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La Iglesia secreta: fue denunciado como seminarista y condenado como cura

El año pasado, el Arzobispado fue condenado por los abusos de un cura en San Martín. Pero cuando era seminarista ya había sido denunciado. Los documentos que muestran cómo es el proceso para "tapar" las denuncias y la idea de dilatar el tema. La homosexualidad es el "problema", según la Iglesia.
Foto: Pablo Matar/Mediamza.com
Foto: Pablo Matar/Mediamza.com

El expediente está añejo. Tiene las hojas amarillas y el cruce de comunicaciones y documentos internos de la Iglesia arman una trama laberíntica; una trabazón que sirve para ejemplificar la tensión interna en la Iglesia para cubrir los casos de abuso. "Permítame expresarle mi humilde opinión, demostrada en el informe. Solicitar al Santo Padre, Juan Pablo II, la pérdida del estado clerical y del celibato eclesiástico en favor del señor Diácono D. Jorge Luis Morello", dice la carta. Está fechada en San Juan, el 17 de febrero de 1992. La firma el entonces arzobispo de esa diócesis, Ítalo Severino Di Stéfano y tiene como destinatario a Geraldo Agnelo, por entonces Secretario de la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano. Agnelo, un influyente Cardenal brasileño, estuvo cerca de convertirse en papa años después.

El protagonista de la historia y aludido por la misiva era el seminarista mendocino Jorge Morello, quien había sido denunciado dentro del seminario de Rosario por acoso sexual una semana antes de ordenarse sacerdote. La historia es larga pero tiene un final circular: Morello finalmente se ordenó como sacerdote, luego superar las denuncias de dos seminaristas. A pesar de los pedidos de las autoridades de la Iglesia de San Juan y Rosario encontró espacio en la diócesis de Mendoza. Pero ya consagrado con los hábitos, fue nuevamente denunciado por abuso sexual y la víctima fue un joven mendocino. El año pasado el Arzobispado fue condenado por la Suprema Corte a resarcir a la víctima, quien relató haber sufrido abuso sexual por parte de Morello durante varios años en el ámbito de la parroquia Nuestra Señora del Carmen.


El expediente iniciado en la Iglesia en la época del seminario y al que tuvo acceso MDZ rearma la trama y pone en palabras algunas de las tensiones que revivieron en Mendoza con los casos de abuso por parte de sacerdotes a niños y adolescentes del Instituto Próvolo. Las principales preocupaciones de las autoridades eclesiásticas pasan por la necesidad de mantener en el ámbito interno de la Iglesia los casos y evitar que se "propaguen". 

 Es obvio el inmenso daño que causan a la Iglesia estos hechos de solicitación sexual desviada, que inevitablemente terminan por hacerse públicos. 

Al mismo tiempo cuestionan más la orientación sexual de los acusados que los problemas que les generan a las víctimas. "Una actitud verdaderamente pastoral comprenderá la necesidad de evitar las ocasiones próximas de pecad o a las personas homosexuales", cita Di Stéfano en su pedido al Vaticano. "Dichas ocasiones se multiplican, necesariamente, en el frecuente e íntimo trato con los jóvenes, que es normal en la vida sacerdotal...Es obvio el inmenso daño que causan a la Iglesia estos hechos de solicitación sexual desviada, que inevitablemente terminan por hacerse públicos. Son gravísimas causas de escándalo para los fieles, y alimentan las campañas de descrédito sacerdotal de las sectas", argumenta el Arzobispo. Premonitorio.

La historia

El diácono Morello estaba a punto de ordenarse, junto con otros seminaristas. Cursaba en el Semitario San Carlos Borromeo, de Rosario, y tendría como destino la diócesis de San Juan, a pesar de ser mendocino. Pero una semana antes, una denuncia interna movió todo: un seminarista menor que él denunció haber sido acosado por Morello. Y luego se sumó otro testimonio similar.


La denuncia frenó la consagración del Diácono y se inició el proceso canónico. Antes de buscar una sanción, intentaron convencerlo de renunciar a la vida sacerdotal para evitar escándalos. "Se quiere evitar una imagen así", le advirtieron a Morello cuando mencionan las consecuencias de ser sancionado por la Iglesia. El religioso denunciado rechazaba las acusaciones y comenzó una militancia en todo el país para buscar aliados. Su intención era que lo respaldaran otras diócesis y conseguir cabida en esas estructuras. Así fue que le respondieron desde Córdoba y también tendió lazos con el Arzobispado de Mendoza, por entonces conducido por Cándido Rubiolo. "Yo, de ninguna manera y bajo ningún punto de vista admito la acusación que se me hace...En nombre de nuestro señor Jesucristo y por caridad le pido un tiempo para pensar y ver las cosas con más claridad", respondió de puño y letra el hombre acusado.

Quien había alertado sobre la situación a las autoridades de la iglesia sanjuanina era el rector del Seminario de Rosario, Tomás Santidrián; el primero en pedir que no ordenaran sacerdote a Morello. 

Sin embargo, Santidrián pediría clemencia contra el acusado y en un documento firmado por él hace explícita una tendencia en la curia: tratar de dilatar las denuncias y que se pierdan en el tiempo. Por eso sugiera que en vez de tomar el camino de la "dispensa", sea enviado a otro destino y "esperar todo el tiempo que sea necesario y conveniente". "Modestamente sugiero una posible salida, que respeta, creo, la prudencia de la Iglesia en estos casos -denuncias de abuso- (dilatar por varios años) y alejar un cierto temor a la equivocación", dice la carta firmada por el Rector.


La otra denuncia

Morello ejerció el sacerdocio en su provincia natal, pero tuvo los mismos problemas. Ya con la conducción de José María Arancibia, ante la denuncia por abuso buscaron  restringir las sanciones al ámbito eclesiástico y negar cualquier información puertas afuera. Para ello se basan en el "concordato" ratificado por la ley 17.032 que le daba rango legal a los códigos de la iglesia y la posibilidad de "juzgarse a sí misma". Sin embargo la Suprema Corte de Mendoza negó ese derecho al darle mayor entidad a los tratados internacionales de derechos humanos que ponen en contradicción muchas de las normas internas de la Iglesia.


Ante la denuncia presentada por Iván González en San Martín, el Arzobispado inició un proceso canónico pero se negó a dar información a la víctima y también sobre la resolución del caso. Tampoco dio intervención a la justicia ordinaria alegando que era una "relación consentida"; sin valorar que la víctima era menor de edad. La Suprema Corte condenó al Arzobispado. Morello dejó de ser sacerdote en 2010; pero la curia no informó si fue por propia voluntad o por un sanción.