Casino Cóndor: el punto que traba el acuerdo

En el Gobierno sostienen que sólo un punto impide que la empresa KLP firme el acuerdo necesario para que siga operando el Casino Intercontinental: la decisión oficial de que el arreglo económico pase por la Legislatura.

Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no ha cedido. Insiste en darle al pacto esa vidriera política. Pero los empresarios rechazan esa instancia de ratificación. "Tienen miedo de que no se apruebe esa ley", afirman algunos testigos de las negociaciones que hubo esta semana.

No suena demasiado probable que eso ocurra debido a la mayoría oficialista de las cámaras legislativas. Garfunkel y sus socios deberían manejar ese dato político ¿Entonces hay algo más? Hay que esperar para saberlo. Por lo pronto, Los abogados discuten los puntos, van y vienen, y aprietan por los lados judicial y sindical, dejando siempre la sensación de que el final está abierto.

Los empresarios exprimen el tiempo, que por el momento juega a su favor. Recién dentro de una semana se vence la suspensión de la casa de apuestas que dispuso el Instituto de Juegos y Casinos, bajo la amenaza fuerte de cerrar el casino del Hotel Intercontinental. 

En el medio, se insiste oficialmente en que está en pie la promesa privada de pagar las deudas impositivas de 37 millones de pesos que tienen con el Estado mendocino. Juran que tienen hasta los cheques emitidos (los aporta un tercero que comprará la deuda del concurso de acreedores), pero en el Gobierno aún no los han visto.

Si eso no fuera cierto, el cierre del casino sería el final más lógico. Alfredo Cornejo y sus funcionarios del área del juego oficial han puesto la vara muy alta y será muy nocivo para ellos desde lo político dar marcha atrás, después de haber llegado tan lejos. 

Hay que recordar que el objetivo de Cornejo es diferenciarse claramente de la anterior gestión justicialista, que permitió a KLP seguir operando a pesar de sus deudas con el Estado.

El propio Cornejo se encargó de aclarar ayer que ninguna medida judicial servirá para frenar el cierre si el pacto no se cumple. Sucede que KLP presentó ante la Justicia una medida cautelar contra la suspensión del casino. 

Este viernes, el Gobierno deberá dar una respuesta a esta presentación y, luego, será el turno de la Fiscalía de Estado. Si esa medida cautelar saliera a favor del privado la semana próxima y no hubiera arreglo por la deuda, el Gobierno, según promete, avanzaría hacia el cierre, como tenía previsto al principio.

Mientras se tejen estas especulaciones, los abogados de uno y otro lado siguen trabajando en las características del acuerdo. Además de liquidar los 37 millones de pesos, los empresarios adquirirán el compromiso de pagar otros 60 millones, en concepto de multas, a lo largo de 36 meses.

A nadie le suenan bien las moratorias, menos en esta gestión, que tiene fuertes reproches al perdón de deudas y un perfil de duro control sobre el juego. Por eso aparece la aclaración oficial: los 3 años de plazo representan un plan de pagos que cualquier tipo de moroso puede suscribir ante la ATM, dicen. Con los intereses respectivos, es decir, sin privilegio alguno para este grupo poderoso.

Por el lado del Gobierno, se sigue elaborando el proyecto de ley, en el que se expresaría que el atraso de una sola cuota del plan de pagos sería causal suficiente para cerrar el casino del Intercontinental en forma definitiva.

Además de renegar de estas condiciones, KLP busca enfrentar a los empleados en riesgo de perder sus trabajos con el Gobierno. Un sindicato (Aleara) se mueve en esa línea: quiere que el malo sea el Gobierno, no los empleadores-deudores.

Hay más de 400 puestos de trabajo en juego y el Gobierno se queja puertas adentro de maniobras como la demora en el pago del aguinaldo.

Todo sirve, según parece, en el tironeo fino del casino. La trama hasta tiene un dato curioso. Hay un abogado de apellido Urritigoity trabajando para KLP. Es pariente de otro letrado con el mismo apellido que trabaja para la Asesoría de Gobierno. El vínculo de estos dos familiares con intereses contrapuestos es muy lejano, aseguran en el Ejecutivo.