Cárcel: Imparado pidió no clausurar los pabellones en riesgo
El Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado, pidió a las autoridades que eviten clausurar los pabellones en riesgo de derrumbe de la cárcel de Boulogne sur Mer debido al agravamiento del "hacinamiento" en la prisión, y reconoció que "tomar medidas preventivas" con los detenidos "será un trabajo complicado". De todos modos, responsabilizó al Estado por la situación de los presos y recordó que en Mendoza " no tenemos un lugar de detención donde sobre espacio".
Durante una entrevista en el programa Hacete Cargo, de MDZ Radio, Imparado fue consultado sobre los resultados del informe pedido por el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, que revela el estado de la infraestructura de la cárcel de Boulogne sur Mer. En el documento se asegura que hay al menos cinco pabellones con peligro de derrumbe, que albergan alrededor de 350 detenidos.
Tras señalar que "el penal de Boulogne Sur Mer es centenario y las lluvias terminaron de complicar el panorama", Imparado explicó que "cuando me enteré de esto, lo primero que pedí es que no clausuren ningún pabellón, ya que puede ser grave por las cuestiones de hacinamiento" y manifestó que "tomar medidas preventivas con las personas ahí será un trabajo complicado", por lo cual "habría que consultar con un especialista para ver si es posible tomar medidas preventivas mientras las personas estén ahí alojadas".
De todas formas, el procurador penitenciario aseguró que "la responsabilidad de que pase algo (a los presos) es del Estado, como guarda de estas personas".
Según Imparado, "en la provincia no tenemos ningún lugar de detención donde sobre espacio, ni hay un pulmón que permita alojar más detenidos mientras se hacen las refacciones".
La situación del ex COSE
Por otra parte, el funcionario fue consultado sobre su pedido de información en cuanto a las requisas que se realizan en el edificio del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE), ya que existen denuncias por prácticas intimidatorias y vejatorias hacia los familiares de los jóvenes alojados. "No hemos tenido respuesta formal de las autoridades, y tampoco recibimos más reclamos, pero entendemos que no ha variado demasiado esa práctica".
"Nosotros pedimos que esas prácticas se dejen de implementar, sobre todo porque se aplicaban sobre los visitantes, como mujeres, embarazadas o mayores de edad. Ese tipo de requisas no pueden ser admisibles a esta altura del estado democrático", añadió.
Por el momento, según Imparado, "la investigación decidimos frenarla hasta tener una respuesta oficial".
Finalmente, Imparado reflexionó sobre este polémico organismo: "Estas instituciones siempre han requerido de un esfuerzo extra del Estado para poder cumplir con las funciones básicas, ni siquiera hablo de los estándares en la materia. Yo no sé el reclamo actual si es de la Dinaf o de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, pero sí son ámbitos donde siempre es necesaria la incorporación de personal y la capacitación permanente".