Giro en el plan para bajar el hacinamiento carcelario

Al menos ese es el plan que esbozan los funcionarios, a un mes de la sanción de la ley de prisiones preventivas, que implicará el incremento de la población de las cárceles.

La sucesión de autorizaciones legislativas todavía no genera soluciones concretas en ese sentido. Dentro de la ley de Emergencia en Seguridad, Cornejo recibió hace tres meses el permiso para endeudarse en 160 millones de pesos con el objetivo de mejorar la infraestructura de las cárceles. Pero en el Ministerio de Seguridad afirman que las obras no comenzarán hasta setiembre.

A su vez, esta semana se terminó de aprobar otro endeudamiento de 90 millones de dólares, en este caso, para la construcción de un penal para 900 personas en Cacheuta. Pero inesperadamente el Poder Ejecutivo dejó de lado el proyecto original y trabajará en uno nuevo. Se desconocen los plazos de esta licitación.

Prometen ahorrar 15 millones de dólares

Sobre la cárcel nueva apenas se sabe que el Ministerio de Infraestructura piensa gastar menos que lo que habría demandado el proyecto del empresario sanrafaelino Omar Álvarez. 

El presupuesto ahora es de 75 millones de dólares, según estimó el ministro Enrique Vaquié.

Vaquié también indicó que el remanente de 15 millones de dólares (unos 230 millones de pesos) se utilizará para arreglar la infraestructura carcelaria que hay. Se trata de una suma superior a la aprobada en la propia ley de Emergencia en Seguridad para mejorar las cárceles.

Esto quiere decir que el Gobierno ahora cuenta con el permiso para gastar un total de 390 millones de pesos en arreglos para el sistema penitenciario.

Según precisó el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Néstor Majul, el financiamiento disponible por la ley de Emergencia se destinará a cuatro complejos: Boulogne Sur Mer, San Felipe, cárcel de San Rafael y El Borbollón, de Las Heras, que aloja mujeres.

Unos 125 millones se utilizarán en los complejos del Gran Mendoza y 35 millones se destinarían al presidio de San Rafael, donde el deterioro edilicio es muy grande, según reconocen las autoridades.

No hay por ahora un detalle de las obras a realizar, pero entre ellas se menciona la reparación de la red de cloacas de la cárcel de Boulogne Sur Mer, cuyo mal estado ocasiona problemas no sólo dentro del complejo, sino en toda esa zona de la Capital.

En cuanto al saldo que dejará el financiamiento para la nueva cárcel, no se ha aclarado su destino. El Ministerio de Infraestructura espera instrucciones, pues es el "brazo ejecutor" de lo que decidan hacer otras áreas.

La nueva cárcel

La nueva cárcel de Cacheuta es uno de los proyectos considerados prioritarios para el segundo semestre de Cornejo en el poder, pero nadie ha indicado plazos para el inicio de la construcción.

Las últimas noticias hablan, en cambio, de lo que no se hará: esta semana fracasó definitivamente  el proyecto que venía empujando el empresario Álvarez desde la gestión de Francisco Pérez.

Álvarez tenía un negocio y un proyecto, pero en poco tiempo, el negocio desapareció y el proyecto fue dejado de lado.

Lo cierto es que plata para el sanrafaelino no va a haber, pues esta semana la Legislatura descartó la posibilidad de hacer la nueva cárcel a través del sistema de iniciativa privada, un mecanismo que le daba ventajas considerables en la licitación de la obra.

Luego el propio dueño de Obras Andinas, en medio de sospechas y críticas, anunció la donación del proyecto al Gobierno.

Esto implicó la renuncia del empresario a recibir cualquier tipo de honorario, a pesar de que ese proyecto había sido valuado al menos en 20 millones de pesos.

Pero el gesto de Álvarez sirvió de poco. Aunque  algunos funcionarios habían elogiado la iniciativa antes, principalmente debido a que permitiría agilizar la construcción, esta semana el ministerio de Infraestructura informó que sólo utilizará "la base".

Desde el ministerio de Vaquié se indicó que ese proyecto era muy pretencioso y que la cárcel a construir, por comodidades y espacios, iba a ser demasiado superior a los complejos existentes.

Por otra parte, en la Legislatura el oficialismo sostuvo que había un problema de marco legal para avanzar con la iniciativa privada, mientras que otras fuentes, en cambio, hablaron de no "quedar pegados" a un empresario.

En el medio, cobró cierta fuerza el conflicto con los empleados de la Dirección de Administración de Contrato y Obra Pública, que salieron a denunciar la "privatización" de proyectos públicos.

La pelea de estos empleados con el Gobierno por sus salarios y por el despido de un compañero repercutió en el debate de la cárcel: acusaron a Cornejo de dejar de lado un proyecto de ampliación de Almafuerte que está disponible desde hace varios años para beneficiar a Álvarez.

Todo ayudó para que el proyecto de la nueva cárcel quedara sin definición, aunque el Gobierno promete que ajustará los plazos de construcción de 3 a 2 años, para evitar más dilaciones.