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Atacan al FIT por su caja partidaria

El PJ salió a cuestionar el destino de los fondos que legisladores, concejales y empleados resignan para cumplir con la premisa de cobrar igual que un docente. Desde la izquierda reconocieron que parte del salario se usa para sostener locales partidarios, pero rechazaron la propuesta de donarlo al Estado. "No queremos que paguen ñoquis y dietas", expresó el diputado Fresina.

La caja de la izquierda mendocina abrió un debate nuevo, al cabo de una semana que estuvo marcada por la denuncia que precisamente hicieron los legisladores del FIT contra sus colegas de la política.

Los senadores y diputados de esta agrupación salieron a difundir lo que parecía ser un dietazo de los legisladores. El escrache dejó a la vista una silenciosa medida que tomó el Poder Ejecutivo y a la que adhirió con el mismo mutismo la Legislatura: el descongelamiento de los salarios del gobernador, los funcionarios y los legisladores, que estuvieron paralizados por decreto a lo largo de 2014 y no acompañaron los incrementos de la paritaria estatal.

El descongelamiento salarial produjo un aumento automático, del 30,5 por ciento promedio, en los sueldos de enero. El incremento condenó al Gobierno y la Legislatura ante la opinión pública, que se quedó sin reacción durante un par de días. Sin embargo, cerca del fin de semana, surgió en el oficialismo el argumento para producir una represalia.

El peronismo decidió salir al cruce de las denuncias del FIT con la afirmación de que el frente que consiguió muchos cargos gracias a su sorprendente desempeño en las elecciones de 2013 dispone de una "caja negra" generada por el dinero que los legisladores, ediles y empleados resignan mes a mes para cumplir con la premisa de cobrar igual que una maestra.


"Actúan con demagogia porque dicen que cobran como un docente pero no lo hacen ¿A quién donan la plata? Es una caja negra. Altamira y Del Caño son los dueños de la plata de los legisladores y eso me llama la atención", disparó el presidente de la Cámara de Diputados.

Similar argumento utilizó el subsecretario legal y técnico de la Gobernación, Gustavo Tobares, único funcionario del Poder Ejecutivo que se animó a salir al cruce de sus detractores del FIT.

Tobares atacó a la senadora Noelia Barbeito, con quien se cruzó en un debate televisivo por el aumentazo. "Si quiere cobrar como una docente, le hago ya un escrito de media carilla que vaya dirigido a la secretaria habilitada del Senado, Sandra Castro, donde solicita que a partir del 1 de marzo se le deposite 8.500 pesos y renuncia expresamente a todo el resto. Ese dinero queda para el Estado, para toda la ciudadanía, no este cuenterío de que reciben los 41 mil pesos y ellos dicen que después lo reparten", expresó Tobares.


"¿Quién anda preguntando en qué se gasta uno el sueldo? Yo soy una persona que también ayuda mucho en barrios difíciles y nunca se me hubiera ocurrido decir que me he bajado el sueldo porque una parte la estoy aportando a la gente que lo necesita. Esto es un engaña pichanga", agregó el funcionario.

"Que no lo maneje Tanús"

Efectivamente, los montos con los que los representantes del FIT en la Legislatura (3 diputados y 1 senador) y los concejos deliberantes (7 concejales en total) se quedan cada mes es mucho menor al que efectivamente cobran.

Los concejales y legisladores, así como los empleados que cada uno de ellos tiene, se llevan entre 5.300 y 17.000 pesos, según el nivel de ocupación y los trabajos que tenían antes, cuando en realidad los sueldos más altos se acercan a los 35.000 pesos.

Esto responde a la promesa de campaña del FIT, que había anticipado su intención de asimilar los salarios de la política a los de los trabajadores. El punto es adónde va a parar la plata que resignan sus representantes: mucho más del 50 por ciento de los salarios, en la mayoría de los casos, son administrados a su criterio por los organismos colegiados de los partidos que componen el FIT (Partido Socialista de los Trabajadores y Partido Obrero).


Respecto del destino que les dan a los fondos, el diputado Héctor Fresina explicó que "esa plata es del partido y el partido decide" cómo la emplea. La utilización en general responde a "la construcción del partido y las luchas de los trabajadores", agregó el legislador.

