El Gobierno no quiere ablandar la ley contra la "puerta giratoria"

El Gobierno se resiste a ablandar la ley contra la "puerta giratoria" de las cárceles y esa postura generó un cortocircuito con el justicialismo.

El peronismo confirmó ayer que acompaña el espíritu del proyecto sobre prisión preventiva que presentó Alfredo Cornejo el 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa y que se está discutiendo en el Senado. Sin embargo, señaló que quiere aplicar algunas modificaciones para darle "precisión técnica" con el objetivo de que la ley sea aplicable y condicionó su respaldo final a que el oficialismo las acepte.

Para hablar de esos puntos hubo ayer una reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en la cual quedó claro que el Poder Ejecutivo no quiere ceder a la solicitud del PJ.

El proyecto se votará el próximo martes en el Senado.

Según explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, uno de los cambios que pide el PJ atenta precisamente contra el espíritu de la ley y adelantó el no a ese planteo.

"Ellos quieren que el fiscal evalúe la peligrosidad procesal como generalidad para establecer la prisión preventiva, pero nosotros pretendemos que eso sea una excepción. Quieren que el artículo 1 sea más laxo", afirmó.

El proyecto de Cornejo está atravesado por la rigurosidad respecto de la persona acusada. Por ejemplo, si alguien es atrapado cometiendo un delito in fraganti, deberá permanecer tras las rejas hasta el juicio, salvo que el hecho tenga una pena inferior a los tres años y puede ser excarcelado (se la denomina condena de ejecución condicional).

Allí, en el artículo 1, aparece el conflicto. El peronismo pretende que, si el fiscal proyecta que el acusado va a tener una pena no excarcelable, además evalúe el "peligro procesal", frase que abarca la posibilidad de una fuga, de que atente contra la víctima o que destruya pruebas.

Se habla en el justicialismo de "evaluar las circunstancias". Pero para el Gobierno, en cambio, no cabe aquí evaluar nada: el acusado debe quedar el detenido en la cárcel, porque la pena que puede recibir en el futuro así lo determina.

Otro aspecto de la ley donde aparece el rigor de Cornejo es en el inciso donde habla de la "reiterancia", que apunta a los casos en los que personas cometen sucesivos robos menores y son detenidos en el marco de una investigación, pero no van a la cárcel porque nunca son condenados.

"Entran y salen (de la cárcel) porque no llegan a juicio y la ley se los permite. Como no los condenan, nunca tienen reincidencia. Esa es la típica puerta giratoria", sostuvo D´Agostino. "Por eso se introduce la reiterancia, para que alguien que comete varios delitos sea reiterante", agregó.

En el peronismo hay legisladores que dicen que la "reiterancia" es inconstitucional, pero el Ejecutivo dice que la Constitución provincial habilita a utilizar el concepto en su artículo 22. Estos cruces no parecen estar originados en una diferencias partidarias, sino en las cuestiones jurídicas que dividen el escenario entre “garantistas” y partidarios de una más línea dura.

Más adelante en el proyecto de Cornejo, se menciona al riesgo procesal, pero como una excepción que una vez más puede ser utilizada en contra del sospechoso, no a su favor. Incluso en casos en que la pena para el acusado es inferior a los tres años y no implica ir a la cárcel. “Para dejarlo preso en casos como los de violencia de género, donde hay riesgo para la víctima”, especifican en el Gobierno.

El otro elemento que el Gobierno resalta es el de la participación de la víctima, si quiere, en el momento en que se define la prisión preventiva, en medio de una audiencia oral. "El juez de garantías tiene la obligación de citar a la víctima, aunque no se haya constituido en querellante. Si va, no hace falta que se cruce con el imputado. Hasta ahora esa opinión no se ha tenido en cuenta y estamos acostumbrados a que el juez o el secretario resuelvan los casos entre cuatro paredes, sin ver las caras del imputado y de la víctima", señaló D´Agostino.

Las discusiones de ayer en la Legislatura generaron un cuarto intermedio hasta el miércoles en la comisión que debe emitir despacho sobre el proyecto. En parte, se dispuso esto para que intervenga una cátedra de Derecho Procesal Penal que había solicitado ser escuchada.

Pero "escuchar a todos" no implica aceptar cambios y siempre el oficialismo tiene a mano la posibilidad de hacer uso de la mayoría que tiene en la Cámara Alta para imponerse. Podría para ello convocar a una sesión especial esta semana o esperar hasta el martes próximo para sancionar su proyecto.