Se estira el suspenso por la designación del nuevo Procurador

Por ello, tras el retorno a la actividad de la Legislatura, que estará cerrada hasta el viernes inclusive, todo indica que el anuncio del envío del pliego del nuevo procurador sería inminente.

Sin embargo, en las últimas horas, en el propio Gobierno hubo correcciones que tienen que ver con la formalidad del proceso. Según indicaron fuentes del oficialismo, no corresponde que se avance con el nombramiento del nuevo procurador hasta que González "esté en condiciones de cobrar su primer haber jubilatorio".

Esto implica una demora en el trámite de designación, que arrancaría recién a fines del mes que viene o a principios de setiembre. Hasta entonces, según se indicó desde el entorno de Cornejo, tampoco se conocería el nombre del nuevo jefe de los fiscales, que es mantenido en secreto por el mandatario.

A pesar del apuro oficial, a partir del envío del pliego a la Legislatura, comenzará un proceso de nombramiento que puede demorar hasta un mes. En el medio debe realizarse una audiencia pública y todo culmina con la votación secreta del Senado, en la cual el elegido debe tener la mitad más uno de los votos.

Durante ese tiempo, la jefatura de los fiscales recaerá sobre el procurador subrogante. Se trata del fiscal de la Segunda Cámara del Crimen, Darío Tagua.

Demorar la designación del nuevo procurador traerá aparejado otros retrasos en el plan de Cornejo contra el delito. En este sentido, es un hecho que tampoco la Legislatura discutirá a la brevedad la modificación de la ley Orgánica del Ministerio Público (8008), que es la que rige la tarea del procurador.

Para el oficialismo, lo correcto es que el futuro procurador de la Corte intervenga en la redacción de ese proyecto, del que han trascendido al menos dos ideas para empoderar a quien ocupe el cargo. Una es que las defensorías oficiales dejen de depender de él, como ocurre ahora, y que sólo funcionen bajo su órbita los fiscales. La otra es más compleja: darle al jefe de los fiscales la facultad de dictar órdenes de allanamiento sin tener que esperar la autorización de los jueces de garantías.

No es la primera vez que un gobierno piensa en agilizar las pesquisas con esta medida, pero en otras ocasiones no se avanzó, porque la innovación podría chocar contra los preceptos de la Constitución provincial. Para eliminar todo riesgo de colisión con la Carta Magna, el cambio no debería realizarse por medio de una ley, sino a través del engorroso mecanismo de la enmienda constitucional, que obligaría a esperar para su aplicación efectiva hasta el año que viene.

Mientras decide qué hacer, el Gobierno soltará parte de su plan para mejorar la Justicia. Es que, además de ampliar las facultades del procurador, el Ejecutivo planea otros cambios.

El propio gobernador señaló ayer que la semana que viene podría enviar a la Legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que apunta a la agilización de las notificaciones judiciales, entre otras cosas.

El Gobierno ha hablado, además, de otros cambios relevantes. El principal, que el sistema acusatorio, que es precisamente el que deposita las investigaciones de los delitos en manos de los fiscales, llegue finalmente a los departamentos del Sur y del Valle de Uco, donde no se aplica aún, a pesar de que la ley respectiva se sancionó hace 17 años.