Se complica la meta del "techo digno" para Cornejo
Aunque casi ningún gobernador se privó en los últimos tiempos de anunciar su propio plan de viviendas al inicio de la gestión, Alfredo Cornejo está "condenado" a intentar terminar apenas una parte de todo lo que prometió su antecesor Francisco Pérez.
Paco dijo a comienzos de 2012 que construiría 12 mil casas sociales en cuatro años, pero según el balance actual del IPV, la operatoria “Techo Digno”, que es la que genera mayor volumen y que es cofinanciada por Provincia y Nación, apenas logró concretar 5.515 a lo largo de la administración justicialista.
El resto quedó en carpeta. Hay 4.213 casas más iniciadas por el mismo programa y 476 licitadas. Es decir, 4.689 viviendas más que tendrán en muchos casos un avance en 2016, y en un bajo porcentaje, serán entregadas a sus adjudicatarios.
Con solo finalizar esos proyectos, Cornejo terminaría dentro de cuatro años casi al mismo nivel que Pérez en cuanto a la entrega de viviendas. Pero la cuenta no termina allí. Según Damián Salamone, titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), "hay entre 4.000 y 5.000 casas más en Buenos Aires sin objeción técnica que tenemos que revisar y ordenar".
Sin margen
En tres meses de gestión, las nuevas autoridades del IPV dicen que sólo han podido ocuparse de hacer un arqueo de personal, intentar sanear la economía del organismo y retomar las obras. Y para adelante, tienen poco margen para la iniciativa propia.
Calculan que dentro de un mes y medio se reiniciarán obras de viviendas sociales que estaban paralizadas por las deudas y el corte de fondos de la Nación, que dejó de enviarle dinero para viviendas a Pérez el año pasado.
El caos financiero del último tramo del gobierno de Pérez tuvo este agravante: en agosto de 2015 se cortó la llegada de fondos nacionales para la construcción de casas.
Cada inmueble del programa Techo Digno se financia con el 70 por ciento de inversión del Gobierno Nacional y el 30 por ciento de inversión de la Provincia. Ni una ni otra cosa existía en los últimos meses de Pérez y por ello todo se paralizó.
Los pagos empezaron a reactivarse muy de a poco en enero, pero los reclamos se mantienen. Apenas llegaron hasta aquí 18 millones de pesos de los 197 millones que el IPV les debía a las empresas por distintos planes cofinanciados entre la Nación y la Provincia.
Algunos empresarios de la construcción pusieron el grito en el cielo por la deuda esta semana y hasta una legisladora nacional, la macrista Susana Balbo, dijo que tuvo una intervención ante el gobierno de Macri para destrabar los fondos nacionales que paralizan al IPV por su falta.
En principio llegarían 63 millones de pesos, según anticipó. La diputada Balbo señaló al respecto que tuvo reuniones con el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya; y afirmó que "por suerte en los próximos 60 días se irá cancelando la deuda con la provincia y los municipios, lo que permitirá reanudar las obras para terminarlas".
Las pulseadas del Gobierno
Actualmente el Ministerio de Hacienda está en una pulseada con los empresarios de la construcción para que acepten cobrar el 100 por ciento de las deudas del IPV de 2014 y 2015 con bonos. Se trata de unos 300 millones de pesos.
Salamone dice que eso permitirá usar el presupuesto 2016 del organismo, que asciende a 1.500 millones de pesos, exclusivamente en la reactivación de las viviendas paradas.
Para ello, entre los modestos desafíos de los funcionarios de Cornejo aparece el de agilizar las construcciones, para que el ritmo de la inflación no se devore los fondos por las demoras.
"Tenemos obras que llevan cuatro años y que tienen cuatro y cinco modificaciones de plazos. Todas las obras en construcción están con los plazos vencidos", asegura el titular del IPV.
En cambio, el plazo ideal para comenzar y terminar un barrio es mucho menor: entre 14 y 20 meses.
La consecuencia de demorar una construcción, ya sea por falta de presupuesto o mala elaboración de los proyectos, es la redeterminación de precios. Parte de ese gasto lo absorbe la Nación para conservar la relación 70/30 con la Provincia, aunque el dinero llega "tarde y devaluado" y es el IPV el que tiene que poner la plata primero.
Según datos oficiales, sólo en 2015, hubo redeterminaciones por un total de 236 millones de pesos. San Luis, dicen, no tiene ese problema, porque empieza y termina rápido las casas sociales.
Todavía hoy es un objetivo en Mendoza copiar el modelo que impusieron hace muchos años los hermanos Rodríguez Saa en materia habitacional.