En tanto, según el prosecretario de bloque del PO en Diputados, Viktor Da Vila, los "fondos extras" que van al partido representan al año unos 2,2 millones de pesos. Una cifra similar reúne el PTS. El dinero (cercano a los 5 millones de pesos en total) "se destina al apoyo de las causas populares y al desarrollo de las organizaciones obreras, entre ellas los mismos partidos", agregó Da Vila.

Por su parte, Fresina reconoció que el dinero aportado por los legisladores y concejales del FIT  se usa en parte para sostener locales partidarios y editar folletos. También dijo que utilizan la plata para pelear la legalidad en provincias donde el FIT no la tiene y para alimentar fondos de huelga de los trabajadores.

En ningún caso es una opción para el FIT el renunciamiento del dinero a favor del Estado provincial, como proponen abiertamente desde el PJ. "Técnicamente es imposible renunciar al sueldo", rebatió Fresina.

Pero aún si eso fuese practicable, la izquierda no lo haría. "No queremos fortalecer un Estado en descomposición porque la plata no va a ir a los hospitales. La quieren para pagar sus ñoquis y sus dietas. No vamos a donar el dinero para que lo maneje Tanús. Tenemos un fin noble que es terminar con la podredumbre de un Estado corrupto", argumentó Fresina.

En guerra

Los chispazos de esta semana entre el oficialismo y el FIT por los sueldos podrían seguir. La agrupación de izquierda sabe que se acreditó el enojo popular por el aumentazo y está profundizando el embate que busca hacer blanco, en pleno inicio de la pelea electoral, en todos los partidos tradicionales.

Para los diputados de la izquierda, el aumentazo se veía venir desde diciembre, cuando se debatía el Presupuesto provincial 2015. "Nosotros pedimos explicaciones en ese momento por el aumento del presupuesto de la Legislatura de 314 millones a 560 millones de pesos. Fue una suba del 75 por ciento, la más alta de todas. Ahí estaba el impuestazo y todos los partidos estaban de acuerdo", relató Fresina.

El seguimiento que hacen de estas cuestiones es muy fino. Ahora en el FIT están atentos a la situación de Guaymallén, primer departamento donde el Concejo Deliberante se habría hecho eco del aumentazo del Gobierno y la Legislatura.


Hay que recordar que el año pasado el concejal del PO Federico Telera acusó a sus pares de subirse el sueldo a 40 mil pesos (más de lo que cobraba entonces el gobernador) y después salió a criticar un fuerte incremento presupuestario para 2015, en especial en la masa salarial, donde el "retoque" fue del 300 por ciento.

Desde el FIT se indicó, además, que es probable que haya una presentación judicial debido a que la Legislatura lleva meses sin responder un pedido de informes sobre nombramientos y contratos. En este rubro, el FIT no hizo abuso: "No hemos nombrado trabajadores en 3 puestos de Legislatura, 2 del Concejo Deliberante de Luján y 1 de San Martín", explicaron en un comunicado.

Frente a esta escalada apareció la reacción oficial. Pero mientras la izquierda considera "secundarios" los planteos contra la caja que maneja el FIT, en el oficialismo la mirada es diferente.

Tanús denunció que un asesor del bloque de diputados del PO cobra 46 mil pesos. Fresina salió al cruce al sostener que el salario del prosecretario del bloque del PO, Da Vila, es el de un trabajador común, ya que lo abarca la obligación general de donar la mayoría del salario al partido.

En el medio, la discusión tuvo un pequeño rebote institucional. Bajo asedio de la opinión pública por el aumentazo, el Senado provincial le dio el martes pasado preferencia con despacho al conocido proyecto de la izquierda para que los funcionarios y legisladores cobren como un docente.

Fue un pequeño paso hacia adelante del FIT, que al menos se aseguró la discusión en comisiones de una iniciativa que estaba cajoneada desde mayo.

La izquierda dice que en caso de que saliera esta ley, sí estaría de acuerdo en resignar la importante porción del sueldo que hoy destina al partido para que la use el Estado, pues el proyecto asegura una finalidad ajena a los salarios de la propia clase política.