Un “plan canje” para activar el PASIP
Pese a que han pasado 17 años desde la creación del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), al día de hoy sobran los dedos de una mano para contar las empresas que se han radicado en el predio de 90 hectáreas ubicado sobre la Ruta 7. Hasta el momento, del ambicioso proyecto sólo hay un video proyectado en 2013 pero en San Martín, e incluso en el gobierno provincial, son optimistas respecto al futuro del predio y apuestan reactivarlo a través de un “plan canje” que sirva para urbanizar los terrenos.
¿En qué consiste? En entregar terrenos a empresas de construcción (Green S.A) a cambio de tareas de asfalto en el predio y en hacer cumplir a EDESTE S.A el acuerdo que firmó con EMESA, que instalará un parque fotovoltaico en las instalaciones del PASIP. Por su participación en este proyecto, la compañía eléctrica tenía que instalar la red de energía.
De esta manera, pretenden dejar de lado los anuncios rimbombantes y las promesas vacías de contenido, para empezar a transformar la fisonomía desoladora que hoy presenta el complejo. Así lo exigen las empresas que ya apostaron por el proyecto, a las cuales se les vendió una idea que aún está muy lejos de concretarse. “Para que esto salga bien tenemos que volver a generar confianza y la única manera de hacerlo es mostrarse atractivo a los inversionistas”, confesó el responsable del Fondo para la Transformación, Sergio Moralejo.
El ex senador radical tiene el control sobre el dinero que existe en el fondo fiduciario conformado por los accionistas del PASIP y se mostró confiado en que, con empuje, se logrará revertir la imagen que hoy genera este parque industrial.
Una de las primeras señales de interés demostradas por la gestión de Alfredo Cornejo fue el veto a una de las tantas leyes relacionadas con la génesis del parque. A través del decreto 27 firmado el 7 de enero, dispuso reordenar la normativa vigente, la cual sigue padeciendo irregularidades técnicas.
“El PASIP nació torcido, ya que establecía que el financiamiento privado se llevaría a cabo con el dinero que generara la venta de terrenos. Pero es incorrecto plantear que los trabajos van a concluir al mismo tiempo que se vendan los lotes”, explicó Moralejo. Tanto es así, que hasta el momento se han entregado sólo el 30% del espacio, por lo que falta dinero para llevar adelante las obras privadas.
De esta manera, en este tiempo se ha avanzado a paso de hormiga, concretando obras aisladas desarrolladas por el Estado provincial y los pocos privados que ya se instalaron en el lugar. Por ejemplo, el gobierno construyó una escuela, y parte de las obras hídricas y de saneamiento. Sin embargo, es necesario terminar la urbanización para que las empresas puedan operar.
Lo curioso, es que en el transcurso de todos estos años ya han pasado cinco administraciones diferentes, sin que ninguna logre darle un envión definitivo a esta idea que nació en un contexto económico social muy diferente al actual.
“En los últimos años Francisco Pérez logró avances con la obra pública del predio, pero no logró agilizar los procesos burocráticos y eso hizo que muchas PYMES interesadas dejaran pasar la oportunidad de invertir”, explicó el senador Mario Lingua. Oriundo de San Martín, durante años fue presidente de la Cámara de Comercio de ese departamento, uno de los inversores del PASIP. Incluso, estuvo al frente de la entidad encargada de la promoción y venta de terrenos, IPSA.

El complejo entramado entre actores privados y estatales fue uno de los principales inconvenientes a la hora de poner en movimiento el proyecto PASIP. Desde su génesis, el proyecto de ley sancionado durante el final del gobierno de Arturo Lafalla, adolecía de problemas técnicos que trajeron aparejados un sinfín de trámites burocráticos que las empresas no estaban dispuestas a encarar. “Surgió con una ley que tuvo muchas modificaciones por su asociación público privada, que la hacían de difícil aplicación”, manifestó Lingua, quien fue reemplazado en IPSA por el secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Martín, Walter Carini.

Cinco mandatarios han pasado desde la creación por ley del PASIP, pero en el transcurso se fueron suscitando un sin número de contratiempos que demoraron las obras. Tanto es así, que hoy las imágenes satelitales arrojan una postal desoladora, con un total de 400 hectáreas baldías en las que tres empresas aparecen en puntos aislados. En 17 años, durante las gestiones de Arturo Lafalla, Roberto Iglesias, Julio Cobos, Celso Jaque y Francisco Pérez, no sólo no se logró terminar la primera etapa del proyecto, sino que ni siquiera se pudo terminar de dar forma a esta idea ambiciosa que nació en la década del 90 y que planteaba, incluso, el ingreso de líneas ferroviarias al predio para la distribución de los productos que allí se procesaran.
“Es una expresión de los últimos 20 años de vida económica de Argentina. ha ido y venido con ella”, lamentó Lingua, hoy distanciado de la gestión del proyecto.
A lo largo de este tiempo todo este tiempo, a las trabas burocráticas se sumaron conflictos legales en la expropiación de los terrenos, usurpación de lotes, y grandes empresas que se arrepentían de invertir por fata de certidumbre.

