Fuerte embestida del Procurador contra el ministro Palermo
Tres pedidos de informes que tratará hoy la Cámara de Diputados buscarán aclarar la situación de los presos detenidos en las cárceles mendocinas y podrían forzar a que la Corte provincial de explicaciones sobre el fallo emitido en diciembre pasado a favor de los internos que sufren hacinamiento en esos presidios.
Los pedidos llevan la firma del diputado del PRO Pablo Priore, quien se ha hecho eco del conflicto que hace meses protagonizan el Procurador de la Corte, Rodolfo González; y el ministro Omar Palermo, impulsor del fallo mencionado.
La desconfianza en los números expresados en la sentencia de diciembre marca los tres proyectos de Priore. El primero de ellos le reclama a la Corte "estadísticas públicas" que avalen el argumento de que se ha incrementado en los últimos años la población de presos procesados, del 36 por ciento en 2010 al 48 por ciento en la actualidad concretamente, de acuerdo con la sentencia mencionada.
Otro pedido reclama también estadísticas, en este caso al procurador González, sobre la cantidad de "detenidos sin condena firme", lo cual es uno de los elementos del habeas corpus colectivo a favor de los internos que aceptó la Corte.
Pero el tercero es el más importante. Priore pide la remisión de un expediente al Primer Juzgado de Garantías en Flagrancia para dilucidar un caso considerado "paradigmático" por la Corte para emitir el fallo en cuestión.
Según se lee en el fallo de la Corte, "cerca del 56 por ciento de las personas privadas de libertad aún se encuentran detenidas por orden fiscal sin auto de prisión preventiva dictada. En este sentido, un ejemplo paradigmático de esta situación proviene de una reciente solicitud de prórroga de la prisión preventiva requerida a la Sala II de esta Suprema Corte de Justicia en la que pudo constarse que el imputado había transcurrido 1 año y 8 meses detenido sin prisión preventiva".
Pero según indicó el procurador, hay un error grave en esos párrafos. González afirmó que el "ejemplo paradigmático" no se corresponde con el expediente "F C/ Lázaro Benavides Adrián Javier P/ Lesiones Leves Dolosas P/ Recurso Extraordinario de Casación".
Sostuvo González que "este último expediente no corresponde a una causa con un imputado detenido sin prisión preventiva puesto a disposición del Fiscal por un término de un año y ocho meses", sino que ese expediente "ingresa por Recurso de Casación" después de que hubiera condena en su contra.
"El mismo fue resuelto el 22/12/2015, haciendo lugar a lo solicitado por la defensa técnica del imputado, por lo que el imputado estuvo detenido por sentencia condenatoria no firme desde el 04/08/2014 hasta el 22/12/2015 porque la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia resolvió después de transcurrido más de un año y cuatro meses", le reprocha el Procurador a la Corte.
La intervención de Cornejo
El procurador expresó estos argumentos en el propio Poder Judicial, pero no logró que la Corte corrigiera el supuesto error en el fallo. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. A través de Osvaldo Quiroga, un activo dirigente de las víctimas de delitos y crítico acérrimo del juez Palermo, el caso llegó a manos del diputado Priore.
González, además, habría puesto en conocimiento de la situación al propio gobernador Alfredo Cornejo, quien por otro lado autorizó personalmente a Priore (un disciplinado legislador del frente oficialista Cambia Mendoza) a avanzar con la investigación que busca comprometer a Palermo.
No es un dato menor en este sentido la reacción que tuvo Cornejo a fines del año pasado ante el fallo de Palermo: lo cuestionó y luego hizo sancionar una ley que, en lugar de restringir la prisión preventiva, endurece el régimen.
¿Juicio político?
Consultado por este diario, Priore no dudó en señalar que el caso puede ser grave y sostuvo que las denuncias de González podrían tener fuertes derivaciones.
Según el legislador, si se comprueba el error marcado por el procurador, los ministros que firmaron el fallo de diciembre podrían haber incurrido en "prevaricato" y en base a ello incluso "se podría presentar un pedido de juicio político".
La sentencia que originó este conflicto no fue avalada por todos los miembros de la Corte. Los argumentos de Palermo tuvieron la adhesión de Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares. En cambio, no los suscribieron el presidente Pedro Llorente y los ministros Mario Adaro y Herman Salvini.