Piden que la Corte frene el "encarcelamiento indiscriminado" de personas

Un grupo de abogados presentó un pedido de hábeas corpus colectivo a favor de los presos de las cárceles mendocinas y pidió a la Suprema Corte de Justicia que frene el "encarcelamiento indiscriminado" de personas que deriva en "hacinamiento y superpoblación" en los penales mendocinos.

El planteo fue realizado por el Procurador de las personas privadas de la libertad de Mendoza, Fabricio Imparado; la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura; la Asociación Civil Xumek y Diego Lavado, abogado de los derechos humanos y ex funcionario de esa área.

La presentación busca específicamente que los operadores judiciales "utilicen la privación de libertad como última opción en instancias de investigación de los posibles delitos, y no como regla ante cualquier caso, como viene sucediendo hasta el momento".

Según la denuncia, por la utilización actual de la prisión preventiva, "hay numerosas vulneraciones de las garantías del debido proceso en cabeza de los órganos juridiccionales de la provincia, lo que agrava de una manera absolutamente ilegítima las condiciones de detención".

"En la labor de monitoreo se ha llegado a comprobar hasta diez personas alojadas en celdas de 2,5 metros por 3.5 metros, durmiendo siete de ellas en el suelo, por lo que los niveles de hacinamiento, sobrepoblación y consecuente violencia intra carcelaria han llegado a niveles críticos e insostenibles", sostuvieron los denunciantes en un comunicado.

Lavado afirmó al respecto que "el principal responsable de esta situación es el Poder Judicial" y cuestionó tanto al procurador de la Corte Rodolfo González (jefe de los fiscales) como a los jueces de garantías, a quienes acusó de "no actuar como dique de contención de los fiscales".

El abogado de los derechos humanos también dijo que 7 de cada 10 presos de las cárceles mendocinas se encuentran en esa situación gracias a la prisión preventiva, en el marco de un cuadro que Mendoza no logra corregir: el 45 por ciento de las personas privadas de la libertad están en condición de procesadas, es decir, sin sentencia en firme.

La interna de la Justicia provincial

La denuncia toma conceptos y datos vertidos en un informe reciente que realizó la Dirección de Derechos Humanos de la Corte sobre la situación en los penales mendocinos y que fue publicado por MDZ.

En ese trabajo se indicó que la población de las cárceles se duplicó en los últimos 15 años (de unos 2.000 a unos 4.000 presos) y se señaló que esto ha ocurrido porque los jueces de garantías avalan el 93 por ciento de los pedidos de prisión preventiva que hacen los fiscales. 

Además, muchos de esos casos terminan sin condena para los detenidos.

Lavado explicó que la Corte tiene la obligación de resolver este pedido de hábeas corpus 24 horas después de que recabe las pruebas pertinentes. Esto demoraría entre una semana y diez días.

Un dato importante es que esta acción recayó en la sala penal de la Corte, que está integrada por los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y Herman Salvini. Palermo es quien tiene a cargo la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y por lo tanto es un hecho que coincide con los argumentos de la denuncia sobre la situación carcelaria.

Además, Palermo está enfrentado con el veterano jefe de los fiscales, el procurador González, uno de los principales cuestionados en este pedido de hábeas corpus.

Hay que recordar que González viene de sortear en la Legislatura una serie de pedidos de juicio político por la actuación de los fiscales en casos de violencia de género. Por otra parte, al mismo tiempo el Procurador recibió una denuncia de "acoso laboral" por parte de un hermano de Palermo, quien actuaba como co defensor de los presos en el penal de Almafuerte.

"Una bomba de tiempo"

Más allá del camino que siga esta denuncia en la Justicia, Lavado afirmó que el objetivo de la presentación es que los tres poderes del Estado vuelvan a conformar una mesa que preste atención al problema del hacinamiento de las cárceles mendocinas.

"Hay que armar una mesa de trabajo para manejar criterios porque esto es una bomba de tiempo", expresó el abogado, quien además señaló que "el sistema penal es selectivo y discriminatorio".

El ex subsecretario de Justicia y Derechos Humanos (ocupó ese cargo en el gobierno de Celso Jaque) señaló al respecto del hacinamiento que el proyecto para construir una nueva cárcel en Cacheuta para presos federales (la quinta de Mendoza) se inició durante su gestión, hace 8 años, sin que todavía se haga realidad. "Esa cárcel era para 500 personas y durante ese tiempo la población creció mucho más; la Provincia no puede seguir este ritmo de crecimiento", expresó.

El pedido de hábeas corpus que firmó Lavado se diferencia de otras acciones anteriores porque se concentra específicamente en la utilización de la prisión preventiva, no es las condiciones de detención o las muertes en las cárceles.

Hay que recordar que, en 2004, durante el gobierno de Julio Cobos, la situación carcelaria de Mendoza generó la visita de la comisión Interamericana de Derechos Humanos y derivó en serias sanciones. Lavado de todos modos señaló que por ahora no se piensa acudir a la Corte Interamericana y se inclinó por una solución política en el ámbito local para la crisis del sistema penitenciario.