CIADI: culpan a Jaque y a Pérez por el juicio perdido
El radicalismo cuestionó a Celso Jaque y Francisco Pérez por el juicio perdido en el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones) y reclamó que la Nación “comparta la responsabilidad” a la hora de afrontar esa sentencia, que obliga a pagar más de 42 millones de dólares a la empresa francesa Saur.
Juan Carlos Jaliff, actual senador de la UCR y vicegobernador de la provincia en la gestión de Julio Cobos, dijo que la derrota judicial fue responsabilidad del penúltimo gobernador peronista, porque en 2008 no obligó a la empresa que controlaba Obras Sanitarias Mendoza a renunciar al juicio ante el CIADI antes de concederle un aumento tarifario del 19,7 por ciento.
“Jaque nunca reclamó el desistimiento del juicio que nosotros habíamos definido en la carta de entendimiento con la empresa francesa. Otro hubiera sido el camino si lo reclamaba”, aseguró el legislador opositor, quien hizo corresponsable de ello al ministro de Infraestructura de Jaque. Es decir, al actual gobernador Pérez.
El episodio al que se remontó Jaliff ocurrió en noviembre de 2007. Cobos estiró casi hasta el final de su mandato la pelea con OSM, que tenía congelada la tarifa. En ese momento se firmó la carta de entendimiento que, entre otras condiciones, establecía que Saur debía abandonar el litigio que ya había abierto ante el tribunal del Banco Mundial con sede en Nueva York.
“Lo más importante que hicimos con la carta de entendimiento era eso. Arreglábamos deuda e incumplimiento de la empresa, pero además Saur renunció en el escrito a la demanda y debía presentar en Nueva York el desistimiento. Pero Jaque nunca exigió eso”, reprochó el ex vicegobernador. E hizo hincapié en que aquella carta se firmó con acuerdo del entonces procurador del Tesoro Nacional, Osvaldo Guglielmino. La Procuración cambió de manos desde entonces, pero es el organismo que en definitiva actuó hasta el final en el juicio del CIADI.
El aumento a OSM de 19,7 por ciento se aplicó finalmente en marzo de 2008, después de muchos años de batalla legal, en los que la tarifa se mantuvo igual y lo mismo pasó con las inversiones.
Compartir gastos
Otra manifestación radical fue la del diputado nacional Enrique Vaquié, quien estuvo en el gobierno de Roberto Iglesias como ministro de Hacienda, o sea, en el momento que empezó a romperse la relación con la empresa francesa que controlaba OSM por la salida de la convertibilidad.
Para Vaquié, este es un hecho que demuestra que la Nación no puede mirar al costado y que debería compartir gastos con la Provincia en este juicio, ya que Saur acudió al CIADI, en parte, por las medidas económicas que se tomaron a nivel nacional.
“Habría que analizar si hay responsabilidad compartida porque la salida de la convertibilidad fue una medida nacional y la empresa se quejó porque no hubo actualización de tarifa en dólares”, dijo el legislador.
De todos modos, hay que decir que los antecedentes en ese sentido no son buenos para Mendoza.
En octubre de 2013, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con cuatro empresas con las cuales había perdido los juicios en el CIADI, a las cuáles les pagó con bonos y después de recibir quitas. Una de ellas era la Compañía de Aguas de Aconquija de Tucumán, que, como en Mendoza, también era comandada por una empresa francesa (grupo Vivendi).
En aquel momento, el gobernador tucumano José Alperovich quedó obligado a pagar su parte (unos 170 millones de dólares), ya que hacerse cargo del costo del juicio de Tucumán ante el CIADI era una cláusula de la renegociación de la deuda pública provincial con la Casa Rosada. Eso sí, la Nación le refinanció el fallo a 10 años.
Cambio de escenario
Las oposición se pregunta hoy dos cosas: quién pagará el juicio y si la Nación aceptará pagar la demanda.
El primer interrogante prácticamente fue respondido ayer por el ministro secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Francisco García Ibánez, quien confirmó ayer a MDZ Radio que, llegado el momento de pagar el juicio, “la Nación repetirá a Mendoza”. Es decir, le hará afrontar los 42 millones de dólares del fallo por OSM.
Sin embargo, por otro lado, aseguró que “no hay riesgo inminente de pagar” y sugirió incluso que la Nación podría no liquidar los montos del fallo.
Estas apreciaciones parecen reflejar el cambio de escenario que se produjo desde fines del año pasado a ahora. El diputado Vaquié indicó en este sentido que los arreglos con el CIADI, el Club de París y la empresa petrolera española Repsol se dieron en tiempos que el país aspiraba a recibir financiamiento internacional, posibilidad que prácticamente desapareció después del default. Hoy, es poco probable que la Nación mantenga aquella política.
En cualquier caso, el Gobierno provincial hoy se ha puesto otra vez en manos de la Casa Rosada y, por otro lado, se conforma con conseguir buenos resultados en los dos juicios iniciados contra Saur aquí, donde la Justicia no es tan hostil como en el CIADI.
Ayer, García precisó en ese sentido que la Provincia aspira a obtener unos 450 millones de pesos en concepto de deudas de Saur con la ATM, el EPRE y otros organismos del Estado provincial por el concurso de la vieja OSM. A lo que se suma la demanda penal por administración fraudulenta de la empresa de aguas en su era privada, juicio que se originó en la “contabilidad paralela” de Saur y los altos sueldos que cobraban quienes entonces la dirigían, a pesar de que la empresa prácticamente no realizaba inversiones.
García expresó que ganar estos litigios puede, tal vez, ayudar en la pelea del CIADI: “Después de obtenidos saldos favorables para la Provincia, a lo mejor esto le da un nuevo impulso a la Nación para seguir por algún otro carril y nosotros tendremos un crédito cobrable”, afirmó el funcionario.