El Gobierno elevará los requisitos para hacer obra pública

Este organismo fue creado por ley hace 13 años y reglamentado en 2007, pero en los hechos nunca cumplió su objetivo central: controlar y calificar a las empresas que hacen obra pública en Mendoza y ser una herramienta de transparencia para estos procesos millonarios.

Hay 305 empresas inscriptas actualmente en el RACOP mendocino, pero su participación en los procesos es simbólica: la presentación de papeles en esa oficina es poco más que un mero trámite para entrar en las licitaciones.

Se pueden repartir responsabilidades políticas por esta situación. La tardía reglamentación de la ley 7173, de 2003, que creó el RACOP, fue un déficit de la gobernación de Julio Cobos. Pero durante las administraciones de Celso Jaque y Francisco Pérez, las cosas se hicieron peor: se prorrogó a partir de 2008 la aplicación del artículo 5 de aquella ley, que es precisamente el que jerarquiza al organismo.

Ese artículo señala que "todos los organismos del Estado Provincial, centralizados o descentralizados, que ejecuten obras públicas bajo los términos de la ley 4416, están obligados a remitir al Registro de Antecedentes y Aptitud de Constructores de Obras Públicas (RACOP), dentro de los 30 días de producida, toda alteración en la relación contractual".

Pérez, precisamente cuando era ministro de Infraestructura, casi se va a las manos en 2009 cuando un diputado concertador, Roberto Blanco, le dijo en la Legislatura que el RACOP no funcionaba.

Hoy, los funcionarios de Alfredo Cornejo ratifican la opinión de Blanco. Entre ellos, el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, quien negocia con las cámaras de la construcción un reglamento que permita la aplicación plena de la ley.

La promesa de Chicahuala es habilitar el nuevo RACOP dentro de 45 días, porque el que existe no sirve. "Es puro papeleo y no ha cumplido la función para la que fue creado", explicó el funcionario; y agregó: "Nos encontramos frente a la disyuntiva de abrir la compuerta y dejar de lado este registro o aplicarlo en serio, y hemos optado por lo segundo".

Otro crudo diagnóstico

Básicamente el RACOP debería ser una herramienta que permita saber a quiénes la Provincia les deja competir por las obras públicas. Para ello, tendrían que certificar sus capacidades técnicas y financieras. Es decir, demostrar que son aptas para hacerse cargo del trabajo.

Pero en los últimos años, según el Gobierno, ninguna de estas condiciones se cumplió. "Hubo proyectos crudos que salían con cuatro líneas y un planito, con lo cual, después venía el festival de los cambios de alcance", afirmó Chicahuala.

Otro problema es que se permitía que las empresas absorbieran más obras que las que podían soportar desde lo financiero. "Tiene que tener espalda un contratista para bancar un impasse de falta de efectivo del Estado, pero había empresas con mucha más obras de las que podían soportar", explicó en ese sentido el funcionario.

El Estado provincial pagó con mayores costos todas estas falencias y las irregularidades estuvieron a la orden del día. También decayó el nivel de las empresas: Chicahuala sostiene que la mayoría de los contratistas mendocinos no están habilitados para trabajar en YPF porque les faltan muchas cosas que exigiría en el futuro el RACOP.

El ejemplo al que remiten las autoridades es siempre el mismo: la Villa Deportiva de Paco Pérez. 

Esta obra, además de estar fuera de las prioridades del actual gobierno, es señalado desde hace meses por vicios como la contratación directa del estudio de arquitectura que lo diseño, cuando para ello se debería haber acudido a una licitación internacional.

Pero desde hace varios años se acumulan denuncias sobre la manipulación de licitaciones. De hecho, ya en 2009, el ex diputado Blanco señaló públicamente que hubo licitaciones dirigidas y manipulaciones en los pliegos de varias obras importantes. Entre ellas, la doble vía a Tunuyán, el nudo de Costanera y Vicente Zapata y la rotonda de Paso y Acceso Sur.

Las promesas

Sin profundizar mucho en las denuncias, el subsecretario Chicahuala dice que el RACOP está "plagado de subjetividades" que se remplazarían por condiciones objetivas para transparentar el registro que habilita a las empresas a participar en las licitaciones.

Aunque no es todo lo que quiere mejorar el actual gobierno. A la hora de medir el "factor de comportamiento" y ponerles notas a las empresas que participan en la obra pública, se agregarían tres ítems: la protección de los obreros, el cuidado del medio ambiente y los procesos de calidad de cada empresa.

Prometen los funcionarios que el nuevo RACOP no se utilizará como filtro para dejar fuera de carrera a las empresas de la construcción más pequeñas y aseguran que absorberá los registros de proveedores que crearon Vialidad, Irrigación e IPV debido al que el organismo provincial no funcionaba.

El nuevo RACOP tendrá a una técnica de carrera al frente (Sonia Filipini) y estará conectado, según el compromiso oficial, a una base de datos nacional que impedirá que recalen en Mendoza empresas constructoras que "la embarraron en otras provincias".