Miriam Gallardo está condicionada por la interna del PJ
La votación del pliego de la candidata oficialista a la Corte provincial, Miriam Gallardo, ha quedado sujeta a la interna del PJ.
El gobernador Francisco Pérez y su vice, Carlos Ciurca, junto a algunos intendentes, analizaron este tema en la noche del lunes. Hasta ahora la mejor opción para ellos sería que se vote en el Senado después del cierre de listas del PJ para las próximas elecciones, que opera a fines de este mes. En función de esto, el envío del pliego a la Legislatura podría demorar algunos días más.
Los temores de acelerar el proceso tienen que ver con la posibilidad de que algún legislador del oficialismo le ponga un "precio alto" a su bolilla blanca para Gallardo y condicione el armado de las listas de candidatos, que de por sí es muy complejo y está plagado de interrogantes.
La maniobra de dilatar la votación para después del 28 de febrero tiene, de todos modos, sus riesgos para el gobernador también. Es que el cierre de listas de candidatos del oficialismo podría dejar senadores "heridos" en el PJ y eso podría generar complicaciones en el plan de allanar la llegada de la concejal justicialista de Maipú al alto tribunal mendocino.
En ese caso, los operadores de Gallardo deberán salir a buscar votos en otros partidos, vaya a saber a cambio de qué. Se trata en definitiva, por cláusula constitucional, de una votación secreta del Senado que siempre deja flotando este tipo de especulaciones.
Las dudas surgen de que la dirigente del sector azul del PJ podría necesitar los votos de todos los miembros del bloque de senadores del peronismo, el de aliados y eventualmente el del propio vicegobernador, para conseguir la mitad más uno del Senado y asegurar que pase el filtro legislativo.
La oposición inicialmente ha protestado la designación de Gallardo para la Corte por ser una dirigente con clara militancia política y es poco probable que la respalde. Sin embargo, el peronismo ya está dando la batalla: Ciurca salió esta semana al cruce de las críticas de la UCR y defendió la decisión de Pérez, bajo el concepto de que estos cargos siempre son políticos.
Las demoras en el envío del pliego de la mujer que remplazaría a Carlos Böhm en la Corte impactarían en el momento de su votación, que se realizaría recién en marzo, si todo se sigue estirando. En este sentido, el plazo máximo para el tratamiento es de 30 días e incluye para la candidata el desafío de enfrentar antes una audiencia pública.
Mientras Paco Pérez evalúa cuándo le conviene que se vote el pliego de Gallardo, estudia otra decisión: es probable que el gobernador también defina el candidato a cubrir el puesto de fiscal de Estado, que ha sido cubierto por el subrrogante Javier Fernández pero que en definitiva está vacante desde la expulsión de Joaquín de Rosas.
La lógica de esta designación en el órgano de control podría ser, al igual que en el caso de la Corte, política, y marcada por su interés de bendecir a algún otro sector del PJ.