Otra ley de Cornejo para darle "celeridad y eficacia" a la Justicia
El vértigo de leyes centradas en la Justicia que ha impuesto el gobierno de Alfredo Cornejo sigue. En estas horas, el Poder Ejecutivo le da los últimos retoques a un proyecto que propone medidas para lograr la "celeridad y eficacia" de los procesos penales.
Como los más importantes sancionados hasta aquí, la mirada está concentrada en la labor de los fiscales, "para reforzar el sistema acusatorio", según explican en el Ejecutivo. La idea más importante que está en estudio es la creación del co fiscal o una figura similiar que colabore con los encargados de llevar adelante la acción penal.
El martes hubo una reunión entre los miembros de la Corte, el procurador Rodolfo González y tres funcionarios del Ejecutivo para estudiar el proyecto. Cornejo envió al ministro de Gobierno, Dalmiro Garay; el titular de Seguridad, Gianni Venier; y el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino.
La Corte y el procurador plantearon algunas dudas respecto de las funciones y el rango de los co fiscales tal como aparecían en el borrador y el proyecto se frenó. Se presentaría, retocado, recién la semana próxima.
En cualquier caso, la idea es que cada fiscal tenga un funcionario que lo ayude para agilizar las causas menores y que eso le permita concentrarse en los casos más importantes.
El momento de la Justicia
El momento de la Justicia mendocina es impreciso porque las innovaciones que propone Cornejo contrastan con el retraso estructural.
El nuevo Código Procesal Penal fue sancionado en 1999. El gran cambio fue pasar a un sistema acusatorio donde la investigación penal quedaba en manos de fiscales, no de los jueces de instrucción, y se integró a las fiscalías a las comisarias para agilizar los procedimientos.
Sin embargo, 17 años después de aquella sanción, el nuevo CPP todavía no se aplica por problemas de recursos, en el Valle de Uco y el Sur de la provincia.
A pesar de ello, el Gobierno avanza con cambios sobre ese nuevo CPP, con más herramientas y funciones para fiscales y jueces de garantías, y se propone lograr "la unificación de procedimientos", aunque la Provincia aplique dos códigos diferentes.
Para las zonas donde se aplica el nuevo CPP, hay 37 fiscales de instrucción en total, quienes absorben las causas penales y correccionales. Sus colaboradores son los ayudantes de fiscales que están en cada unidad fiscal y el personal de esas unidades, que son secretarios y pro secretarios.
Según la coordinadora general del Ministerio Público, María Teresa Day, las tareas asignadas a ellos se tornan difíciles de cumplir. Entre ellas aparece el requisito de visitar diariamente todas las unidades fiscales bajo sus jurisdicciones, algo que no siempre se cumple.
El Gobierno pretende además profundizar el sistema de oralidad y para los fiscales es un problema creciente la participación en todas las audiencias. De allí surgió la idea de crear el co fiscal.
El primer borrador del proyecto asimilaba los co fiscales a los co defensores, pero desde el Poder Judicial señalaron que la defensa puede ser ejercida por cualquier abogado, mientras que el fiscal "lleva adelante la acción penal y tiene otros atributos constitucionales".
Surgió entonces como alternativa que directamente se creen más cargos de fiscales, pero esto fue puesto en duda porque "no hay plata", según sentenciaron en el Poder Ejecutivo.
El proyecto oficial incluirá también, entre otros cambios, la aplicación de las notificaciones a través de todo tipo de medios electrónicos en la Justicia Penal, para evitar que esa parte del proceso genere demoras.
Hay que recordar que este proyecto se sumará a un cúmulo de ideas que en pocos meses ya se han convertido en leyes para la Justicia.
Entre ellas, la más importante fue la que endureció las prisiones preventivas y restringió las excarcelaciones.