Principio de acuerdo para aplicar la ley de prisiones preventivas

El subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino y el ministro Mario Adaro recorrieron ayer instalaciones de la cárcel de Boulogne Sur Mer y acordaron que allí mismo se realizarán las audiencias para decidir quiénes deben quedar detenidos hasta el juicio y quiénes no.

Estas audiencias y la implementación de un sistema oral para la resolución de los casos es una de las principales innovaciones de la ley 8869, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo con la intención de eliminar la llamada "puerta giratoria" que permite salir libres a aquellos acusados que ya tienen causas judiciales.

La ley 8869 impone plazos y condiciones estrictas para los encargados de resolver la prisión preventiva de estas personas (fiscales y jueces de garantías), pero los recursos y protocolos con los que cuenta la Justicia mendocina para hacerlo habían sido objeto de un llamado de atención por parte de la Corte.

De hecho, la acordada 27,389 del 15 de junio, que fue firmada por el alto tribunal en pleno, dispuso que la operatividad del artículo 294 del Código Procesal Penal (que es el que impone este tipo de audiencias) se produciría recién a partir del 1 de setiembre.

La acordada de la Corte produjo ruido en el propio Poder Judicial, ya que el Gobierno habían mantenido reuniones con los jueces de garantías en las cuales señaló que la ley de prisiones preventivas se encuentra en vigencia desde comienzos de este mes, cuando fue publicada en el Boletín Oficial.

De hecho, la propia Corte emitió señales contradictorias. A la par de la acordada, algunos ministros aseguraron que las audiencias para resolver la prisión preventiva ya se están realizando y que la ley está aplicando.

Quedó así a la vista que la acordada fue un reclamo de recursos al Gobierno, con algunos reproches en general. Entre ellos, un pase de facturas porque la Corte no fue invitada a discutir los problemas de aplicación del nuevo sistema cuando la ley 8869 se discutió en la Legislatura.

En lo práctico, el alto tribunal reclamó al Ministerio de Gobierno un "plan para el traslado de detenidos" y "un plan de seguridad para víctimas y testigos". Y sobre eso se empezó a trabajar ayer mismo.

El acuerdo entre el Gobierno y el Poder Judicial fue precisamente que no habrá traslados: los acusados que estén detenidos en la cárcel de Boulogne Sur Mer comparecerán en dos salas que se acondicionarán en el propio presidio.

Los espacios donde se harán las audiencias funcionan hasta ahora como centros de documentación rápida (CDR), pero pasarán a ser salas judiciales a las que se trasladarán fiscales y jueces de garantías.

A estas salas se sumarán tres más que se están acondicionando en el edificio de tribunales para el mismo fin.

El Gobierno cree que las salas en la cárcel son una buena solución, debido a que la mayoría de los presos procesados de la Primera Circunscripción Judicial se encuentran detenidos en Boulogne Sur Mer y el complejo San Felipe. Aunque este plan tiene un problema: es poco probable que la víctima quiera ir a la cárcel a estar cara a cara con su victimario.

Precisamente uno de los cambios de la ley 8869 consiste en que las víctimas, en los casos que no son querellantes, tendrán participación del trámite de la prisión preventiva y el juez de garantías deberá escucharlas antes de definir la situación del detenido Pero según reconocen en el Poder Ejecutivo, es poco probable que esto ocurra.

En cualquier caso, la promesa oficial es generar un protocolo de protección de la víctima que podría incluir un sistema de cámaras para que no esté cara a cara con el acusado.

A ello se agregarían sistemas de audio, un elemento técnico vital, dado que la idea es que la prisión preventiva se resuelva sin expedientes escritos.

¿Reunión con la Corte?

La ley de prisiones preventivas obliga a fiscales y jueces de garantías a resolver estas medidas en poco tiempo. 

Para que los fiscales imputen, hay plazos de 48 horas como máximo, y para que los jueces de garantías resuelvan los pedidos de los fiscales, de 10 días, prorrogables por sólo 10 más.

Cornejo buscó con esta ley endurecer el régimen y limitar al máximo las excarcelaciones. La norma, en ese sentido, chocó con un fallo de la Corte que reconoció el hacinamiento en las cárceles y ordenó hacia adentro del Poder Judicial tomar medidas para resolverlo,  incluso por medio de la prisión domiciliaria.

Desde que se generó este incidente, Gobierno y Corte viven una suerte de guerra fría, con protagonistas muy enfrentados (el gobernador y el ministro Omar Palermo son los referentes) y otras figuras de ambos bandos en el medio que tratan de negociar y lograr acuerdos.

El fallo de la Corte quedó en suspenso por una apelación del procurador Rodolfo González y es un misterio que ocurrirá cuando la Corte Nacional convalide sus términos, un desenlace que todos esperan que ocurra tarde o temprano.

Por lo pronto, hay quienes anticipan que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial podrían acercarse  la semana que viene, en un encuentro del gobernador o sus funcionarios con el pleno de la Corte para discutir los puntos pendientes de la ley 8869. Muchos piensan que esta foto hace falta para que a nadie le queden dudas de que hay un trabajo conjunto contra la inseguridad.