Sorpresa en la batalla por el "salariazo" de Vialidad

“El convenio fue aprobado por la Subsecretaría de Trabajo, la Dirección Provincial de Vialidad y los trabajadores. El gobernador tiene 30 días para rechazarlo u homologarlo y pasados 30 días queda homologado y vigente, aunque no vaya a la Legislatura. No están las paritarias a expensas de la Legislatura”, expresó Díaz, desafiante.

Las afirmaciones del justicialista sorprendieron al jefe del bloque de diputados de la UCR, Néstor Parés. “Sí hace falta la homologación, porque este convenio modifica leyes y aumenta personal, lo cual, según la Constitución provincial, es una atribución de la Legislatura”, expresó Parés.

El radical precisó que el viejo convenio de los trabajadores viales, que es de origen nacional, estuvo incluido en una ley (5563). “Para modificar una ley hace falta otra”, contrastó.

Estos cruces entre el peronismo y la UCR cerraron una semana de fuerte discusión en la Legislatura, con protestas de empleados en la calle, por el convenio de Vialidad, que a ojos de los radicales crea las condiciones ideales para que en este organismo se apliquen aumentos salariales superiores al 300 por ciento.

Peor aún, la UCR, que busca allanar el terreno para que Alfredo Cornejo no tenga que enfrentar batallas salariales desmesuradas en un escenario financiero muy complejo, considera que el convenio de los viales podría generar reclamos similares de otros gremios en el futuro inmediato.

Ocurre que el convenio en discusión ata el salario básico de un empleado vial al salario mínimo vital y móvil. Hoy la diferencia entre ambos es monstruosa: el básico de la primera categoría en Vialidad es de 1045 pesos, mientras que el mínimo vital y móvil llegará en enero a 6060 pesos.

Los sueldos en Vialidad crecen bastante por sobre ese básico gracias a los adicionales que se han ido incorporando en el tiempo. Pero si el convenio nuevo entrara en vigencia, se podrían multiplicar los gastos en sueldos: el costo salarial del organismo treparía de 388 millones de pesos anuales, a 1632 millones, según las cuentas que sacó un diputado radical, Jorge López.

Hasta ahora, gana la UCR

El curioso “cierre del debate” de un legislador peronista llegó al final de una semana en la que ese legislador intentó ganar en la Legislatura, pero fue derrotado.

En efecto, desde el oficialismo se buscó aprobar el convenio en Diputados, pero la UCR se opuso y lo condenó a seguir transitando las comisiones de la Cámara Baja.

Es más, el radicalismo aseguró que "no va a salir" la aprobación si no se realizan modificaciones. Esos cambios tienen que ver con una redacción que deje claro que la Provincia no va a tener que cumplir con la orden de asimilar el sueldo básico de los empleados viales (son más de 1.100 actualmente) al salario mínimo vital y móvil.

Esa cláusula existe en el convenio de 1989 que ahora se intenta remplazar, pero no se replicó en el nuevo. Se trata del artículo 16, que sostiene que “las partes acuerdan suspender, hasta que la situación económica-financiera de las Vialidades provinciales así lo permita, analizar y resolver el valor del índice 1acorde con el artículo 116 de la ley 20744”.

Díaz reconoció que este párrafo fue eliminado del nuevo convenio porque no está dispuesto a “negociar a la baja”, pero recalcó que Vialidad nunca reclamó el salario mínimo vital y móvil en las negociaciones salariales, a pesar de que el convenio lo habilitaba para hacerlo.

El administrador de Vialidad, Enrique Soler, declaró en el mismo sentido: “El sueldo de los trabajadores no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil, pero en todo concepto. Es irracional pensar que se reclamarán aumentos del 300 por ciento”.

Los líderes de Vialidad juraron que hicieron un “copie y pegue” del viejo convenio con el único objetivo de crear uno provincial que les permita separarse de la Federación Argentina de Trabajadores Viales (FAT Vial) y evitar desembolsos del orden de los 4 millones de pesos anuales para ese organismo.

Esta guerra con FAT Vial motivó la elaboración de un acta que surgió en agosto del año pasado y que fue homologada por un decreto del gobernador (2342) en diciembre de 2014. Aunque en la movida hay algo más que el intento de ahorrarle aportes a los empleados y tener independencia sindical.

Pases a planta

La pelea del convenio de Vialidad roza otra medida, ya que podría afectar una tanda más de pases a planta del Estado provincial, en esta oportunidad para el organismo vial. 

Se trata de 106 casos en total, lista que incluye funcionarios y personal de otras reparticiones, tal como hace tiempo informó este diario.

Aquellos pases a planta forman parte de una resolución firmada en marzo que está sujeta al nuevo convenio de trabajo. Según los radicales, como el convenio nuevo no va a salir, esos nombramientos quedarían en la nada. 

Aunque otra vez, desde la vereda de enfrente, la versión es distinta. “Los pases a planta están en proceso y forman parte del paquete de este año”, desafió el diputado Díaz, para quien el único que tiene autoridad para decidir en el tema de los ingresos es el gobernador de la provincia.

La gran pregunta es por qué el legislador y sindicalista sigue en la pelea por aprobar el convenio en la Legislatura, batalla que incluirá la semana próxima una visita del administrador Soler a las comisiones de Diputados.

“Es una batalla política que queremos dar”, sintetizó como respuesta. Esa pelea terminará para Díaz en las bancas en noviembre, dado que finaliza su mandato como legislador, pero seguirá con fuerza en el frente gremial hasta 2019, dado que hasta entonces será el jefe del Sitravi.