Seguridad: el silencioso aumento de los fondos reservados

Para este año, se presupuestó un poco menos: 8,5 millones de pesos.

Si bien el gobierno de Alfredo Cornejo casi no los aumentó entre 2016 y 2017, hay quienes cuestionan el salto que dieron estos fondos antes.

Según quienes estuvieron a cargo de la seguridad hasta el final de la era justicialista, los fondos reservados no llegaban a los 6 millones de pesos hasta 2015. 

Aseguran que los montos se mantuvieron iguales al menos desde 2014. El ministro Leandro Comperatore, último funcionario a cargo de la seguridad del peronismo, dispuso de casi 500 mil pesos por mes de libre uso en los últimos años. Pero a partir del inicio de la nueva gestión, esos recursos dieron un salto de casi el 40 por ciento.

Esto no significa que durante los largos ocho años de gestión justicialista no haya habido aumentos importantes en la partida reservada de Seguridad. En 2008, al comienzo del gobierno de Celso Jaque, era de unos 2,5 millones de pesos. Seis años después, las autoridades disponen de casi el 300 por ciento más.

Polémica

Los fondos reservados tienen como destino blanqueado el pago de recompensas y de información del mundo del delito. O sea que la plata termina en manos de los dateros. O se paga con el dinero lo que ellos pidan para dar la información.

No se puede pretender una factura por muchos de estos servicios, naturalmente. Y es necesario disponer de dinero en efectivo (que en muchos casos se traduce en plata en efectivo en los cajones de los funcionarios) para hacer frente de la urgencia. El circuito administrativo termina con una rendición sin detalle alguno de los gastos al Tribunal de Cuentas.

Nadie pregunta, nadie cuestiona y todos lo gastan. Por eso son polémicos los fondos reservados. La sospecha de que no se los ha utilizado para esclarecer delitos, sino para financiar gastos de la política, alcanza particularmente a una figura que tuvo durante muchos años el control de esa caja: Carlos Ciurca.

Ciurca fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Jaque, pero se ocupó de que dos seguidores suyos heredaran la conducción hasta el final de la administración de Francisco Pérez: Carlos Aranda primero y Comperatore después.

Pérez nunca se metió en la vida del Ministerio de Seguridad y en la larga era Ciurca resultó evidente la fusión entre las actividades partidarias y la gestión. En 2013, el entonces vicegobernador ganó con claridad la interna del Partido Justicialista. Y una interna es costosa económicamente. Este año, el peronismo mendocino, ya fuera del poder, evitó enfrentar semejante inversión.

Los ciurquistas hablan poco de aquellos años, pero se defienden de las sospechas. Aseguran que gracias a la información obtenida por medio de las erogaciones reservadas, se consiguieron realizar grandes incautaciones de droga.

También señalan que de los fondos reservados salía la plata para el programa de protección de testigos, que ahora tendría una partida aparte. Dicen que a al menos ocho personas se les pagaron los costos de una nueva vida por esta vía.

Silencio total

El mes pasado, cuando el ministro Venier fue a las comisiones de la Legislatura a defender su presupuesto para el año que viene, ningún legislador hizo una sola pregunta sobre los fondos reservados.

Este diario tuvo que buscar planillas para detectar incluso un dato general: los recursos asignados. Hasta los legisladores más interesados en el tema no tenían información precisa al respecto.

Durante dos días, además, se solicitó algún tipo de apreciación al Ministerio de Seguridad sobre estos gastos. Nadie habla todavía.

Años atrás, en 2012, el ministro justicialista Aranda dio algunas explicaciones. Habló de pagos sin montos fijos, incluso por medio de cenas y otros servicios para los dateros. Se aseguró en ese tiempo que los soplones cobraban sólo cuando se verificaba que el dato fuera cierto.

Más lejos en tiempo, al parecer, había un protocolo para el uso de esos recursos. Eso dice el radical Roberto Grillo, quien fue el primer ministro de Seguridad de la larga lista de ministros que tuvo Julio Cobos cuando fue gobernador.

En 2004, según Grillo, los fondos reservados ascendieron a 300 mil pesos. Por entonces, el ex funcionario dictó una resolución ministerial en la que asignaba ese dinero a recompensas, asistencia a las víctimas e inteligencia.

Los dos primeros rubros sólo podían ser utilizados "por orden judicial". Quedaban como saldo 50 mil pesos para inteligencia que se entregaban "contra recibo de cada responsable que lo solicitaba".

"Guardo cada uno de los recibos y toda la documentación sobre la rendición pertinente", afirmó Grillo, a pesar de que hoy nadie parece tener interés en reclamar esos papeles.