Cruces en el Congreso por la tasa cero de los espumantes

La tasa cero para los vinos espumantes dividió  a los legisladores mendocinos en el Congreso Nacional.

Si bien en la comisión bicameral de tratamiento de los DNU hubo consenso para ratificar un decreto delegado de Mauricio Macri (355) que mantiene el beneficio hasta fines de abril, se produjeron cruces de pareceres sobre el futuro de la exención.

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti no dudó en sostener que "el corto plazo de 3 meses hace suponer que el verdadero objetivo del DNU sería eliminar la exención que ha beneficiado al sector vitivinícola".

Sagasti señaló a través de Twitter que expresó "su preocupación" ante la posible eliminación del beneficio. "El vino espumante es un tipo de vino y no debería pagar tributos internos, tal como el resto de estas bebidas", indicó la legisladora y remarcó que "el Observatorio Vitivinícola Argentino afirma que hubo crecimiento por el aumento de empresas que ingresaron al negocio de los espumantes".

Este crecimiento, según la referente del FPV, se debió a que "las cinco empresas principales que concentraban el 77% de la oferta pasaron a representar el 55% generando el desarrollo de nuevos negocios".

Sin embargo, por el frente oficialista Cambiemos, el diputado radical Luis Petri, aseguró que el interés del Poder Ejecutivo Nacional es que el beneficio quede en firme a través de una ley, para que deje de ser una excepción.

Petri dijo que mantuvo una conversación con el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile, quien le manifestó esta pretensión.

"Esto es materia del Congreso y lo que quiere el Gobierno es que el Congreso tome la decisión. Esta normalización institucional que queremos lograr implica que el Congreso recupere las facultades que le son propias. Hace falta una ley que lo convalide y voy a presentar el proyecto", afirmó Petri.

En la reunión de la comisión de Tratamiento de los DNU también habló el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien actuó como miembro informante y explicó que la exención impositiva de los espumantes se viene aplicando todos los años sin objeciones desde 2005, a cambio de inversiones del sector.

Esas inversiones rondarían los 150 millones de pesos, según se explicó.

En plena Fiesta de la Vendimia, la prórroga corta de la exención de los espumantes asoma como un motivo de reclamo de los bodegueros al Gobierno Nacional. Desde el sector advierten que la quita del beneficio (si es que esto decide la Nación) generaría un perjuicio económico superior a los 400 millones de pesos en 2016.

Los espumantes fueron gravados en los 90 en la ley de Impuestos Internos con un 12 por ciento sobre el valor del producto terminado, pero año a año son eximidos de pagar por decreto debido a que es el único producto de la cadena vitivinícola que lo paga.

En 2014 se intentó dejar en firme el beneficio y tuvo sanción una ley impulsada por el justicialista Adolfo Bermejo. Sin embargo, el proyecto no se trató en Diputados.