Aerolíneas: citan a procuradora del tesoro por mala administración

El juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria a la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por no adoptar las acciones correspondientes contra el grupo Marsans sobre la presunta administración fraudulenta de Aerolíneas. Así lo dispuso el titular del juzgado federal 9, quien convocó a la funcionaria para el 26 de marzo próximo. 

A Abbona se la acusa de no haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 26.466 y las disposiciones del decreto reglamentario 2347/08, al no adoptar las acciones correspondientes contra el grupo Marsans y/o Interinvest SA sobre la presunta administración fraudulenta de las empresas Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA, así como de sus empresas controladas Optar SA, Jet Paq SA y Aerohandling SA desde octubre de 2001 hasta julio de 2008. 

La citación es en el marco de una investigación que también pesa sobre el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, por no presentar a la Inspección General de Justicia (IGJ) los estados contables de la empresa, y la posible comisión del delito de administración fraudulenta de fondos desde 2009 a la actualidad. Esta causa se inició por una denuncia del senador radical Gerardo Morales, quien denunció que Recalde, Abbona y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, supuestamente no cumplieron con la ley de transporte aerocomercial que los obliga a denunciar los delitos cometidos en perjuicio del Estado, como se sospecha en el caso. 

Semanas atrás, el juez Rodríguez le solicitó a distintos organismos públicos, entre ellos a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un informe contable de la empresa. Según señaló el denunciante Morales, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA hizo un informe a pedido del Ministerio de Planificación que daba cuenta de que el Estado le pagó a Marsans, empresa que controló Aerolíneas Argentinas, 832.897.800 de dólares por la expropiación, y que le perdonó una deuda impositiva de 319 millones de pesos, y así el Estado asumió unos 500 millones de pesos de pasivo.