La Corte se anticipa a una ley de Ética Pública

La Corte provincial anunciaría finalmente la semana próxima cómo será el sistema de declaraciones juradas de bienes que regirá para jueces, funcionarios y buena parte del personal que compone ese poder.

Los jueces vienen mirando desde afuera la polémica que se da en los otros poderes y no se han hecho eco del decreto que firmó el año pasado el ex gobernador Francisco Pérez, que obligó a rendir cuentas ante Fiscalía de Estado del patrimonio a funcionarios y legisladores, e invitó a adherirse a magistrados e intendentes.

Sin embargo, hace algo más de un mes, la Sala Administrativa de la Corte empezó a trabajar en un sistema propio, y este lunes, en medio de la amenaza de que les impongan la obligación por ley, los ministros se reunieron para analizar los regímenes de "24 provincias y de la Corte Nacional" e incluso pusieron un plazo para hacer los anuncios respectivos.

Esto ocurriría entre lunes y martes de la semana que viene, días en que el presidente de la Corte, Pedro Llorente, daría a conocer los parámetros del régimen de presentación de bienes que aplicará la Justicia en lo que queda de 2015.

Hay que tener en cuenta que la Legislatura tiene ahora en carpeta varios proyectos de ética pública, incluso uno de la vicegobernadora Laura Montero, que incluyen a la Justicia en el régimen de declaraciones juradas. 

Este aviso de la política podría haber empujado a los magistrados a tomar decisiones que venían muy postergadas.

Qué se discute en la Corte

En la Corte aseguran que crearán un sistema propio, con utilización de la web del Poder Judicial, y sostienen que no corresponde que la Justicia dependa de otro poder. Además han constatado que así se trabaja en la mayoría de las provincias.

Otro lineamiento que ya puede considerarse un hecho es que la obligación de dar a conocer los bienes no correrá solamente para los magistrados, sino para un porcentaje importante del Poder Judicial. Se calcula que entre jueces, funcionarios y empleados con sueldos altos, podría superar las 2.000 personas.

Todo indica que también habrá consenso para que las declaraciones juradas sean actualizas todos los años, requisito clave para constatar la evolución de los patrimonios de cada uno.

Pero lo que queda por resolver es lo más importante. Todavía no hay una decisión respecto de la difusión de la información. Un dato estadístico podría favorecer el regateo: la mayoría de las provincias y la Corte Nacional no publican las declaraciones directamente en internet.

A nivel nacional, por caso, se publica el registro de personas sujetas a presentar la declaración jurada anual y se debe formular un pedido fundamentado para acceder a la información patrimonial de cada juez y funcionario.

No parece ir en ese sentido la Corte provincial, pero habrá que ver qué sale. Aquí algunos ministros empujan para que se hagan públicos los bienes en una presentación similar a la que realizan ante la AFIP.

La declaración a la que parte de la Corte apunta es la que se realiza para el pago del impuesto a los Bienes Personales, que tiene plazo hasta junio de este año. El efecto colateral que tendría este requisito es que varios funcionarios y empleados quedarían "blanqueados" ante la AFIP y deberían comenzar a pagar ese tributo.

A pesar de la gran demora, los ministros de la Corte y la Asociación de Magistrados no se han opuesto públicamente a la declaración de bienes. 

Los jueces solamente han puesto reparos en cuanto a la seguridad, aunque no les es ajeno que la exposición del patrimonio dejaría a la vista el alto nivel de vida de muchos de los miembros de la Justicia ante la opinión pública.

Algunas conclusiones han sacado durante este tiempo de silencio y estudio. Por eso, si deciden publicar las declaraciones de los bienes de jueces y funcionarios directamente en internet, no incurrirán en algo que consideran un error: colocar valores de propiedades, vehículos y otros tipos de bienes.

Si prospera una de las ideas en discusión, el registro de la Justicia ofrecería descripciones de las propiedades (metros cuadrados construidos, cantidad de habitaciones y si es urbano o rural el inmueble, entre otros) y tipos y modelos de vehículos, pero no precios en dinero, para no caer en el ridículo de dar a conocer casas y coches con valores irrisorios e irritantes.