Las razones por las cuáles nos llenamos de pozos

Tienen las calles destruidas en su mayoría, pero los intendentes del peronismo no abandonan viejas prácticas acerca de cómo manejar la cosa pública.

Empujados fundamentalmente por la crítica situación financiera de Jorge Giménez en San Martín, el PJ decidió a mediados de la semana que pasó acordar con el gobierno de Alfredo Cornejo que los recursos que provendrán del acuerdo con la Nación por la devolución del 15% de las retenciones de ANSES sean de libre disponibilidad. Y no, como era el compromiso asumido, para destinarlo a obras de infraestructura.

Se trata de un paquete de poco más de $600 millones, solo para este año, que las comunas iban a estar forzadas a volcarlas en obras en cada uno de sus departamentos. Pero que irán a parar con seguridad, entre otros destinos, a cubrir el pago de sueldos en comunas que siguen asfixiadas financieramente.

San Martín enfrenta problemas serios para el pago del medio aguinaldo el mes próximo y ya no es un misterio en el ámbito político que afronta una deuda millonaria con proveedores y que, además, habría librado en los últimos meses una cantidad importante de cheques sin fondos.

Desde el Este bajó la presión hacia los legisladores del Frente para la Victoria para que demoraran la ratificación del acuerdo en la Legislatura y todo hacía prever que, al menos por quince días más, Alfredo Cornejo no iba a poder ejecutar su arreglo con Mauricio Macri.

Pero una reunión el miércoles por la mañana aceleró todos los tiempos. El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, recibió al intendente de Maipú, Alejandro Bermejo y al de San Rafael, Emir Félix, y escuchó por boca de ellos que se sumaban al planteo de Giménez.

A decir verdad, Kerchner no resistió demasiado. Cornejo necesitaba acelerar los tiempos del acuerdo con la Nación para que el desembolso de $1.800 millones para 2016 se realice cuanto antes.

Y para poder negociar antes que muchos otros gobernadores el pago del retroactivo que implican varios cientos de millones más.

El apuro oficial se notó en otra reunión que tuvo lugar ese mismo día también en Casa de Gobierno. Kerchner juntó a todos los secretarios de Hacienda de las comunas y, power point mediante, les intentó demostrar de qué manera iban a ver afectados sus ingresos a partir del mes que viene por la caída en la coparticipación federal como consecuencia, entre otros factores, de la disminución del reparto nacional del Impuesto a las Ganancias.

“Muchachos, si ustedes quieren tener la plata en agosto dejen de perder el tiempo porque están boludeando”, fue la advertencia del ministro a sus pares municipales.

Solo un par de horas después, el acuerdo se aprobaba rápido en la Cámara de Diputados. Y el mismo trámite express tendrá el próximo martes en el Senado.

Que Mendoza estuvo mal administrada en los últimos años no es un secreto. Pero todo quedó en evidencia cuando esos desmanejos se convirtieron en un problema social, como se vio con los pozos.

Las lluvias evidentemente hicieron lo suyo, pero terminaron afectando a una red vial ya agotada y que viene sufriendo más de una década de desinversión. Como toda la obra pública en la provincia.

Mendoza invirtió para infraestructura apenas el 5% en promedio de sus recursos corrientes, datos que se desprenden del análisis de las ejecuciones presupuestarias disponibles en internet a través de la página del ministerio de Hacienda.

La mayoría de los ingresos fueron destinados únicamente a gastos fijos corrientes. O sea, para prender y apagar la luz todos los días en el Estado. Y no mucho más.

En países como Chile o según datos estadísticos de otros estados subnacionales, el promedio destinado a infraestructura oscila entre el 16% y el 17%.

En Argentina las provincias con buena conducta fiscal, superan ampliamente esa vara. San Luis, por caso, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) llegó a destinar en 2014 hasta el 50% de sus gastos a obras. Y San Juan, ese mismo año, utilizó el 30%.

En el período comprendido entre el 2003 y el 2008, durante los gobiernos de Julio Cobos y el primer año de Celso Jaque, los gastos en personal, pago de deuda, transferencias a los municipios y otros ítems llegaron el 91% en relación a los recursos corrientes. Y solo el 9% fue utilizado para erogaciones de capital.

Entre 2008 y 2014 ese porcentaje subió al 10%, para desplomarse el año pasado: durante el último año de gestión de Francisco Pérez solo el 7% de los recursos corrientes se invirtieron para hacer escuelas, hospitales o para mejorar o construir nuevas calles o rutas provinciales.

¿Por qué nos llenamos de pozos?

Dos elementos más ayudan a entender porque algo más de 20 días de lluvia, terminó por destruir buena parte de la red caminera mendocina.

La situación de Vialidad Provincial es clave. El organismo encargado de la reparación y construcción de rutas y caminos tiene un presupuesto actual que $600 millones, de los cuáles casi la mitad ($250 millones) son utilizados para el pago de los sueldos de unos 1.200 empleados de la repartición.

Lo que queda, sirve para mantener el equipamiento que además es bastante obsoleto. De unos 500 equipos (entre camiones, autos y máquinas viales) solo se puede usar hoy la mitad y apenas se suman algunos recursos ($60 millones) para trabajos de mantenimiento provenientes del Fondo de la Soja.

Con las calles bombardeadas, Vialidad anunció un megaoperativo de bacheo por $4 millones. Mantener los caminos, requiere de una inversión que no baja de los $2.000 millones.

Pero hay otro tema. Durante los últimos cinco años, el Estado provincial acumuló una deuda de $31 millones con los municipios, de recursos que están fijados por ley para la reparación de calles a través de dos fondos.

Uno de ellos, establecido en la contraprestación de los empresarios del transporte, fue estipulado en la ley 6082. Allí se estableció que es obligación de los concesionarios del servicio público de pasajeros afectar el 0.66% de su recaudación para el mejoramiento vial de rutas y calles y la semaforización, entre otras obligaciones.

Este recurso se coparticipa a las comunas por el perjuicio que causan el tránsito de los micros por las calles.

Entre 2011 y 2015, la gestión de Pérez no sólo no devengó ni transfirió este recurso a tiempo. Sino que además dejó una deuda de aproximadamente $18 millones con los intendentes.

También existe el denominado Fondo de Pavimentación, incluido en el artículo 36 de la ley 7490. Esta norma fue sancionada en 2006, como consecuencia de un acuerdo alcanzado con el gobierno de aquel entonces y los empresarios en el marco de la licitación del sistema de transporte que aun rige. Ese fondo estaba afectado a las obras de pavimento de las calles que están dentro de los recorridos del Gran Mendoza. Pérez dejó una deuda allí de $13 millones.

La gestión actual canceló casi toda esa deuda durante los últimos siete meses. Pero ya fue tarde: el retraso ya había causado sus efectos.