Los millones que preocupan a la conducción del SUTE
La sola mención del aumento por decreto genera la ira de los gremios y maldiciones eternas de éstos para el Gobierno que se atreva a aplicarlo. Más allá de las razones que lleven a la aplicación y quien sea el responsable (algo que siempre puede estar abierto a interpretación), hay ciertas cuestiones que los sindicatos se guardan sólo para ellos y que tienen que ver con el porcentaje de dinero que ingresa a sus arcas después de cada paritaria.
Se trata de la denominada "cuota solidaria", que está considerada en todos los acuerdos paritarios de la provincia y va de la mano de la Ley Nacional nº 23.551 de Asociaciones Sindicales y que en su capítulo X establece el patrimonio de las entidades gremiales. Aunque es algo que está escrito en los acuerdos, es casi un tema que "no se debe tocar" y que muchas personas desconocen, incluso después que les descuentan esos recursos de su sueldo.
La cuestión de fondo es que si el gobernador Alfredo Cornejo decide aumentar por decreto, ese porcentaje no se entregará y los sindicatos tendrán una merma económica muy importante, algo que no es menor para los dirigentes que serían responsables por no percibir " la comisión por negociar".
La "cuota solidaria" es un porcentaje del aumento que se descuenta a los trabajadores no afiliados al sindicato y que sí perciben la suba salarial. Se les descuenta en una cuota en la primera liquidación posterior al acuerdo que logren los dirigentes. El sentido es que, a pesar de no ser parte del sindicato reciben los beneficios que este logra, por lo que deben aportar aunque sea una vez. Se trata de recursos frescos que son muy importantes para los sindicatos y que se suman a la cuota mensual de los que sí están afiliados.
A modo de ejemplo, y volviendo un año en el tiempo, en la última negociación del SUTE con el gobierno de Francisco Pérez, el porcentaje de descuento para los no afiliados fue de 3%, lo que significó que ingresaran al sindicato docente alrededor de $3,5 millones de pesos sólo por el cierre de la paritaria.
Un exfuncionario del Estado explicó que "se trata de una especie de comisión que se le cobra a las personas que no están afiliadas al sindicato porque, en teoría, también negocian por ellos. Eso queda establecido en el acuerdo paritario, pero la cuota puede variar entre el 2,5% y el 3%. Hay casos a nivel nacional de gremios ferroviarios que se quedan hasta con el 10%".
Por eso, además de que un aumento por decreto deja a los dirigentes en una posición incómoda ante los afiliados, también deben considerar el efecto económico que tiene el fracaso en su negociación, ya que si se fijan los salarios por esa vía el porcentaje no lo reciben.
Sin embargo, eso no es todo, ya que -según el mismo exfuncionario- el porcentaje está atado al aumento del básico y la forma en la que se construye la oferta de Cornejo (con incentivos como el ítem aula y montos nacionales) afecta directamente la comisión que cobra el SUTE por negociar. De ahí también la fuerte oposición al nuevo formato, el cual baja el monto que entra al sindicato y que, según los cálculos gremiales, estaría bastante por debajo de lo recibido en el último año de Pérez.
Si con un panorama de aumento total del 35% se llevaron $3,5 millones, con uno del 32% la "comisión" es menor, especialmente porque lo que va al básico no llega al 15%.
Aunque los dirigentes no lo mencionan, es un tema que no deja de ser discutido al interior del sindicato, especialmente en el brazo político del gremio vinculado a la CTA y a Kolina, el ala del kirchnerismo duro que encabeza Alicia Kirchner.
Otras implicancias del decreto
Anticipándose al posible decreto de Alfredo Cornejo, el SUTE y otros gremios ya hicieron lobby en la Legislatura provincial con el Partido Justicialista y la Izquierda para que no den el aval legislativo, pero es casi una pelea perdida. El frente oficialista tiene quórum propio en ambas cámaras y el decreto sólo necesitaría de una mayoría simple para ser aprobado.
De aplicarse, el decreto se hace efectivo en el momento y se aplica solamente en el caso particular de cada paritaria, sin afectar las que puedan venir posteriormente, aunque la lógica indica que de firmar el decreto las condiciones generales serán similares para todas las negociaciones. Con el decreto firmado, y en el caso hipotético que más tarde un sindicato firme un aumento superior vía acuerdo, éste no se aplica al que se le aumentó por decreto.
El exfuncionario del Estado que se dedicó a este proceso, dijo que "el decreto debe tener ratificación legislativa en caso que se modifiquen escalafones, se hagan pases a planta o haya un cambio de régimen legal en cuanto a las liquidaciones salariales. En el caso del SUTE el 'ítem aula' podría implicar un cambio del régimen legal".
A pesar de necesitar la ratificación, no tendría problemas, por las mayorías mencionadas, situación que pone en un panorama muy complicado al sindicato docente.