueva complicación judicial que le traerá la determinación de Cornejo de terminar con un contrato plagado de irregularidades.
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