La corrupción que rodea a la Policía
Todos sabíamos que en el combate contra la inseguridad, la policía de Mendoza es una fuerza mal preparada. Pero caímos en la cuenta en estos días de que estamos ante el peor de los escenarios: una buena parte de su cúpula también es corrupta.
Los pases a pasiva dispuestos para cuatro comisarios generales, Gustavo Garis, Edgardo Mestre, Víctor Loyola y Darío Irrutia, por distintos tipos de irregularidades, comenzó a dejar al descubierto la forma en que los encargados de combatir el delito en los territorios venía trabajando.
A los tres primeros miembros de alto rango, se los sospecha de haberse quedado con al menos $10 millones procedentes de los servicios extraordinarios. Y al último, por la designación de un informático trucho en el ministerio de Seguridad, que entre otras maniobras, habría destruido archivos de inteligencia y otros datos clave luego del cambio de gobierno en diciembre.
Es muy probable que haya más. Las autoridades del ministerio de Seguridad y la Inspección General de Seguridad denunciarían en días a por lo menos otros cuatros comisarios generales, involucrados ya no solo en los desmanejos de los extras que cobran los policías. Este lote, tenía montado un negocio dentro mismo de la fuerza para el contrabando de repuestos de los móviles.
La policía de Mendoza no quedó excenta de la forma en que los dos últimos gobiernos del PJ manejaron la cosa pública. Pero nadie imaginó el panorama actual.
Lo que se descubrió hasta aquí y lo que se conocerá, desnuda la forma en que se diluyó el histórico proceso de reforma que se llevó adelante en la provincia en 1999. Poco menos de veinte años después, otra vez la policía está envuelta en escándalos de corrupción, prácticamente inmanejable y con la necesidad de aplicar purgas.
Y así como un gobierno de color justicialista fue el encargado de llevar adelante aquella transformación, otro fue el que se ocupó de destruirla.
Los años de control de Carlos Ciurca tanto de buena parte de las políticas como de la conducción en Seguridad, llevaron entre otras consecuencias, a la formación de una red de comisarios ligados al poder político que, una buena parte de ellos , o bien ya fe desplazado o está sujeto a investigación por parte de la ISJ.
En diciembre pasado la fuerza estaba conducida por alrededor de una treintena de comisarios generales, cuyas promociones y ascensos habían sido digitados de acuerdo a su cercanía con la conducción y no por mérito. Esto generó, entre otras consecuencias, la superpoblación de dependencias y la falta de verticalidad.
No es un secreto que durante los últimos años, los puntajes para la Junta Calificadora de promociones se otorgaban de manera absolutamente discrecional y que hubo efectivos que, para llegar a lugares clave, obtuvieron hasta el máximo posible de 20 puntos cuando es muy difícil llegar a esa nota.
Hoy, esa estructura está reducida aunque se está muy lejos de lo que se podría considerarlo óptimo. Mendoza tiene 10.000 efectivos y 16 jefes. La policía de Córdoba, uno de los casos a estudiar por las autoridades actuales, tiene solo 6 para una fuerza que consta de 23.000 uniformados.
Un tercio de la fuerza está siendo investigada y se amontonan 2.800 expedientes con causas atrasadas por algún tipo de irregularidad.
Muy pocos temen una reacción fuerte entre los efectivos, más allá de que el gobierno utilizó en un principio la palabra “purga” para referirse a los desplazamientos de Garis, Mestre, Loyola e Irrutiay. Y después renegó de ese término.
La falta de formación, entre otras falencias, le quitó a los policías de Mendoza el espíriru de cuerpo.
Los servicios y los repuestos
Los desmanejos de los servicios extraordinarios de la policía no son algo nuevo. Ya hace más de una década, y durante la gestión de Julio Cobos incluso, había forzado la separación de algunos jefes.
Está claro cómo impactan estas horas extras: hoy los servicios extraordinarios les permiten duplicar el sueldo a los policías.
Sin embargo lo que se denunció el martes no tenía antecedentes. Los comisarios encabezaban una verdadera red que los había convertido, más que en servidores públicos, en jefes de seguridad privada en las empresas de sus distritos.
En promedio, si cada policía hubiera cobrado los servicios extraordinarios que pasó, debería haber trabajado 26,2 horas por día. Algo imposible.
A esto se le suman algunas particularidades gravísimas.
El arma reglamentaria de Garis, por caso, apareció en manos de una banda de piratas del asfalto y el comisario jamás la había denunciado como extraviada robada.
La presunción más firme, es que directamente se las prestó a los delincuentes para que salieran a robar.
Las investigaciones en marcha apuntan a desenmascarar a varios miembros más de la cúpula que ostentan un nivel de vida incompatible con sus ingresos. Y que además estarían a cargo de otra organización delictiva.
En principio por el manejo del combustible y de los seguros. Esto luego de que más de medio centenar de camionetas Amarok quedaron inutilizadas por haberles cargado gasoil común.
Pero el caso más grave saltará por otro lado. Es voz pópuli que varios comisarios viven desde hace ya un tiempo en barrios privados e incluso de mueven en autos Audi producto de la venta de repuestos de los móviles.
Hay casos de efectivos que terminaron vendiendo en remates móviles policiales que rearmaron con los repuestos oficiales y aunque puede sonar inverosímil, hasta las cinco de la tarde todos los días, en la playa San Agustín se vendían los repuestos que pagábamos todos y que nunca llegaban a destino.