Para el nuevo gobierno, "todo podría ser diez veces peor"

 La novela de las cifras de las finanzas provinciales marean a los expertos. Imaginemos lo que le puede estar sucediendo a una ciudadanía que asiste a un debate sobre números: no le queda más que asumir lo que se dice como "una cuestión de fe", en favor de unas voces o de otras. O peor: con desconfianza hacia toda la política y hacia el Estado, por la dificultad de identificar un mecanismo de transparencia creíble, por ejemplo, un panel online que permita qué plata hay cuál no en qué áreas.

De hecho, tampoco eso lo puede saber el futuro gobernador ni sus interlocutores con los ministros del actual mandatario provincial, que quieren patear "para noviembre" las reuniones de puesta en común sobre los problemas locales que se han ido agravando gradualmente año por año en los últimos 7. Al sentarse a hablar un mes antes de asumir la gobernación, poco será lo que se pueda influir en la toma de decisiones correctas en estos meses que quedan para enderezar la situación.

El nuevo gobierno piensa que "todo podría estar diez veces peor" de lo que se dice que está: es decir, en lugar de tener una deuda reconocida de 750 millones, que ascienda por encima de los 7.000.

Pero también es cierto que, si hablamos en potencial, "todo podría ser mejor que eso", si el gobierno actual se muestra y mueve interesado en saldar la crisis antes de irse y dejar las cuentas más o menos en orden. 

Para ello, debería comenzar a reducir los gastos fijos asumidos para achicar los compromisos que le dejará al que viene. Y una muestra de ello lo representa la cancelación de algunos compromisos con proveedores o la reducción a la mínima expresión lo que, poco o algo, incidirá en el monto final.

Mientras el gobierno asegura que la deuda s de 750 millones, ese monto representa solo lo que le debe a los proveedores. A ello hay que sumarle -de acuerdo a las cifras que maneja la oposición- unos 550 millones de retenciones realizadas a los trabajadores, principalmente de la Osep; unos 150 millones que se les adeuda a los municipios y otros 100 millones que corresponde al subsidio a la educación pública de gestión privada, no efectivizados. Suman a la fecha -siempre según la oposición, el nuevo gobierno- "unos 1.560 millones de pesos".

Esto sucede en una provincia que tiene ingresos por 2.800 millones mensuales y gasta 3.300, con lo que quedan otros 500 millones en rojo.

Antes de fin de año, la Provincia deberá pagar unos 225/300 millones por el vencimiento de Letras.

Hasta aquí no son ya ni 750, ni 1.560 millones, sino unos 4 mil millones de pesos en deudas.

Si los cálculos resultaran lamentablemente atinados, a este paquete hay que endosarle los 2.100 millones de descubierto que la Provincia tendrá que cubrir al Banco Nación antes de fin de año, debido a que no pudo cubrir con recursos propios el pago de los salarios a los trabajadores estatales. Este hecho sumó rispideces políticas que solo pudieron ser saldadas en ese ámbito, el político, gracias a la intervención de la diputada Fernández Sagasti; pero no en lo financiero.

El gobierno rellenó con plata allí en donde faltó inteligencia para la gestión: sumó deudas en lugar de ahorrar en gastos superfluos y negociar mejor las paritarias, cedió a las presiones y, primero, tuvo que recurrir a aumentar los impuestos y luego, cuando ya ni eso les alcanzó (o no fueron aprovechados convenientemente los nuevos recursos) apeló a pedir dinero prestado. Préstamos para pagar préstamos. Una falsa sensación de que "no estamos tan mal mientras podamos pagar los sueldos" que perfectamente podría reemplazarse con la mirada opuesta: "Estamos muy mal por no saber gestionar".

Hay más: los fondos que ingresaron a entes autárquicos o descentralizados con fines específicos, destinados a obras fundamentalmente, fueron atrapados por el Fondo Unificado al estar sus cuentas destinadas al pago de salarios en rojo. Esa plata (unos 2.400 millones según la mirada opositora) están "dando vueltas" y representarían otro "rojo" de la actual gestión. No contar con la disponibilidad de esas partidas en lo que impide pagar, inclusive, cuentas chicas a proveedores de áreas clave, como Seguridad y Salud.

Como están las cosas, solo a cinco proveedores, Salud les debería 125 millones de pesos, sin contr todavía con un panorama claro de lo que ocurre con los difícilmente auscultables organismos descentralizados o autárquicos, como Juegos y Casino, la ya famosa Osep (cuyas prestaciones se han caído al máximo posible) y los hospitales, que también registran una acumulación propia de deudas, centralmente con quienes les suministran medicamentos, descartables y comida, entre otras cosas fundamentales para su funcionamiento.

Todo esto pasa en Mendoza. Sumado a que no sabemos cuánto incidirá en la deuda que herede el nuevo gobierno los reacomodamientos de clase y la entrada masiva de nuevos empleados públicos, en un jubileo inentendible, atento a que se está apurando la entrada de gente al Estado sin que haya con qué pagarles a los que ya están desde antes.

El tiempo terminará de clarificar quién tiene razón. Si "la situación no es tan caótica", como dice el Gobierno con argumentos más políticos que técnicos, tratando de darle un marco de legalidad al desaguisado administrativo o si una oposición a pocos pasos de ser oficialismo, espantados por lo que creen, "podría ser diez veces peor" de lo que se admite.

Todo podría ser mejor, sin dudas, si se concretara la voluntad de avanzar sin mezquindades en conjunto en la solución de los problemas de Mendoza. Aquí hemos hablado de una sola de las tantas crisis: la de las finanzas provinciales. Resta reconocer el resto: la de seguridad, de la salud, la educativa, la económica que condiciona a muchas de las otras.

Volvé a escucharlo abajo, y mañana vuelve a las 11 en "Cambio de aire":