Educación: forzarlos a que se pongan las pilas

La pauperización de la educación pública es tan evidente que ya no la disimulan ni las estadísticas. Hasta ahora las críticas podían centrarse en lo cualitativo, pero eso es siempre opinable. Pero las estadísticas del Ministerio de Educación de la Nación de esta semana ya no dejan dudas: también en lo cuantitativo se nota que, los que pueden, no envían a sus hijos a las escuelas estatales. Es una tragedia que viene envuelta en una paradoja: que cuando más se invierte en educación y más se habla del rol del Estado, lo que estamos logrando es fortalecer a la educación privada.

El Anuario Estadístico de 2013 del Ministerio de Educación de la Nación dice que entre 2003 y 2013 (una década “K” a full) la matrícula en primer grado en las escuelas públicas a nivel nacional cayó un 19% (en Mendoza fue menos peor: 10%). Y cuando se toman los tres niveles educativos (inicial, primario y secundario), 83 de cada 100 nuevos estudiantes se incorporan a una escuela privada en vez de a una estatal. Como dato adicional, es la primera vez en la historia de la República Argentina que disminuye la matrícula de alumnos estatales.

El informe tiene montones de cifras, pero alcanza con las anteriores. Porque ratifica algo que todos sabemos desde hace por lo menos tres décadas (los Kirchner no son los únicos responsables, está claro): que la escuela pública ya no es una garantía de ascenso social como en la época de nuestros abuelos y nuestros padres. Y que la forma de asegurar (los que pueden) un buen futuro para sus hijos es buscarles escuelas privadas que compensen los agujeros de aquella escuela pública que fue un orgullo y un faro de la nación argentina.

El punto central de esta tragedia tal vez esté dado por algo muy simple: que los responsables de esta catástrofe saben que, llegado el caso, pueden asegurar el futuro de sus hijos mandándolos a una escuela privada. Y por eso pueden lamentarse en privado de cómo decae la educación estatal mientras no hacen nada efectivo para revertir esa enfermedad mortal que se va desarrollando ante los ojos de todos.

Yo creo que, como ciudadanos, deberíamos forzar a la clase política a que se ponga las pilas en serio para enderezar ese barco. Y se me ocurre que una solución puede ser muy sencilla: que un decreto de necesidad y urgencia, de los muchísimos que se dictan para tantas cosas, obligue a todos los funcionarios públicos del país, de todos los poderes y de todos los niveles, a que envíen a sus hijos y nietos a escuelas públicas. Así de simple.

Estimo que sería difícil desde lo legal, porque la libertad de los ciudadanos, los derechos adquiridos, etc., etc., quizás lo harían imposible. Pero sería bueno saber con qué argumentos los funcionarios criticarían ese decreto. Porque se me ocurre que, si eso sucediera, muy rápidamente reaparecería la autoridad en las aulas, habría más días de clases, se les exigiría más a los maestros y los exámenes serían más exigentes. Sería buenísimo ver cómo reaccionan los responsables con esa obligación de por medio.